Noticias de Yucatán
(apro).- Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atestiguó de nuevo las simulaciones y la “falta de voluntad política” de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de casos que involucran a altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto.
Los comisionados escucharon cómo, en los últimos ocho meses, la PGR no hizo nada en la investigación sobre el uso ilegal del malware espía Pegasus, que el gobierno federal utilizó para intervenir los celulares de periodistas, activistas, opositores políticos, e incluso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el caso Ayotzinapa en México con un mandato de la CIDH.
“La PGR parece determinada a que el caso quede en la impunidad”, insistió Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) –que acompaña a las víctimas de espionaje– durante una audiencia del 167 periodo de sesiones de la CIDH.
“Ante la falta de investigación, resulta indispensable que esta CIDH presione al gobierno mexicano a aceptar un mecanismo extraordinario con supervisión internacional, que otorgue garantías de una investigación profesional, exhaustiva e independiente”, expresó García.
En junio pasado, cuando las víctimas de espionaje interpusieron la denuncia, exigieron la instalación de un mecanismo que vigile la investigación oficial, pues desconfiaron de que la PGR se indagara a sí misma. El gobierno federal ignoró la petición.
“Existen evidencias de que fue esta dependencia la que adquirió el malware, aunado a que el presidente de México condenó al fracaso la investigación, amenazando a los denunciantes y concluyendo de manera anticipada que los señalamientos eran falsos”, subrayó el activista.
García citó una serie de incongruencias en la investigación oficial, entre ellas que la fiscalía a cargo del caso no identificó ni entrevistó a los agentes entrenados para operar Pegasus, no visitó a las instalaciones donde se instaló el programa, no solicitó el contrato ni su anexo técnico –hechos públicos en la prensa–, ni realizó práctica forense alguna en los servidores y equipos utilizados en la operación del programa.
“Parece satisfecha con la inverosímil aseveración de la Agencia de Investigación Criminal de que no existen bases de datos donde se registren los números y personas espiadas por Pegasus”, deploró García, al añadir: “La PGR increíblemente afirma que no sabe contra quién ha usado Pegasus”.
Este caso se suma a la fallida investigación de la PGR y la reticencia del gobierno federal para esclarecer la desaparición forzada que sufrieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en la noche del 26 de septiembre de 2014.
Ante la ausencia de resultados de la PGR y la presión de la sociedad civil, el gobierno federal se vio forzado en invitar al GIEI para coadyuvar en la investigación oficial.
Durante sus dos mandatos en el país, en el que sufrieron campañas de desprestigio y actitudes hostiles por parte de varios funcionarios, los expertos comprobaron que la llamada “verdad histórica” era una invención y señalaron una serie de indolencias de las autoridades para llegar al fondo del asunto.
Las fallidas investigaciones de Ayotzinapa y Pegasus tienen un personaje en común, cuyo nombre es familiar para la CIDH: se trata de Tomás Zerón de Lucio, el amigo del presidente Enrique Peña Nieto y quien fue director de la AIC y en septiembre de 2016 fue nombrado al frente del Consejo Nacional de Seguridad (CNS).
En el caso de Pegasus, la AIC reconoció que adquirió las licencias de uso del programa y que operó el malware desde sus oficinas en la Ciudad de México, y Zerón firmó los contratos y convenios de uso del programa en 2014.
En el sexenio de Peña Nieto, Zerón diseñó y operó el sistema de espionaje mexicano. Correos internos de la empresa italiana Hacking Team, que desarrolla programas espías, mostraron que Zerón era quien decidía la compra de los malware, pues pretendía equipar a las procuradurías estatales con sistemas de espionaje y operarlos desde la PGR, como lo documentó Proceso en julio de 2015.
En la investigación de Ayotzinapa, Zerón fue uno de los arquitectos de la desacreditada “verdad histórica” –que refrendó hace un año–; además, los expertos del GIEI rescataron un video que la PGR no había incluido en las carpetas de investigación, en el que se demostraba que Zerón alteró evidencias del caso.
(apro).- Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atestiguó de nuevo las simulaciones y la “falta de voluntad política” de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de casos que involucran a altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto.
Los comisionados escucharon cómo, en los últimos ocho meses, la PGR no hizo nada en la investigación sobre el uso ilegal del malware espía Pegasus, que el gobierno federal utilizó para intervenir los celulares de periodistas, activistas, opositores políticos, e incluso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el caso Ayotzinapa en México con un mandato de la CIDH.
“La PGR parece determinada a que el caso quede en la impunidad”, insistió Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) –que acompaña a las víctimas de espionaje– durante una audiencia del 167 periodo de sesiones de la CIDH.
“Ante la falta de investigación, resulta indispensable que esta CIDH presione al gobierno mexicano a aceptar un mecanismo extraordinario con supervisión internacional, que otorgue garantías de una investigación profesional, exhaustiva e independiente”, expresó García.
En junio pasado, cuando las víctimas de espionaje interpusieron la denuncia, exigieron la instalación de un mecanismo que vigile la investigación oficial, pues desconfiaron de que la PGR se indagara a sí misma. El gobierno federal ignoró la petición.
“Existen evidencias de que fue esta dependencia la que adquirió el malware, aunado a que el presidente de México condenó al fracaso la investigación, amenazando a los denunciantes y concluyendo de manera anticipada que los señalamientos eran falsos”, subrayó el activista.
García citó una serie de incongruencias en la investigación oficial, entre ellas que la fiscalía a cargo del caso no identificó ni entrevistó a los agentes entrenados para operar Pegasus, no visitó a las instalaciones donde se instaló el programa, no solicitó el contrato ni su anexo técnico –hechos públicos en la prensa–, ni realizó práctica forense alguna en los servidores y equipos utilizados en la operación del programa.
“Parece satisfecha con la inverosímil aseveración de la Agencia de Investigación Criminal de que no existen bases de datos donde se registren los números y personas espiadas por Pegasus”, deploró García, al añadir: “La PGR increíblemente afirma que no sabe contra quién ha usado Pegasus”.
Este caso se suma a la fallida investigación de la PGR y la reticencia del gobierno federal para esclarecer la desaparición forzada que sufrieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en la noche del 26 de septiembre de 2014.
Ante la ausencia de resultados de la PGR y la presión de la sociedad civil, el gobierno federal se vio forzado en invitar al GIEI para coadyuvar en la investigación oficial.
Durante sus dos mandatos en el país, en el que sufrieron campañas de desprestigio y actitudes hostiles por parte de varios funcionarios, los expertos comprobaron que la llamada “verdad histórica” era una invención y señalaron una serie de indolencias de las autoridades para llegar al fondo del asunto.
Las fallidas investigaciones de Ayotzinapa y Pegasus tienen un personaje en común, cuyo nombre es familiar para la CIDH: se trata de Tomás Zerón de Lucio, el amigo del presidente Enrique Peña Nieto y quien fue director de la AIC y en septiembre de 2016 fue nombrado al frente del Consejo Nacional de Seguridad (CNS).
En el caso de Pegasus, la AIC reconoció que adquirió las licencias de uso del programa y que operó el malware desde sus oficinas en la Ciudad de México, y Zerón firmó los contratos y convenios de uso del programa en 2014.
En el sexenio de Peña Nieto, Zerón diseñó y operó el sistema de espionaje mexicano. Correos internos de la empresa italiana Hacking Team, que desarrolla programas espías, mostraron que Zerón era quien decidía la compra de los malware, pues pretendía equipar a las procuradurías estatales con sistemas de espionaje y operarlos desde la PGR, como lo documentó Proceso en julio de 2015.
En la investigación de Ayotzinapa, Zerón fue uno de los arquitectos de la desacreditada “verdad histórica” –que refrendó hace un año–; además, los expertos del GIEI rescataron un video que la PGR no había incluido en las carpetas de investigación, en el que se demostraba que Zerón alteró evidencias del caso.
