La Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal no ha dado resultados y debe haber un cambio, de lo contrario, “los efectos serán absolutamente negativos”, dijo Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
Al presentar el estudio “La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2018-2024); análisis desde la perspectiva de coherencia de políticas públicas”, Rivas dijo que “dos años es tiempo suficiente para un gobierno que llega con arrastre social, con el apoyo de las Cámaras (del Congreso), que supuestamente ha trabajado más de una década en construir una idea de qué tipo de gobierno debiera ser. Estos dos años deben ser el fin de los pretextos. (…) Seguir con el mismo trazo es un error. Los efectos serán absolutamente negativos”.
Advirtió que hay errores de la política pública muy importantes. “No podemos decir hoy que en México tengamos mejores condiciones de seguridad y que tengamos mayor claridad. (…) El actual gobierno exhibe una serie de contradicciones que es lo que nos ha impedido tener resultados positivos para reducir los delitos; 2019 fue el peor año en matera de homicidio doloso, lesiones dolosas, feminicidios , trata de personas, narcomenudeo, robo a negocio, el segundo peor año en materia de extorciones, el tercero peor en materia de violaciones, el quinto peor en materia de secuestro, de robo con violencia, y octavo en materia de robo a transeúnte”.
Añadió que “en este 2020, pese a que hay una transformación en la forma en que vivimos los ciudadanos (por la pandemia), tuvo como efecto reducir los delitos comunes, pero no la violencia que sigue creciendo, y aparentemente 2020 se perfila para cerrar como el año más violento de la historia, rebasando al año pasado. Ni siquiera con la pandemia logramos frenar la violencia que existe en el país”.
Consideró que en materia de seguridad, “predomina la inercia, el desorden, la improvisación, y esto se transforma en un desperdicio de recursos, en violación a los derechos humanos, violencia e impunidad”.
Rivas afirmó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública “es incongruente con las propuestas que nos hicieron en campaña; desatiende lo que prometieron a los 30 millones de mexicanos que votaron por este gobierno”.
Añadió que el auge de las Fuerzas Armadas fue algo que se criticó en la campaña del 2006, 2012 y 2018 y ahora este gobierno las sobre utiliza casi en todo, desde la construcción de obras hasta el despliegue para contener la migración en el sur del país.
“Perseguir las mismas estrategias es un error. No hay forma de que no sea diferente, sobre todo cuando estas estrategias no plantean escenarios que sean un proceso paulatino. no hay diseño institucional que diga que las cosas empeoraron, pero habrán de mejorar”, comentó Francisco Rivas.
Afirmó que el gobierno dice atacar la violencia y la inseguridad desde la raíz, y dedica una buena parte del gasto a programas sociales, pero no se observan mecanismos de coordinación entre la política de desarrollo social con políticas de salud, economía y seguridad para disminuir la violencia.
“Atacar las causas no significa dar dinero a la gente, es entender por qué esa población en ese contexto está siendo parte o víctima del problema. ¿Dar dinero cuando estamos sumidos en la peor crisis económica que se recuerde, y que no es una crisis que inició con la pandemia, el año pasado ya veníamos con problemas?”, se preguntó.
Afirmó que no se han acabado las masacres ni las violaciones a los derechos humanos, mientras que la Ley de Amnistía era una oportunidad para despresurizar los penales y corregir los errores del sistema de justicia, “pero no hay ninguna evidencia de que se esté implementando”.
Llamó a dignificar el sistema penitenciario federal y local, y criticó que el gobierno federal centralice el gasto en seguridad y reduzca o desaparezca los fondos en esa matera.
“México en el mejor de los momentos, hace dos sexenios en 2006 llegó a gastar 1.2% del PIB (en seguridad pública). En los últimos dos sexenios el abandono ha sido impresionante. En el sexenio pasado no llegamos a gastar ni siquiera el 1% del PIB, pero en éste, estamos por el 0.08% del PIB”, aseveró.
Francisco Rivas mencionó que eventos como la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, o la exhibición de armamento por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) representaron un problema para las instituciones de seguridad.
“¿Cuál es el rol del Estado frente a la delincuencia organizada? ¿Habrá un abandono? No es que el gobierno pueda o no quiera combatir la delincuencia, es su obligación combatir los delitos”, sostuvo.
“Los últimos 20 años México ha vivido procesos de violencia, procesos de descomposición y esa violencia ha llegado a su máxima expresión en los últimos dos años; si no construimos políticas sustentadas en datos, en información, capaces de que podamos verificarlas, lo que veremos es un significativo empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos y este gobierno pasará la historia como el más violento del país”, afirmó Rivas.
Encuentran 10 fallas en la Estrategia de Seguridad
Francisco Rivas calificó como lamentable que un gobierno “que se asume moralmente superior a sus opositores, no cumpla con sus promesas de campaña, y que por sus decisiones propicie un modelo de seguridad fallido”.
Enumeró 10 errores que, desde la óptica del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), comete la estrategia de seguridad federal:
La militarización se ha extendido a diversos sectores de la administración pública. Las Fuerzas Armadas no regresaron a los cuarteles y hoy gozan de un poder sin precedentes. En tanto, la Guardia Nacional se consolida como una institución militarizada en los hechos.
El uso de la política social para prevenir el delito es un sofisma. No hay correlación alguna entre los apoyos de programas prioritarios y la incidencia delictiva. No hay cohesión ni liderazgo en la agenda de prevención ligada a los programas sociales.
El “pleno respeto a los derechos humanos” se contradice y vulnera prácticamente a diario desde el púlpito presidencial. Con la eliminación del Fondo de Protección los defensores de derechos humanos y periodistas están en el desamparo total.
Las autoridades federales presumen ser feministas, pero niegan la violencia de género y la familiar. El verdadero feminismo está en las calles demandando la seguridad que el Estado les niega. Pese a los esfuerzos emergentes de planes y programas, no hay rectoría por parte del gobierno federal ni resultados que anunciar.
La legalización de la marihuana con fines lúdicos y medicinales es inminente tras la aprobación de la reforma en el Senado, pero no se observa una política de drogas clara de la administración federal. Se pronostican severos problemas en la implementación de dicha reforma, algunos derivados de la falta de presupuesto.
La administración federal predica diariamente en contra de las políticas neoliberales. Sin embargo, su política penitenciaria se centra en la continuidad del modelo privatizador de los penales federales.
La eliminación del FORTASEG derrumba todo discurso federalista y socava las opciones locales de desarrollo policial. La implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica se vuelve prácticamente irrealizable sin recursos presupuestales.
La “pacificación del país” por medio de la “regeneración ética” es un soliloquio presidencial. En la práctica, persisten las acciones de persecución e interdicción del crimen al mismo tiempo que un discurso que ve en estas la causa del incremento de la violencia y la inseguridad.
La política de combate a los recursos de procedencia ilícita representa la principal ventana de oportunidad para el gobierno federal. Sin embargo, la asignación presupuestal no indica que sea una prioridad. Proyectos improvisados como la Guardia Financiera debilitan la coordinación entre las autoridades del sistema antilavado y generan dispendios de recursos humanos y financieros.
La coherencia no es un atributo de las políticas públicas que se derivan de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. La incongruencia entre el discurso y los hechos es una desafortunada constante en un gobierno que se asume moralmente superior a sus opositores y a cualquier voz crítica.
jorge.monroy@eleconomista.mx
