Noticias de Yucatán
La Fiscalía mexicana dio el miércoles un nuevo y osado
paso en su intento por generar sospechas en torno a la candidatura de Ricardo Anaya, de Por
México al Frente (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano), publica El País.
La Procuraduría General de la
República (PGR) irrumpió de lleno en la campaña al publicar un vídeo filmado en
el vestíbulo de una oficina de la institución el domingo 25 de febrero. En las
imágenes, Anaya, el segundo lugar en los sondeos rumbo a las presidenciales del
1 de julio, se negó a rendir en ese momento una declaración en un caso de
supuesto lavado de dinero que lo involucra tangencialmente. El político dice
estar ahí solamente para entregar un escrito dirigido al encargado de la
Fiscalía. La divulgación del vídeo ha sido repudiada en México por la
utilización del órgano de justicia para golpear rivales. El Frente dijo en un
comunicado que la dependencia era la “oficina de guerra sucia del PRI en contra
de sus opositores”.
“Es denigrante ver a la PGR convertida en oficina de
propaganda política, tratando de rescatar la campaña en ruinas del candidato
del PRI, José Antonio Meade”, indicó la alianza de los tres partidos, que busca
remontar posiciones en los sondeos liderados por Andrés Manuel
López Obrador, el aspirante presidencial del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena).
La PGR justificó la publicación en YouTube del video de
once minutos de duración. La Fiscalía explicó en un breve texto que hizo
pública la grabación del 25 de febrero por el “interés público mostrado por los
medios de comunicación respecto a lo que aconteció”. También agregó que al
difundirlo en la red social no se vulneran los derechos ni la presunción de
inocencia.
Anaya acudió ese día a las oficinas de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para entregar
un documento dirigido al encargado de la Fiscalía, Arturo Elías Beltrán, que
ocupa temporalmente el despacho desde la
renuncia del procurador Raúl Cervantes, en octubre de 2017. El
candidato del Frente solicitó información por la investigación de la Fiscalía
por la compra de una nave industrial propiedad de su familia en su estado
natal, Querétaro. La transacción se habría hecho con recursos
triangulados en una red de lavado de dinero que involucran al
empresario Manuel Barreiro, un conocido de Anaya. “Tengo el derecho a no ser
difamado, exijo que con la misma rapidez y sin pretexto alguno informen si
después de cinco meses encontraron algún dato que pruebe alguna conducta
indebida de mi parte”, dijo Anaya el domingo en un improvisado y minúsculo
mitin.
Anaya entró a las oficinas entre aplausos de sus
simpatizantes y gritos de “¡no estás solo, no estás solo!”. Con él ingresaron
el excandidato presidencial del PAN, Diego Fernández; el presidente de su
partido, Damián Zepeda; el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; el
exsecretario de Gobernación, Santiago Creel y el presidente del PRD, Manuel
Granados.
El vídeo muestra al grupo de hombres en el recibidor del
edificio. Una funcionaria los atiende y pregunta cómo puede servirlos. Anaya solicita
que le reciban los folios del documento que lleva. La mujer explica que el
escrito está dirigido al procurador mientras que esas son, en realidad, otras
oficinas.
-“A ellos les conviene decir que no lo recibieron”, dice
a Anaya el excandidato presidencial de 1994, Diego Fernández de Ceballos.
La espera es interrumpida por un hombre que entra
corriendo por los arcos detectores de metales. Se presenta ante los políticos.
“Soy el titular de la Unidad Antilavado”, dice Mauro Fernando Rodríguez. “Si
gusta rendir declaración se la tomamos en este momento, sin problema”, dice el
funcionario a Anaya después de tenderle la mano.
-“Con que nos reciban el escrito es suficiente, se lo
agradezco”, le responde el candidato presidencial.
Fernández, un abogado litigante de larga experiencia,
toma el control del intercambio y responde al funcionario. “El escrito va
dirigido al procurador… ya después para cualquier citación habrá tiempo… Ahí
viene el domicilio, para no negarnos a cualquier cuestión que requiera la procuraduría,
para no dar a la SEIDO lo que quizá corresponde a otra procuraduría”, dice el
excandidato.
Esta es la nuez de la discusión. Horas después del
intercambio, la Procuraduría hizo pública una versión que asegura que Anaya se
negó a rendir declaración en el caso de supuesto lavado de dinero. El candidato
presidencial rechazó esta versión. La PGR pretende desmentirlo a su vez con la
publicación del video. Durante un momento de la grabación, y después de haber
sido invitado a declarar, Anaya murmura por por lo bajini “hijo de puta” sin
saber si su escrito sería recibido.
La grabación pretende sembrar más dudas del papel de
Anaya en la supuesta trama de lavado de dinero. Pero la reacción generada por
el vídeo, casi de forma unánime, fue de repudio por la manipulación política de
las instituciones. “El encargado de la Procuraduría está como un vil empleado
del Secretario de Gobernación (Interior). Le pido a [secretario de Gobernación]
Navarrete Prida que saque las manos del proceso electoral”, dijo Dante Delgado,
dirigente de Movimiento Ciudadano, uno de los pilares del Frente. El dirigente
anunció que su organización ha roto cualquier relación con su institución y con
el Gobierno.
El ministerio de Gobernación rechazó las acusaciones la
mañana del jueves y afirmó en
una conferencia de prensa que no está involucrado en el proceso
electoral. "Si alguien pretende trasladar algo que tiene que ver con
pruebas a algo que tiene que ver con votos, se generan distorsiones", dijo
Navarrete. Elías Beltrán también aprovechó la comparecencia para justificar
nuevamente el vídeo. "Se hizo un análisis jurídico de que esta
publicación, con toda la transparencia, no violenta la privacidad de las
personas que están en el video", agregó el encargado del despacho.
Algunos analistas aprovecharon este episodio para exigir
a la Fiscalía celeridad en otros casos que no han sido tratados con la misma
urgencia dedicada a la investigación que apunta Anaya. Entre ellos los desvíos
multimillonarios de recursos a través de dependencias federales y las pesquisas
contra funcionarios mexicanos que recibieron sobornos de la trama Odebrecht.
Estas últimas están listas, afirmó el exprocurador Cervantes el día de su
renuncia. Nada ha sucedido aún cuatro meses después.
