Legisladores de Morena en la Comisión Permanente exculparon al canciller Marcelo Ebrard de cualquier responsabilidad en el desplome de la Línea 12 del Metro, y señalaron al coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, por las fallas presentadas, que originaron la tragedia del lunes pasado.
La senadora Bertha Caraveo afirmó que la responsabilidad de Ebrard sobre la obra concluyó formalmente el 8 de julio de 2013, cuando tras 8 meses de revisión de la misma, el entonces director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Joel Ortega, “recibió la obra sin objeciones y de total conformidad”.
Recalcó que la administración de Mancera “recibió y acreditó como segura y operable” la Línea 12 del Metro y aseguró que los problemas y defectos ocurrieron por falta de mantenimiento posterior, “y eso fue totalmente responsabilidad del senador”.
En conferencia de prensa al término de la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora de Morena sostuvo que “ni en la anterior investigación ni en ninguna indagatoria subsecuente sobre la obra civil, se mencionó falla alguna sobre las trabes o sobre su integridad en el tramo elevado de la línea”. Dijo que por el contrario, los primeros señalamientos sobre fallas ocurrieron después del sismo del 2017, cuando Mancera era el jefe de gobierno.
Indicó que presentó un punto de acuerdo para solicitarle al actual senador del PRD y su exdirector del Metro, Jorge Gaviño, que rindan un informe sobre el estado y las supuestas reparaciones después del sismo del 19 de septiembre de 2017, porque “lo más importante es que se encuentre la verdad y no haya impunidad en este caso”.
Bertha Caraveo acusó al PAN de haber cobijado al actual líder de los senadores perredistas, al presentarlo como parte de su lista nacional para ser senador plurinominal. “Por honor a la congruencia, sería muy pertinente que así como las y los senadores del PAN han planteado el desafuero de la jefa de gobierno y el canciller, por congruencia y de la misma manera, solicitaran también el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera”.
A petición de Morena, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso decidirá si cita a comparecer al exjefe de Gobierno capitalino y actual senador del PRD, quien no asistió a la sesión, a pesar de pertenecer a la Comisión Permanente.
La senadora Mónica Fernández Balboa, de la bancada mayoritaria, consideró que además de Mancera debe solicitarse al extitular del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz, quien busca la reelección como diputado local por el PRD.
En un punto de acuerdo, la legisladora por Tabasco planteó que tanto Mancera como Gaviño rindan un informe sobre las afectaciones y supuestas reparaciones a la Línea 12 del STC, después del terremoto de 2017.
“Se tiene que llegar a la verdad. Claro que queremos justicia, pero esto no se logra con estridencias en la tribuna. Si hay culpables, que se castigue”, expresó.
Desde la tribuna, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri (PRI), expresó que la Mesa Directiva de la Comisión Permanente cuenta con atribuciones para constituir grupos de seguimiento o comisiones especiales.
Recordó que, desde que se pretendía inaugurar en 2012, la licitación y el proceso de construcción de la Línea 12, estuvo “plagada de irregularidades que tendrían consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Se conocieron opiniones de expertos, que fueron ignoradas por las autoridades debido a la urgencia de inaugurar un proyecto bajo tiempos y presiones políticas”.
Ya en operación, dijo, la “solución” temporal ante las deficiencias de la línea fue bajar la velocidad de recorrido de los trenes.
Desde que se reanudó la operación de la línea se concluyó que se requeriría una inversión anual de 200 millones de pesos de por vida, monto que “nunca llegó evidentemente”.
A nombre de MC, la diputada Fabiola Loya llamó a que se cumpla con la reparación integral del daño. “Que el gobierno de la Ciudad de México no deje de lado a nadie. Esto no fue un accidente, era una bomba de tiempo inoculada durante una década”.
También presentó un punto de acuerdo, que se turnó a comisiones, para que la investigación redunde en “fincar responsabilidades y que haya verdad”.
