Noticias de Yucatán
(apro).- El portal digital Zona Franca denunció una persecución por la vía fiscal instrumentada desde la coordinación de Comunicación Social del gobierno de estado, a raíz de que publicó información sobre una empresa “fantasma” a la que el titular de la dependencia, Enrique Avilés Rodríguez, otorgó contratos millonarios en supuesta publicidad.
La difusión inició a partir del 8 de diciembre a la fecha, lapso en el que, expuso el director del medio, Arnoldo Cuéllar, el portal ha sido objeto de ataques cibernéticos, y ha tenido conocimiento de que desde el gobierno estatal se ha pedido a anunciantes que cancelen la publicidad a Zona Franca, lo que el gobierno del panista Miguel Márquez Márquez hizo desde hace meses.
Los contratos con F.B.M. Comercializadora –que aparece en la lista del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como posible “fantasma”– se realizaron únicamente con la Organización Editorial Mexicana, por un monto superior a los 5 millones de pesos.
Pero la empresa ha presentado un sinnúmero de irregularidades en sus propios datos oficiales, como representantes legales y domicilios, y ha cambiado de giro en unas cuantas semanas.
En una nota publicada este martes, el director del portal expuso que la Secretaría de Finanzas del estado inició una auditoría a la empresa propietaria de Zona Franca, Fábrica de Contenidos, S.A. de C.V., para revisar el ejercicio fiscal de 2016.
“En enero de 2018 empezaron los actos de hostigamiento: el portal de Zona Franca fue objeto de un ataque cibernético consistente en una batería de búsquedas realizadas por software malicioso que sobrecargó la base de datos y provocó que el portal respondiera con lentitud, se cayera en algunas de las nubes donde se soporta y complicara el proceso de subir y editar información. La situación fue denunciada públicamente y puesta en conocimiento de la organización Artículo 19”, destaca la nota firmada por Arnoldo Cuéllar.
“Posteriormente fuimos enterados por mensajes dados por el propio Enrique Avilés a otros periodistas e investigadores de temas de transparencia, que las declaraciones fiscales de Zona Franca estaban sometidas a un escrutinio por parte de funcionarios del gobierno, situación que resulta absolutamente irregular, puesto que esas declaraciones no son públicas”.
Aunque el procedimiento podría parecer rutinario, el director del portal supo previamente de esa intervención por un colaborador a quien el propio Enrique Avilés comentó que conocía las declaraciones fiscales del portal.
Días después de este comentario, auditores de la Secretaría de Finanzas se presentaron en las oficinas del portal para iniciar la revisión.
En su denuncia pública el periodista expone que cuando ha tenido comunicación con el coordinador de Comunicación Social del estado para pedirle información sobre la empresa “fantasma”, éste le ha respondido con el ofrecimiento de “acordar” los contratos publicitarios del estado.
“De parte de Zona Franca no tenemos problema alguno con que se revisen las operaciones de la empresa. En el caso de encontrarse algún incumplimiento, cubriremos las medidas que disponga la autoridad. Nos preocupa, sin embargo, que atrás de esta fiscalización no se encuentre un ejercicio normal de las atribuciones del estado, sino una intención facciosa que busque intimidar y afectar el libre ejercicio del periodismo en el estado de Guanajuato”, destaca la nota.
Al final, el director de Zona Franca pide, en todo caso, que el gobierno del estado ponga “cancha pareja” a la hora de practicar auditorías, puesto que lo hace con el medio que difundió los contratos otorgados a una empresa irregular, pero no ha despejado las dudas existentes sobre F.B.M Comercializadora y sus negocios con el propio gobierno.
(apro).- El portal digital Zona Franca denunció una persecución por la vía fiscal instrumentada desde la coordinación de Comunicación Social del gobierno de estado, a raíz de que publicó información sobre una empresa “fantasma” a la que el titular de la dependencia, Enrique Avilés Rodríguez, otorgó contratos millonarios en supuesta publicidad.
La difusión inició a partir del 8 de diciembre a la fecha, lapso en el que, expuso el director del medio, Arnoldo Cuéllar, el portal ha sido objeto de ataques cibernéticos, y ha tenido conocimiento de que desde el gobierno estatal se ha pedido a anunciantes que cancelen la publicidad a Zona Franca, lo que el gobierno del panista Miguel Márquez Márquez hizo desde hace meses.
Los contratos con F.B.M. Comercializadora –que aparece en la lista del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como posible “fantasma”– se realizaron únicamente con la Organización Editorial Mexicana, por un monto superior a los 5 millones de pesos.
Pero la empresa ha presentado un sinnúmero de irregularidades en sus propios datos oficiales, como representantes legales y domicilios, y ha cambiado de giro en unas cuantas semanas.
En una nota publicada este martes, el director del portal expuso que la Secretaría de Finanzas del estado inició una auditoría a la empresa propietaria de Zona Franca, Fábrica de Contenidos, S.A. de C.V., para revisar el ejercicio fiscal de 2016.
“En enero de 2018 empezaron los actos de hostigamiento: el portal de Zona Franca fue objeto de un ataque cibernético consistente en una batería de búsquedas realizadas por software malicioso que sobrecargó la base de datos y provocó que el portal respondiera con lentitud, se cayera en algunas de las nubes donde se soporta y complicara el proceso de subir y editar información. La situación fue denunciada públicamente y puesta en conocimiento de la organización Artículo 19”, destaca la nota firmada por Arnoldo Cuéllar.
“Posteriormente fuimos enterados por mensajes dados por el propio Enrique Avilés a otros periodistas e investigadores de temas de transparencia, que las declaraciones fiscales de Zona Franca estaban sometidas a un escrutinio por parte de funcionarios del gobierno, situación que resulta absolutamente irregular, puesto que esas declaraciones no son públicas”.
Aunque el procedimiento podría parecer rutinario, el director del portal supo previamente de esa intervención por un colaborador a quien el propio Enrique Avilés comentó que conocía las declaraciones fiscales del portal.
Días después de este comentario, auditores de la Secretaría de Finanzas se presentaron en las oficinas del portal para iniciar la revisión.
En su denuncia pública el periodista expone que cuando ha tenido comunicación con el coordinador de Comunicación Social del estado para pedirle información sobre la empresa “fantasma”, éste le ha respondido con el ofrecimiento de “acordar” los contratos publicitarios del estado.
“De parte de Zona Franca no tenemos problema alguno con que se revisen las operaciones de la empresa. En el caso de encontrarse algún incumplimiento, cubriremos las medidas que disponga la autoridad. Nos preocupa, sin embargo, que atrás de esta fiscalización no se encuentre un ejercicio normal de las atribuciones del estado, sino una intención facciosa que busque intimidar y afectar el libre ejercicio del periodismo en el estado de Guanajuato”, destaca la nota.
Al final, el director de Zona Franca pide, en todo caso, que el gobierno del estado ponga “cancha pareja” a la hora de practicar auditorías, puesto que lo hace con el medio que difundió los contratos otorgados a una empresa irregular, pero no ha despejado las dudas existentes sobre F.B.M Comercializadora y sus negocios con el propio gobierno.
