Monterrey.-
Un Juez de Control ordenó que la Fiscalía General de Justicia inicie una
investigación contra el Alcalde de Los Aldamas, Jorge Luis Peña, por
presuntamente tener policías no registrados en el Sistema Nacional de Seguridad.
La petición
fue realizada por un agente del Ministerio Público durante una audiencia para
resolver la situación jurídica de policías de los Aldamas Cristino R. y Luis Miguel
G., quienes fueron detenidos el 26 de marzo por elementos de Fuerza Civil.
Su
detención fue a petición de un ciudadano que denunció ante los estatales haber
sido amenazado por dos preventivos de Los Aldamas.
El Fiscal
pidió se dé vista a la unidad de investigación de servidores públicos por las
omisiones del alcalde, dijo una fuente.
Las
omisiones, se dijo, son el permitir que personas que no tienen el certificado
único policial estén prestando servicios de policía, además de no tener la
acreditación que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Al ser
detenidos, Cristino y Luis Miguel no contaban con porte de arma ni resguardo
oficial del vehículo que traían como patrulla.
El
Ministerio Público los acusó de amenazas y usurpación de funciones al no
acreditar que eran policías debidamente registrados y que no traían unidad
oficial, y su defensa pidió tiempo para presentar pruebas a favor. Durante la
audiencia para resolver su situación jurídica, el abogado presentó recibos de
nómina emitidos por el Ayuntamiento a su nombre, así como constancias de
trabajo como policías firmadas por el Alcalde.
También
cartas en las que se precisa que la unidad que traían los uniformados fue
donada por el Estado y cartas de recomendación firmadas por el Alcalde. Por
estas pruebas el juez eliminó el delito de usurpación, al señalar que los
detenidos no eran responsables de no traer porte de arma y no estar acreditados
a nivel nacional.
En ese caso, señaló el juzgador, el obligado a cumplir con esos requisitos administrativos es el Presidente Municipal. Por ese motivo el juez los vinculó a proceso por amenazas y les impuso resguardo domiciliarios como medida cautelar, y la prohibición de acercarse al afectado.
Reforma.
