Este miércoles 21 de septiembre se determinará en el Senado de la República si la presencia del Ejército en las calles se extenderá hasta 2028, por lo que diversos organismos internacionales se han pronunciado respecto a la “militarización” del país.
En ese sentido, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) reiteró su preocupación por la propuesta de reforma que permitiría el uso de la Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública por los próximos seis años.
Por ello, emitió una serie de recomendaciones en las que se señala que la política de seguridad debe ser construida con apego a los principios internacionales de derechos humanos, además de garantizar el carácter civil de las instituciones de seguridad.
“Esta preocupación se basa en lo que consistentemente han sostenido mecanismos internacionales de DDHH desde al menos 1998 sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”
Fue así que el Comité contra la Desaparición Forzada instó al Estado a “abandonar el enfoque militarizado” que se tiene en la materia para establecer un plan de retiro ordenado del ejército y fortalecer a las fuerzas civiles.
Y es que, como se mencionó, desde 1998 se han emitido más de 30 recomendaciones por distintos órganos internacionales que retoman los casos del uso excesivo de la fuerza por parte de personal militar, lo que representa una grave amenaza para los derechos humanos.
“Nos preocupan profundamente estas reformas que son contrarias a nuestras recomendaciones anteriores a México sobre el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública”
El senador Emilio Álvarez Icaza respaldó la postura de dicho Comité y, al igual que en otras ocasiones, reiteró que su voto es contra la militarización del país, toda vez que con eso se busca prevenir las desapariciones forzadas. “La democracia que queremos es civil sin tutela militar”, comentó mediante su cuenta de Twitter.
Esta propuesta fue emitida por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yolanda de la Torre, y desde que fue dada a conocer generó bastante polémica, pues incluso fue la razón del rompimiento “temporal” de la alianza Va por México, ya que los partidos de Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) se manifestaron en contra de la medida, a diferencia del tricolor.
Sin embargo, algunos senadores priistas, como Claudia Ruiz Massieu, también han reiterado su rechazo a la propuesta de su propio partido. “Desde mi escaño en el Senado digo enfáticamente no a la militarización (...) Conocemos bien los errores del pasado y sabemos que militarizar no es la solución”, comentó.
Es por ello que incluso se ha hablado de una posible fractura dentro del PRI a nivel nacional, pues la división de las votaciones podría contribuir al quiebre de la organización, como lo señaló el columnista Salvador García Soto.
Al tratarse de una reforma constitucional, se requiere de la aprobación de dos terceras partes de los senadores, de manera que Morena y sus aliados (PT y PVEM) necesitarían de al menos una decena de votos de la oposición, pues en caso de que asistan los 128 legisladores, se necesitarían 86 sufragios a favor.
Cabe recordar que la propuesta de reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención, con lo que se ampliaría de 5 a 9 años la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina en las calles.
