Un juez federal concedió una suspensión provisional al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, para que no sea detenido. La suspensión estará vigente hasta el próximo 7 de junio, cuando en audiencia resolverá si da o no una suspensión definitiva.
La FGR cuenta con 48 horas para informar al juez por qué se busca al gobernador tamaulipeco.
“Por ende se concede al quejoso Francisco Javier García Cabeza de Vaca la suspensión provisional solicitada, conforme a los artículos 138, 147, 162 y 163 de la Ley de Amparo, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no sea privado de la libertad. (…) Por lo mismo, se decreta la interrupción de la ejecución de cualquier mandato de captura girado en su contra, por lo que el citado agraviado no deberá ser privado de su libertad personal, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva”, señala el juez en su resolución.
El juez solicitó a Cabeza de Vaca el pago de 100 mil pesos como garantía en los siguientes cinco días de que fuera notificado, para mantener vigente la suspensión provisional.
El 19 de mayo, un juez giró una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El mismo día, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria para García Cabeza de Vaca, a solicitud de la FGR, para evitar detectar si llega a salir del país.
El juez del Octavo Distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, también analizará si García Cabeza de Vaca tiene o no fuero. Esto luego de que el Congreso de Tamaulipas decidió no homologar la declaratoria de procedencia que aprobó la Cámara de Diputados, el pasado 30 de abril, para quitarle el fuero al gobernador.
De esta diferencia entre las legislaturas local y federal “surge en apariencia un conflicto de normas que impiden, hasta este momento, considerar concluido el trámite del desafuero contra el Gobernador que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal”, señala el juez.
Añade: “De ahí que, el fondo del amparo cuya materia de estudio debe ser preservada en este incidente de suspensión, será precisamente determinar si se cumplió o no, el procedimiento para la privación de la inmunidad procesal como requisito de procedibilidad previo al ejercicio de la acción penal contra el Gobernador quejoso, pues una vez superado dicho obstáculo Constitucional, podría jurídicamente y solo hasta entonces, abordarse el análisis del diverso mandato de captura que también se reclama”.
El Congreso de Tamaulipas presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el desafuero del gobernador, sin embargo el máximo tribunal la desechó de plano.