A espera de su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advirtió que aprobar la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador "representaría un retroceso histórico para la construcción de un México más competitivo".
El centro de investigación explicó que la iniciativa retoma elementos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por el Congreso en marzo de 2021 y que actualmente se encuentra suspendida por litigios en el Poder Judicial, sin embargo, señaló que ésta va más allá, pues contempla la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
La iniciativa de reforma que envió este jueves el presidente plantea, además de la eliminación de los órganos reguladores, la cancelación de contratos y permisos de generación de energía limpia a empreas privadas, y la limitación en la participación de estas empresas en el sector energético al 46%, mientras que la Comisión Federal de Energía (CFE) se quedaría con el 54% del espectro.
Esto, dijo, ocasionará un reacomodo en la industria energética del país que colocaría a la CFE como regulador y operador en el sector. "En otras palabras, la empresa tendría la facultad de establecer tarifas y otorgar permisos, así como decidir qué centrales inyectan su energía a la red y en qué momento lo hacen".
Lo anterior, según el IMCO, hará que los costos de la electricidad incremente en los hogares y en las empresas mexicanas, además de dañar el medio ambiente, lo que se traduciría en "un retroceso histórico para la construcción de un México más competitivo" al eliminar "la posibilidad de aspirar a tarifas competitivas y energía limpia".
De aprobarse, agregó, "los principales afectados serán los mexicanos, quienes pagarán el costo a las finanzas públicas, ya sea a través de mayores tarifas eléctricas o mediante impuestos que serán necesarios para financiar los mayores costos de generación", explicó.
Todo esto indica a ojos del IMCO que se pretende, de manera arbitraria, que la CFE mantenga una participación en la generación eléctrica, lo cual "significa un retroceso para la eficiencia de la empresa al obligarla a generar energía más costosa que la producida por sus contrapartes privadas".
“Fortalecer a la CFE pasa por reconocer que la empresa no tiene los recursos para ser el único jugador en todos los eslabones de la cadena de valor de la electricidad –generación, transmisión, distribución y comercialización– y priorizar aquellos segmentos que le generan mayor rentabilidad, como sus monopolios legales en transmisión y distribución eléctrica y su negocio de compraventa de combustibles.
“La iniciativa, en lugar de fortalecer a la empresa, la debilita al obligarla a realizar actividades en las que pierde recursos”, explicó.
Para el Instituto los cinco cambios clave de la propuesta de reforma son los siguientes:
-Modificar el criterio de despacho de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y cancela los permisos otorgados al sector privado, pues las empresas solo podrán producir el 46%.
-Revertir la separación de CFE porque desaparecerán las empresas productivas subsidiarias y a las empresas filiales de la CFE, salvo CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, CFE Capital, CFEnergía y CFE Internacional, con lo que CFE se convertirá en un monopsonio para comprar energía y monopolio para suministrarla.
-La iniciativa propone eliminar los Certificados de Energía Limpia (CEL) que fue el principal incentivo para incrementar la capacidad de plantas de energía renovable en México. Propone desaparecer a la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos lo que es “pernicioso para el desarrollo del sector al generar un clima de incertidumbre entre los participantes”.
CFE se convertirá en el operador del mercado eléctrico al incorporar al Cenace a la estructura de la Comisión, por lo que será la empresa del Estado la que decida las compras y “el precio de la energía a generadores privados con un amplio margen de discrecionalidad”.
Finalmente “establece la explotación del litio como una actividad exclusiva del Estado mexicano. Se establece que la explotación de este mineral no podrá ser concesionada a particulares (con excepción de las concesiones vigentes) bajo el argumento de su importancia estratégica para la transición energética del país”.
