El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un resolutivo que ordena al presidente Andrés Manuel López Obrador no hablar sobre ejercicio de prerrogativas, vida interna y candidaturas de partidos en el actual proceso electoral.
Entre los temas en los que no puede intervenir el presidente están el financiamiento público y acceso a radio y televisión; vida interna de los partidos políticos nacionales y locales; candidaturas de partidos políticos e independientes (registro, postulación).
Tampoco de “cargos de elección; etapas del proceso electoral federal y locales; frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas nacionales o locales; plataformas electorales; campañas electorales; estrategias electorales de cualquier fuerza política nacional o local, así como a encuestas de intención de voto o preferencias electorales”, indica el proyecto aprobado en lo general por 9 votos a favor y 2 en contra.
Esta resolución argumenta que la intervención del presidente en estos temas implicaría “una posible transgresión a los principios de imparcialidad y neutralidad contenidos en el artículo 134 constitucional, y con la finalidad de resguardar el principio de equidad que debe regir en los procesos electorales federal y locales en curso”.
El documento tiene origen en una queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática contra las declaraciones del presidente sobre la alianza opositora Va Por México, la cual integran PAN, PRI y PRD.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que históricamente, el Instituto ha aplicado medidas a funcionarios que violaron la legislación electoral, como los propios expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“Quiero ser claro, aquí nadie está diciendo si el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede o no realizar sus conferencias de prensa, o si puede o no expresarse o informar a la ciudadanía, sino si puede o no intervenir, con sus comentarios o dichos, a favor o en contra de alguno de los contendientes en la elección con el propósito de incidir el voto ciudadano. Son dos cosas radicalmente distintas, y esto último lo prohíbe no el INE, lo prohíbe la Constitución al establecer que todos los funcionarios públicos debemos ajustarnos al principio de imparcialidad”, expuso.
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