CIUDAD DEL VATICANO.- Un cardenal que habría convencido a un
subordinado de que les mintiese a los fiscales. Abogados y agentes que habrían
convencido al número dos del Vaticano de que aprobase un desastroso negocio
inmobiliario. Una analista que compró artículos de Prada y de Louis Vuitton con
dinero del Vaticano que supuestamente debía entregar a rebeldes que tenían a
una monja como rehén.
Los fiscales del Vaticano han radicado una serie de cargos
escandalosos en el juicio penal más grande en la historia moderna de la Santa
Sede, el cual se inicia el martes en un tribunal instalado en los museos
vaticanos. El otrora poderoso cardenal y otras nueve personas son acusadas de
malgastar decenas de millones de dólares donados al Vaticano a través de malas
inversiones, acuerdos con empresarios turbios y posibles favores a familiares y
amigos. Enfrentan condenas a prisión o multas, si no ambas, en caso de ser hallados
culpables.
El juicio, que seguramente será aplazado por varios meses
después de las vistas del martes y miércoles, es la culminación de una
investigación de dos años de una inversión de la Santa Sede en una fallida
aventura inmobiliaria de 350 millones de euros. Esa operación expuso los
manejos financieros del Vaticano y su deficiente estructura, que permitió que
un puñado de personas causasen enorme daño a las finanzas y la reputación del
Vaticano, actuando sin ningún tipo de control y en base a conocimientos
limitados.
Los fiscales plantean que el papa Francisco y sus
principales asesores no solo estaban al tanto de algunas de las transacciones,
sino que, en algunos casos, las autorizaron explícitamente, sin revisar todos
los documentos ni comprender los detalles.
Un monseñor hasta hace poco considerado uno de los
principales sospechosos, Alberto Perlasca, logró evitar ser imputado. Su
oficina manejaba las inversiones del Vaticano de principio a fin y su jefe lo
identificó como el principal responsable de tapar el costoso resultado. Los
fiscales, no obstante, dijeron que Perlasca se dio vuelta y es un testigo
importante de las irregularidades.
Francisco ya ha condenado en la práctica al único cardenal
enjuiciado, Angelo Becciu.
El año pasado Francisco le mostró a Becciu pruebas de que él
había enviado 100.000 dólares del Vaticano a una organización caritativa
manejada por un hermano suyo. Francisco se aseguró de que Becciu renunciase
como jefe de la dependencia que nombra santos y luego le desconoció sus derechos
como cardenal.
Becciu, quien está acusado de desfalco y de presionar a
Perlasca para que cambiase su testimonio, niega las acusaciones.
Ex jefe de personal de la secretaría de estado del Vaticano,
Becciu es asociado asimismo con un misterioso personaje que también está siendo
enjuiciado, Cecilia Marogna, a quien contrató en el 2016 como consultora de
seguridad. Los fiscales dicen que Marogna desvió 575.000 euros que Becciu había
asignado al pago del rescate de rehenes católicos. Documentos bancarios de una
compañía eslovena suya indican que las transferencias del Vaticano fueron
usadas para comprar artículos de lujo. Marogna sostiene que el dinero fue una
compensación legítima por sus servicios y también cubrió costos en los que
incurrió ella.
El negocio de bienes raíces data del 2014, en que la
secretaría de estado del Vaticano decidió invertir en principio 200 millones de
euros en un fondo manejado por el empresario italiano Raffaele Mincione. La
mitad del dinero fue usada en la compra del edificio de Londres.
Para noviembre del 2018, la inversión original ya había
perdido 18 millones de euros, según los fiscales, lo que empujó al Vaticano a
buscar una salida, aunque reteniendo intereses en el edificio, que se
encontraba en el exclusivo barrio londinense de Chelsea.
Otro agente italiano, Gianluigi Torzi, ayudó a arreglar un
pago de 40 millones de euros a Mincione para sacarlo del medio.
Según los fiscales, Torzi engatusó a la Santa Sede y
restructuró 1.000 acciones de la nueva empresa dueña de la propiedad de modo
tal que él se quedaba con el derecho al voto. Los fiscales dicen que acto
seguido Torzi extorsionó al Vaticano y le sacó 15 millones de euros para
devolverle el control del edificio, que la Santa Sede creía haber adquirido.
Mincione y Torzi, quienes están acusados de fraude, lavado
de dinero, desfalco y otros cargos, niegan también las acusaciones.
El pago de 15 millones de euros a Torzi es el eje del
juicio. Los fiscales acusan a Torzi de extorsionar al Vaticano y a los
organismos financieros del Vaticano de no haber hecho nada para impedir el
pago. Los administradores del Vaticano afirman que no tenían otra opción que
pagarle a Torzi, dado que la secretaría de estado, a sabiendas o no, había
firmado documentos que daban a Torzi control del edificio.
Los fiscales creen que el secretario de estado, cardenal
Pietro Parolin, fue embaucado y convencido de firmar el contrato de Torzi por
un abogado que presentó un memorando de una página en el que describía la
operación, pero omitía detalles básicos, incluido el derecho al voto de Torzi.
