La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador acumula, hasta el momento, 12 suspensiones y 21 juicios de amparo.
El viernes, el juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro; concedió cinco suspensiones provisionales más a las empresas energéticas Energía y Proyectos Eólicos, Fuerza y Energía de Naco Nogales, Fuerza y Energía BII Hioxo y Fuerza Eólica de San Matías, en contra de la nueva Ley, que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el sector privado.
Las suspensiones concedidas por el juez son para “el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas” del decreto de la Ley de la Industria Eléctrica que entró en vigor el miércoles 10 de marzo.
Ese mismo día, Gómez Fierro otorgó tres suspensiones provisionales y al día siguiente dio cuatro más, además de que otros juicios de amparo fueron admitidos a trámite, entre ellos los promovidos por las empresas Eólica Santa Catarina, Eólica Oaxaca y Bluemex Power.
De acuerdo con el diario El Universal, la próxima semana, el juzgador podría resolver si concede la suspensión definitiva, tras desarrollarse la audiencia incidental en la que las empresas quejosas y el representante jurídico del Ejecutivo federal deberán presentar sus alegatos por escrito, ya sea de forma impresa o electrónica.
Gómez Fierro destacó que la medida se “estima adecuada para proteger los derechos a la libre competencia y con concurrencia en los mercados, no sólo en su dimensión individual, como se ha dicho, sino también colectiva, de manera que la medida cautelar no provoque los mismos efectos adversos que busca evitar con su otorgamiento, esto es, favorecer a un participante de la industria eléctrica sobre sus demás competidores, en perjuicio de estos últimos y, principalmente, de los consumidores finales”.
El medio destacó que además de las empresas privadas, comunidades indígenas también podrían buscar interponer el recurso legal ante la pérdida de rentabilidad de su territorio en donde existen parques eólicos y fotovoltaicos, así como por la falta de una consulta indígena ante la reforma.
El diario recordó que en noviembre del año pasado, el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó un amparo a Greenpeace México que invalidó el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), así como la política de la Secretaría de Energía (Sener) en materia de generación de energía eléctrica.
Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la resolución del juez Juan Pablo Gómez Fierro, se debe a que se están protegiendo los intereses de las las empresas extranjeras, cuyos dueños -dijo- “están muy molestos” por las modificaciones. Es por eso que -dijo, acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la Judicatura del Poder Judicial para que revise el proceder del juzgador.
En su conferencia mañanera realizada en Palacio Nacional, el mandatario destacó que las empresas estaban abusando al vender energía cara a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que generaba pérdidas en las arcas de Hacienda y afectando a los ciudadanos.
“Están muy molestos los dueños de las empresas extranjeras y también algunos mexicanos por la reforma eléctrica, pero la verdad es que estaban abusando, vendiendo cara la energía eléctrica, recibiendo subsidio, ellos fueron beneficiados con contratos leoninos (...) entonces firman convenios en donde pierde la hacienda pública, el pueblo y ganan las empresas particulares y extranjeras”, señaló.
“Estos jueces surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares extranjeras, no para defender y proteger el interés nacional. Entonces apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Pero nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte (de Justicia de la Nación, SCJN) y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo de que el poder judicial del país estuviese al servicio de particulares”, insistió.
