Noticias de Yucatán
(apro).- La Procuraduría General de Justicia de
esta ciudad inició una carpeta de investigación por la desaparición de Marco
Antonio Sánchez Flores, de 17 años, en la que presumiblemente se encuentran
implicados al menos cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP).
Según se desprende de la carpeta de investigación, el
estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 salió de su casa la
tarde del 23 de enero último para encontrase con su amigo Bernardo Roberto
Reyes García afuera de la terminal del Metrobús El Rosario, al norte de esta
capital.
Ya estando en el lugar, a Marco Antonio le llamó
poderosamente la atención un grafiti pintado sobre un muro. Se detuvo para
tomarle una fotografía e incluso le pidió a un chico que pasaba por el lugar
que si quería posar y éste accedió sin chistar.
En eso, dos policías pasaron por el lugar y, dirigiéndose
al muchacho que iba a posar, le advirtieron que tuviera cuidado, pues lo
querían asaltar.
Según la versión que Bernardo dio a la familia, Marco
Antonio negó las acusaciones y aclaró que sólo quería tomar una foto.
Como los uniformados insistieron en lo del robo, el joven
preparatoriano corrió hasta la estación del Metrobús e ingresó, saltando el
torniquete.
Los policías lo siguieron y pidieron apoyo a dos
compañeros más para detener al muchacho. Una vez que lo sometieron, comenzaron
a golpearlo. Bernardo trataba infructuosamente de que ya no le pegaran, pero
los policías siguieron haciéndolo.
Minutos después se lo llevaron y lo subieron a una
patrulla. Bernardo los siguió y les dijo que también lo detuvieran a él. Pero
no lo hicieron. Incluso, una mujer policía le impidió subir a la patrulla del
Sector Hormigón.
Desde entonces, no se sabe de Marco Antonio.
Con la información aportada por Bernardo, la madre de
Marco, María Trinidad Flores Rojas, recurrió a la Comisión de Derechos Humanos
de esta capital (CDHDF), cuyo personal logró saber que el policía que detuvo a
su hijo tiene la placa número 109585 y que en su declaración quedó asentado que
no remitieron a ninguna agencia del Ministerio Público a Marco Antonio, que lo
soltaron unas cuadras adelante de donde sucedieron los hechos.
En sus pesquisas, la familia de la víctima acudió a la
Coordinación Territorial de Azcapotzalco 2, donde se negaron a levantar un acta
por la detención ilegal y desaparición del menor.
La auxiliar ministerial Sara del Pilar Gómez Martínez les
dijo que el chico no había ingresado ahí y el comandante Gerardo Olvera les
comentó que Marco Antonio “estaba bien loco, que estaba mal de sus facultades
mentales, que lo habían dejado libre porque no había parte acusadora”.
María Trinidad quiso levantar un acta por la desaparición
de su hijo, pero los servidores públicos se negaron con el argumento de que
había que ajustarse al protocolo que establece que necesitan pasar 48 horas a
partir de la ausencia, además de que no había forma de comprobar la versión de
Bernardo en relación con la detención.
Hasta ahora, la Comisión de Derechos Humanos de esta
ciudad es la única instancia que ha apoyado a la familia del joven de 17 años.