En entrevista con la ex esposa del legislador, Fátima García Azcorra, explica que el Congreso local solapa al demandado porque no obedecen al resolutivo y lamenta que los derechos universales de su hijo – que requiere un trasplante de riñón- sean violentados.
“Este diputado ticuleño se niega y pide favores para no cumplir una obligación familiar, no es posible que en el lugar donde elaboran y modifican las leyes y absolutamente todos los que laboran ahí debieran ser los primeros en cumplirlas, no hay congruencia en los diputados”, refiere.
De acuerdo con notificaciones del Juzgado 3o. Oral en materia familiar, el diputado no aporta lo que “se comprometió” a entregar a favor del menor y sólo aporta 2 mil 500 pesos quincenales, lo cual es raquítico dadas sus condiciones de salud, por lo cual se ha emitido una orden para retener el 30 por ciento de salario como diputado.
Además del aumento de la pensión, la señora García Azcorra pide se tomen medidas contra el diputado, con quien contrajo nupcias en 1997 y se divorció en 2003, pues, incluso, declaró que fue violentada psicológica y físicamente por su exesposo.
Hizo un llamado a Celia María Rivas Rodríguez, Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Yucatán “que tanto dice comulgar con la defensa de los derechos de las niñas y niños y adolescentes” para que no sea “cómplice de su compañero diputado, haciéndose a la que no sabe del tema cuando no es así”.
