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Cuatro proveedores de bienes terapéuticos y no terapéuticos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acapararon, en los últimos tres años, más de la mitad del monto total de compras de la dependencia de gobierno, con ganancias acumuladas superiores a 65 mil millones de pesos.
Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V., Distribuidora Internacional de Medicinas y Equipo Médico S.A. de C.V., Farmacéuticos Maypo S.A. de C.V. y Comercializadora de Productos Institucionales S.A. de C.V. son, de acuerdo con el IMSS, “los proveedores que más venden bienes”.
Entre 2016 y 2018, estos cuatro gigantes corporativos concentraron, en promedio, el 52.7 por ciento del total de compras anuales de bienes del IMSS (que además de materiales terapéuticos, incluye artículos como uniformes y batas, jabones y detergentes, papelería, etcétera), o el 57.4 por ciento de las compras anuales de bienes terapéuticos (medicinas, materiales de curación, vacunas, fórmulas lácteas, narcóticos, entre otros).
La concentración de proveedores podría estar justificada por el nivel de especialización o por cuestiones de patente de los bienes distribuidos. No obstante, la opacidad en los procesos de contratación hace imposible descartar “compras amañadas”, dijeron a SinEmbargo especialistas consultados.
Debido a que por ley las farmacéuticas no le pueden vender de manera directa al Estado, “hay distribuidoras médicas que se dedican a la venta de medicamentos de alto costo o de alta especialidad –como Grupo Fármacos Especializados y Farmacéuticos Maypo, por ejemplo– y por eso el rubro se ve tan marcado para tres o cuatro empresas. Pero hay que entender que en el paquete que ellos venden, hay un montón de medicamentos [de patente] que los laboratorios le venden [en] exclusiva a determinada empresa”, explicó Luis Adrián Quiroz, coordinador general de la Organización de Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS.
Esta situación “es un reflejo de un entorno poco competitivo al que entran pocas empresas” y que no está exento de casos de colusión entre proveedores y funcionarios (como cuando son impuestas barreras o requisitos deliberados para evitar a ciertos competidores), comentó a SinEmbargo Luis Mauricio Torres, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Según los analistas, la concentración de contratos en un manojo de distribuidores es “multifactorial”. El gran problema es que nunca podemos saber qué criterios de contratación fueron utilizados para seleccionar al proveedor. Y en ese margen de sombra, yace la ocasión de malos manejos. Por ello, los especialistas urgieron la necesidad de “reestructurar todos los procesos de compra” para que limiten “las compras amañadas que se dan mucho en los insumos para la salud”.
En esta coyuntura, el virtual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo la semana pasada que para evitar desperdicio de recursos y actos de corrupción, las compras del sector salud serán realizadas de manera consolidada y bajo la observación de ciudadanos e instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según Quiroz, es elemental que la sociedad civil y organizaciones de pacientes –con conocimiento de causa– participen en todo momento de los diferentes procesos de licitación. Y sobre las compras consolidadas, refirió que en México el problema es que no siempre se negocia por volumen, lo que evita que se puedan “generar acciones mucho más directas para definir un sólo precio de compra”.
El activista destacó que en México “debería de haber una [verdadera] guerra de precios” que garantice la competencia justa, que es como el modelo de Brasil. Sin embargo, lamentó que en nuestro país no sea ejercido, de manera adecuada, el esquema de compras consolidadas ya que “muchas entidades federativas decidieron salirse porque allí estaba su caja chica para poder comprar, como se les diera la gana, por otras vías”.
Para el economista del IMCO, en cambio, las compras consolidadas –como las que el IMSS realiza desde 2006– “están diseñadas para ofrecer mejores condiciones de precio debido al volumen”, aunque implican un riesgo: “que se concentran las compras públicas en pocos contratos para pocas empresas, a costa de proveedores más pequeños que no pueden competir por el volumen que solicitan”.
Por ello destacó que, en todo caso, los procesos de contratación deben de estar “acompañados de un estudio de mercado” (para verificar proveedores potenciales y evitar restricciones injustas) y de mecanismos de transparencia en cada paso (sobre todo en casos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas).
LOS CUATRO MÁS BENEFICIADOS
Grupo Fármacos Especializados es una empresa fundada en 1978. Desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, ha venido ganando fuerza hasta convertirse en lo que hoy es: Líder del mercado nacional de distribución de medicinas y material médico en México, con un 40 ó 50 por ciento del pastel.
Sólo durante los tres primeros años del actual sexenio, el grupo se convirtió en el conglomerado que más contratos gubernamentales cerró (con 1 mil 940 licitaciones por un total de 44 mil millones de pesos, de los cuales, 1 mil 455 o 17 mil 790 millones fueron por adjudicación directa), refiere una investigación de 2016 del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés) .
Entre 2016 y 2018, la compañía fundada por el empresario José Antonio Pérez Pérez le vendió productos al IMSS por un monto neto de 28 mil 752 millones 453 mil 004.75 pesos. Esto quiere decir que cada año, en promedio, acaparó el 25.23 por ciento de las ventas de bienes terapéuticos del IMSS, según las propias cifras de la dependencia gubernamental.
En marzo de 2016, el IMSS presentó una denuncia por prácticas monopólicas en contra de cinco proveedores (Equipos Falcon, Centrum, Distribuidor Científico Pallach, Hermocer e Impromed) que se habrían puesto de acuerdo para manipular el proceso de ese año y ganar las licitaciones del sector salud, que implicaban la renovación completa de los servicios de pruebas de laboratorio y diagnóstico en todo el país (o 10.5 mil millones de pesos en juego), se lee en el artículo “Otra vez Fármacos Especializados” de Dinero Imagen.
La denuncia derivó de unas grabaciones de audio, que según el periodista Darío Celis Estrada, fueron liberados por Grupo Fármacos Especializados –en alianza con Genomma Lab– para evitar que el denominado “cártel de los cinco” se llevara el botín.
Datos del IMCO (a 2017) refieren que este grupo y la Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) son de las 10 empresas más beneficiadas con contratos gubernamentales a nivel nacional, de un total de 73 que controlan un tercio del total del gasto público de México.
Dimesa, del grupo de farmacéuticas tapatías Pisa, data de 2001. Según su sitio de Internet, atiende a nueve gobiernos estatales y tres hospitales federales, como referente empresarial de abasto integral y de administración de farmacias. Entre 2016 y 2018, la empresa de Carlos Álvarez Bermejillo obtuvo contratos con el IMSS por 18 mil 142 millones 246 mil 415.81 pesos (que representan el 16.08 por ciento de las ventas de bienes terapéuticos del IMSS durante el periodo).
Entre 2013 y 2016, Dimesa consiguió 910 contratos con diferentes dependencias gubernamentales (657 por adjudicación directa), según datos del sitio Compranet. Y a pesar de que esta compañía ha figurado en la lista de empresas incumplidas del IMSS, su poderío no ceja.
El año pasado, Mikel Arriola (IMSS), José Narro Robles (Salud) y José Reyes Baeza (ISSSTE) celebraron la compra consolidada de medicamentos. Los cuatro grandes beneficiarios del IMSS también salieron ganando en este proceso de licitación. Foto: Moisés Pablo, Agencia Cuartoscuro.
El año pasado, por ejemplo, fue señalada por incumplir contratos (a nivel nacional) por un monto de 5 millones de pesos. Cuatro años antes, en 2013, la secretaría de Transparencia y Rendición de cuentas del estado de Guanajuato le solicitó devolver 5.5 millones de pesos por haber suministrado insulina más barata de la establecida en un contrato (que consiguió por adjudicación directa junto con la empresa Intermed, por un monto de 2 mil millones de pesos).
Otra de las grandes beneficiarias del mercado es Farmacéuticos Maypo. La empresa que inició en 1993 como “un pequeño” almacén en la Ciudad de México, hoy se ostenta como una compañía dedicada a la comercialización, distribución, compra-venta, importación y promoción de medicamentos generales y de alta especialidad, así como a la operación de servicios logísticos para el sector farmacéutico y sector salud.
Hasta 2017, Maypo concentró la cuarta parte del mercado, refirió Jack Rodríguez, director general de la compañía, en una entrevista con El Economista. Para ese año, Rodríguez previó un crecimiento anual de las ventas de la empresa de entre 15 y 20 por ciento. Entre 2016 y 2018, según datos oficiales, este gigante de la distribución tuvo ganancias por 12 mil 371 millones 389 mil 128.07 pesos, sólo por participar, en promedio, del 11 por ciento de las ventas de bienes terapéuticos del IMSS.
Maypo, del empresario Jesús Vargas Arenas, estuvo involucrada el año pasado en un proceso de investigación encabezado por el Órgano Interno de Control del IMSS, derivado de contrataciones por adjudicación directa que, en 2013, generaron desfalcos millonarios por 29 millones de pesos, por la compra de 107 neuroestimuladores.
En un caso lleno de irregularidades –con simulación e incluso desvío de recursos en todo el proceso de contratación– Farmacéuticos Maypo debía entregar al menos 74 neuroestimuladores (con un valor promedio de 271 mil 028 pesos). Pero los que entregó, según la información difundida en diversos medios de comunicación, no cumplieron con la caducidad mínima de 12 meses.
En este manojo de grandes empresas que controlan la distribución del sector salud, también está la Comercializadora de Productos Institucionales (CPI). La compañía fundada en 1989 por los empresarios Gerardo Morán y Rubén Hernández, se dedica a la venta al mayoreo de medicinas de prescripción, de patente y de artículos de aseo. Según su sitio de Internet, en la actualidad tiene presencia “en todas las entidades e instituciones de salud” en México (IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud).
Comparada con Fármacos Especializados, que vende en promedio 30 mil millones de pesos anuales, CPI es “pequeña” (vende 2 mil millones de pesos al año, en promedio). Entre 2016 y 2018, la compañía se embolsó 5 mil 799 millones 703 mi 406.85 pesos por ventas al IMSS. Esto equivale a poco más del cinco por ciento de las compras totales de bienes terapéuticos del instituto, para el periodo referido.
El año pasado, en el marco de la primera ronda de la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud 2017-2018, CPI obtuvo 64 contratos por dos mil 848 millones de pesos (de un total de 1 mil 111 adjudicados, que equivalieron a una inversión de 1 mil 913 millones de pesos). Fue la tercera más beneficiada del proceso, después de Dimesa (con 261 claves por un monto de nueve mil 249 mdp) y de Fármacos Especializados (con 80 contratos por siete mil 270 mdp). En cuarto lugar quedó Maypo (con 22 y dos mil 370 mdp) y en quinto la Compañía Internacional Médica (40 claves por 1 mil 457 mdp).
LAS FALLAS DEL SISTEMA
Las causas de la concentración del mercado de bienes de salud en unos cuantos proveedores, van más allá del tema de la corrupción. Es un embudo que, en primera instancia, depende de los acuerdos entre farmacéuticas y distribuidoras. Luego, pende de la forma en que las distribuidoras compiten o negocian con las dependencias de gobierno para obtener contratos.
“La manipulación fraudulenta de la oferta o la colusión en compras públicas tiene lugar cuando las empresas conspiran en secreto para subir los precios o bajar la calidad de los bienes y servicios que adquieren organizaciones privadas y públicas a través de un proceso de licitación [simulado], en vez de competir auténticamente unas con otras para ganar una licitación”, refiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su Informe del Secretariado sobre las reglas y prácticas de compras públicas del IMSS (2011).
En esta dinámica de selección, es donde las empresas buscan meterse el pie para obtener los mejores acuerdos. Y es la estrecha dinámica de competencia la generadora de actos de colusión entre empresas (que incurren en prácticas monopólicas y conspiración) o entre empresas y funcionarios (con simulación de concursos, concesiones adjudicadas, aumento de precios y “moches”, etcétera).
Por eso, la solución radica en “cómo mejorar el ambiente de competencia de proveedores y cómo la regulación te permite hacer eso […]. Resolviendo el tema de competencia, vas a poder disminuir los riesgos de corrupción”, dijo a SinEmbargo el economista Luis Mauricio Torres.
Para la OCDE, no obstante el mecanismo de colusión, siempre hay un mismo resultado. “Que los compradores terminarán pagando precios superiores por sus compras o adquiriendo bienes de menor calidad que cuando no hay colusión”. En su investigación, la organización internacional menciona que el incremento de precios promedio por “acuerdos colusorios” es de un mínimo de 30 por ciento.
Además menciona que, “aparte de quitarle recursos a terceros (y en definitiva a los contribuyentes en el caso de compras públicas), estas prácticas desalientan la entrada de rivales, disminuyen la confianza pública en el proceso competitivo y socavan los beneficios de un mercado competitivo”.
En marzo de este año, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) determinó que las empresas Dentilab, Productos Galeno, Holiday de México, Trenkes y Productos Adex, así como 7 personas físicas que actuaron en representación de algunas de estas, “cometieron prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de condones y sondas de látex, adquiridos por el sector salud en territorio nacional”, se lee en el informe COFECE-016-2018.
En este caso hubo dos tipos de fraude. Un acuerdo entre distribuidores para “fijar, concertar, elevar o manipular, a través de las investigaciones de mercado, los precios aceptables o máximos de referencia” establecidos por el IMSS. Y arreglos para “concertar y coordinar la presentación o abstención de posturas en diversas licitaciones públicas”.
“Las conductas señaladas, además de afectar el proceso de competencia y libre concurrencia, atentan contra el erario ya que se tradujeron en el pago de sobreprecios en estos productos, ocasionando un daño estimado de 177 millones 67 mil 392 pesos”, se lee en el documento oficial.
El IMSS ha tenido problemas financieros en el último sexenio. Y a la par que las cifras rojas, los problemas administrativos y de corrupción, hacen que sus costos aumenten, afectando así a los derechohabientes. Foto: Saúl López, Agencia Cuartoscuro.
Luis Adrián Quiroz, integrante de la organización Red de Acceso, comentó que además hay muchos casos en que las patentes vencen y los medicamentos genéricos son adquiridos por las dependencias a un mayor costo que el producto original. Y como el gobierno está obligado a comprar genéricos, terminan pagando hasta un 20 por ciento más, explicó.
Hasta el año pasado, el IMSS se mantuvo como el tercer mayor adquirente público de bienes y servicios en México, después de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Asimismo, figuraba como el comprador más grande de productos farmacéuticos y de suministros médicos en general, con un gasto aproximado de 2.5 mil millones de dólares por año, de acuerdo con cifras oficiales.
El problema de la competencia acotada, donde la colusión no es la excepción, agrava la situación del instituto cuyas finanzas, al menos en el último sexenio, han batallado por mantenerse en números negros. Según la información de la dependencia de gobierno, “2016 fue el primero en los últimos ocho años donde no se utilizaron reservas y se presentó un superávit de 6 mil 400 millones de pesos”.
“Sí hay una mala planeación” y “sí hay mucho tráfico de influencias y mucho intermediarismo”, dijo a SinEmbargo el doctor David Rogelio Pérez, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
De acuerdo con el sindicalista, parte de los problemas estructurales que no permiten dar un mejor servicio, con mayor calidad y a menor costo, se debe a “la falta de diálogo y porque a veces se toman decisiones completamente verticales, sin tomar en cuenta a los expertos, que somos los trabajadores”. Para el doctor Pérez, el “grave” problema que sufre la parte administrativa del IMSS se debe a que está siendo manejada por personas que “desconocen” al instituto o que velan por sus propios intereses.
Las compras consolidadas que realiza el IMSS desde 2006 –que figuran en el plan de Andrés Manuel López Obrador para sanar la cuenta pública y los servicios de salud en México– tienen el propósito de “concentrar los requerimientos de bienes terapéuticos del sector público para, a través de un mayor poder de negociación y de estrategias de compra, obtener mejores precios y garantizar el abasto oportuno en beneficio de la población usuaria”, refiere el IMSS.
A nivel federal, entre 2013 y 2018, este tipo de compras generó ahorros por 17 mil 393 millones de pesos para todos los participantes del sector (que incluye al IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena y Semar). El ahorro del IMSS, por sí sólo, fue de 10 mil 520 millones, según las cifras oficiales.
El problema es que lo ahorrado no se invierte, comentó Luis Adrián Quiroz. En la opinión del fundador de la Organización de Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS, en una solicitud de información que ellos hicieron al Gobierno federal, se enteraron de que ese dinero “no se invierte, sino que se descuenta, pero no se ve reflejado en beneficio de los derechohabientes”.
Lograr lo que AMLO propone –que es erradicar la corrupción en los proceso de contratación y liberar los fondos públicos con compras consolidadas– depende, en gran medida, de la rendición de cuentas. Pero sobre todo, requiere de grandes cambios como revisar los reglamentos de contratación para evitar prácticas monopólicas y aumentar la competencia de precios; limitar el uso de excepciones en concursos públicos; establecer penas ejemplares para proveedores incumplidos (porque en la actualidad, según la OCDE, “es relativamente barato para los proveedores cumplir sólo una parte del contrato”); especificar a detalle los criterios utilizados para la elección de un determinado mecanismo de contratación; y hacer un diagnóstico adecuado del mercado (para determinar los mejores proveedores), coincidieron los analistas consultados.
Con un sistema de mejores convocatorias, podría resolverse el problema de eficiencia de procesos administrativos para la distribución y manejo de inventarios, lo que impactaría de manera positiva en el abasto de medicamentos del sector público a nivel nacional, e inclusive en la calidad, que depende de los criterios de las convocatorias, concluyó Luis Mauricio Torres, investigador del IMCO. Sin Embargo
