El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reveló este jueves su decisión de inscribirse como candidato a la reelección para un segundo mandato de cinco años.
“Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República” en las elecciones de 2024, declaró el mandatario.
El anuncio generó polémica entre expertos que acusan que la reelección presidencial viola la Constitución del país; sin embargo, Bukele podrá contender por este cargo, otra vez, debido a la resolución de septiembre de 2021, que permite que el presidente participe en los comicios por segunda ocasión y sea el pueblo quien tome la decisión en las urnas.
Aunque abogados constitucionalistas sostienen que esto viola al menos cuatro artículos de la Carta Magna, incluyendo el 154, que dice que “el periodo presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia puede continuar en sus funciones un día más”.
No obstante, esta no es la primera ocasión que el mandatario de El Savador ha sido criticado por expertos o por los mismos ciudadanos.
El Salvador y el polémico estado de excepción
El estado de excepción fue aprobado el pasado 27 de marzo por el Congreso a pedido del presidente Nayib Bukele luego de una ola de crímenes que sacudió al país.
Este régimen limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de arresto, así como la asistencia de un abogado.
Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
Desde esa hecha, las autoridades han capturado a 52 mil 549 personas que, en su mayoría, están acusadas de formar parte de estructuras criminales o de colaborar con pandillas.
Incluso, en agosto pasado, seis organizaciones de dicho país documentaron más de 3 mil 100 denuncias de violaciones a los derechos a los pandilleros durante la vigencia del régimen de excepción.
Según estas organizaciones, además de las vulneraciones del derecho a la defensa y el debido proceso, se suman otras violaciones como el derecho a la identidad, la dignidad y la privacidad.
Las medidas impulsadas por El Salvador para combatir las pandillas han sido ampliamente defendidas por el gobierno, pero activistas y miembros de la comunidad internacional las han cuestionado por considerar que abren la puerta a violaciones de los derechos humanos.
Bukele: Popularidad y… ¿dictador?
Bukele, que asumió el poder el 1 de junio de 2019 y mantiene un nivel de popularidad que no ha bajado del 80 por ciento, cuenta con apoyos para buscar la reelección. Según encuestas de opinión recientes, el 80 por ciento de la población considera que la delincuencia ha disminuido y el 95 por ciento está a favor de las medidas de seguridad.
Sin embargo, su mandato no siempre ha estado marcado por la aprobación de los salvadoreños. Hace un año, el 15 de septiembre del 2021, miles de salvadoreños protestaron en la capital contra Bukele con diversas pancartas y consignas en las que lo acusaban de ser un ‘dictador´.
“¡No a la reelección presidencial, no al bitcóin, no a la militarización, no a la dictadura!”, eran algunos de los mensajes portados por los manifestantes.
El presidente de El Salvador criticó en un mensaje a la nación la protesta e indicó que “fueron a luchar contra una dictadura que no existe”. Meses después, señaló que “El Salvador no será una dictadura, como quieren hacer creer a la gente algunos activistas, analistas, periodistas y políticos que no fueron electos”.
Incluso, con intención de burla, el mandatario cambió su fotografía de Twitter y colocó la del personaje principal de la película estadounidense “El dictador”.
Bukele censura medios de comunicación
La “guerra” contra las pandillas por el presidente de El Salvador se extendió de las calles a la justicia con unas reformas penales aprobadas por el Legislativo, que para el gremio de periodistas representan una “censura” y “criminalizan” de su trabajo.
Una de estas enmiendas castiga hasta con 15 años de prisión la publicación de “cualquier manifestación escrita” que aluda al “control territorial” de las pandillas en El Salvador, lo que ha levantó la alarma entre la prensa y organismos internacionales.
Las nuevas leyes prohíben a los medios de comunicación “la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población”.
En agosto de 2021, el Gobierno de El Salvador deportó al periodista mexicano Daniel Lizárraga, quien laborada en el periódico El Faro. Lizárraga se desempeñaba como editor general del sitio de noticias. El periodista Ernesto Núñez reportó que Carlos Dada, director de El Faro, denunció “el más reciente ataque en la escalada contra el periódico”.
“Agentes del Gobierno se presentaron a la casa del periodista Daniel Lizárraga para notificarle que debe abandonar el país”, dijo.
