Cientos de toneladas de excremento de vaca están abandonadas al aire libre en Yucatán. Las dimensiones del excremento son tales que generan una cordillera de estiércol que estaría liberando grandes cantidades de gas metano y óxido nitroso, causantes de contaminación ambiental, crisis climática y enfermedades pulmonares en la población.
El excremento, que equivale a la carga de 100 camionetas pequeñas tipo LUV, está en terrenos aledaños a una granja de vacas asentada a las afueras de una comunidad maya en el estado de Yucatán. La granja se encuentra justo encima de un sistema de ríos subterráneos que abastecen cenotes y pozos de donde toma agua la población.
Un perito en materia forestal encontró los alrededor de 100 montículos de excremento cuando fue a revisar el lugar, como parte de los peritajes de un juicio de amparo interpuesto por los pobladores.
Desde 2016, los habitantes de la comunidad maya de San Antonio Chel, en el municipio de Hunucmá, en el noroeste de Yucatán, denunciaron ante las autoridades la existencia de la granja de unas 900 cabezas de ganado, que operaba sin los permisos necesarios y que estaría contaminando el agua de los cenotes, el suelo y el aire.
“La granja operaba sin permisos porque las autoridades ni siquiera podían expedirlos, el tipo de actividad ganadera que tiene es incompatible con el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Yucatán, POETY (un instrumento de política ambiental para regular el uso de suelo y las actividades productivas) y con el Programa de Desarrollo Urbarno (PDU) del municipio de Hunucmá”, explica el abogado y activista Carlos Escoffié, quien lleva la defensa de los pobladores.
Esa incompatibilidad se deriva justo del impacto que puede generar en la zona: el suelo es frágil por la presencia de rocas calizas que se disuelven ante el efecto del agua, además, el manto freático está muy cerca de la superficie. Es fácil que los desechos del ganado se filtren al subsuelo.
Por eso es que aquí solo se permite la actividad agrícola y eso justo pensaron los pobladores que se haría. Jaime Hernández Can, poblador de San Antonio Chel cuenta que a través de un intermediario la empresa Yuca Agroalimentos, propietaria de la granja, compró a la comunidad los terrenos de uso común.
“Nos dijeron que iban a sembrar, que habría viveros y que nos darían trabajo. Nos engañaron, ya después nos dimos cuenta que estaban construyendo los corrales”.
Los pobladores denunciaron la operación de la granja ante las autoridades municipales y de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del estado de Yucatán (Seduma), pero nada pasó. “Las autoridades ni siquiera fueron a hacer inspecciones”, dice Escoffié.
Empezó el mal olor en la zona, dice Jaime Hernández, “hasta el agua olía mal y los niños se empezaron a enfermar, no solo del estómago, también de las vías respiratorias”.
Frente a la inacción ante sus denuncias y los efectos en el área, los pobladores interpusieron, en marzo de 2019, una demanda contra las autoridades municipales, estatales y federales por permitir la operación de la granja y por no ejercer sus facultades de control y supervisión.
Durante el juicio, los pobladores y sus abogados demostraron que la granja no tenía los permisos necesarios. Como medida cautelar, el Juzgado Segundo de Distrito ordenó a la CONAGUA, a la ahora Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán (antes Seduma) y al municipio de Hunucmá que ejercieran sus facultades de fiscalización y control sobre la granja para determinar si se estaba poniendo en riesgo al medio ambiente sano.
Andrea Vega, Animal Político
