La expresidenta boliviana Jeanine Áñez fue detenida en la madrugada de este sábado por una investigación sobre un supuesto golpe de Estado contra el exmandatario izquierdista Evo Morales en noviembre de 2019, hechos que calificó como "un atropello" basado en mentiras.
Áñez, arrestada en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, 600 kilómetros al noroeste de La Paz, llegó al aeropuerto de El Alto, que sirve a la capital, sin ser esposada y fue escoltada por el ministro del Gobierno (Interior), Carlos Eduardo del Castillo, y el comandante de la policía.
"Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la policía", anunció Del Castillo en redes sociales, felicitando a las fuerzas del orden por su "gran trabajo (...) en esta gran e histórica tarea de dar justicia al pueblo boliviano".
La expresidenta denunció en las redes sociales "un acto de abuso y persecución política". El gobierno "me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió", añadió Áñez en su cuenta de Twitter.
En su primera reacción pública, a través de Twitter, el expresidente Evo Morales pidió que se "investigue y sancione a los autores y cómplices" de lo que denunció como un "golpe de Estado" en su contra pero sin mencionar a su sucesora interina Áñez.
En La Paz la exsenadora, de 53 años, fue llevada a un cuartel de la Policía y luego trasladada a las dependencias de la Fiscalía, donde le tomarán sus declaraciones.
"Es un atropello absoluto, porque nos están acusando de ser cómplices de un supuesto golpe, es algo que no tiene ni pies de cabeza y es un amedrentamiento absolutamente político", señaló Áñez
Sedición, terrorismo, conspiración
La Fiscalía de Bolivia emitió el viernes una orden de detención contra la expresidenta derechista y cinco de sus ministros, denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
Dos de ellos, Álvaro Coímbra, extitular de Justicia y Rodrigo Guzmán, de Energía, fueron también detenidos en Trinidad y trasladados a La Paz.
La orden de la fiscalía partió de una denuncia presentada en diciembre pasado por Lidia Patty, exlegisladora del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda), de Morales.
En su denuncia, Patty sostuvo que el líder civil de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, Áñez, varios exministros, exmilitares, expolicías y civiles, habían promovido el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.
Áñez reemplazó constitucionalmente a Evo Morales tras su renuncia en noviembre de 2019 en medio de protestas después de unas elecciones calificadas de fraudulentas. Ejerció el gobierno hasta noviembre de 2020 tras la asunción del actual mandatario, Luis Arce.
En una carta, Camacho advirtió que "los bolivianos no se quedarán de brazos cruzados ante el abuso" y aseguró que no dejará el país. Camacho ganó la elección del pasado fin de semana para gobernador de la rica región de Santa Cruz (este) con más del 55% de los votos.
La orden de los fiscales alcanza además a los exministros Arturo Murillo (Interior), Luis Fernando López (Defensa) y Yerko Núñez (Presidencia).
Evo pide sanciones
En su tuit, Morales pidió "justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1,500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado".
"Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia", añadió.
Morales, quien dimitió dos días antes de la asunción de Áñez como mandataria, sostiene que fue a raíz de un golpe de Estado que renunció y luego salió del país a México. Un mes después se fue a Argentina como refugiado, desde donde retornó a Bolivia en noviembre 2020, tras el triunfo de su delfín Luis Arce.
Líderes opositores impulsaron protestas en todo el país en 2019, tras las elecciones de octubre de ese año, denunciadas como fraudulentas en favor del oficialista Morales, quien buscaba un cuarto mandato.
Un grupo de investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en Bolivia indagando lo sucedido a fines de 2019.
"Aprendiz de tirano"
Los expresidentes de Bolivia, el centrista Carlos Mesa (2003-2005) y el derechista Jorge Quiroga (2001-2002), rechazaron estas detenciones. Ambos fueron actores claves para la transición del gobierno de Morales a Áñez en 2019.
"Estamos en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras. Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019", dijo Mesa en Twitter.
Quiroga, por la misma vía, señaló que se "desata cacería revanchista" y dijo que el presidente Arce era "un aprendiz de tirano".
