Tras la irrupción de dos hombres en la casa de Emir Olivares Alonso, periodista de La Jornada, siguieron las amenazas telefónicas y por mensajería instantánea. Minutos después de que ambos sujetos abandonaron la vivienda, un tercer hombre llamó para decirle que fue contratado para privarle de la vida por haberse metido con gente de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), ya que en junio de 2017 realizó un trabajo sobre narcomenudeo en Ciudad Universitaria y comenzaron entonces las intimidaciones y las advertencias. También desde ese momento fue integrado al programa de protección a periodistas.
A lo largo del día decenas de organizaciones de periodistas, autoridades capitalinas y representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la Secretaría de Gobernación y de organizaciones defensoras de derechos humanos se solidarizaron y ofrecieron su apoyo para que se investiguen las amenazas contra Olivares Alonso.
Aunque los mandos de la Fiscalía General de la República (FGR) ofrecieron su apoyo, paradójicamente ni el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Pérez Sánchez del Pozo, ni el personal a su mando acudió al lugar de los hechos ni contactó al reportero, a pesar de que su caso ha sido de conocimiento de esa fiscalía desde 2017.
La Jornada
