La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió las acciones de inconstitucionalidad que presentaron partidos políticos y legisladores contra el primer paquete del llamado "Plan B" de la reforma electoral.
Cinco demandas fueron turnadas al Ministro Alberto Pérez Dayán.
Se trata de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forman el primer paquete de reformas en materia electoral aprobadas en diciembre pasado por el Congreso.
La Corte admitió las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PRD, PAN y PRI, con los expedientes 29, 30 y 31, respectivamente.
También las acciones de inconstitucionalidad que promovieron diputados de la coalición Va por México, PAN, PRI y PRD, con el expediente 37.
La acción de inconstitucionalidad de los senadores tiene las firmas de los partidos de dicha coalición, más los de MC y Grupo Plural.
En las acciones de inconstitucionalidad, los partidos y legisladores acusaron que se viola la equidad en los procesos electorales, al permitir que los servidores públicos puedan pronunciarse a favor de algún candidato.
También se argumentó en contra del fast track con que Morena aprobó la reforma, pues después de que se rechazó la reforma constitucional del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de inmediato se presentaron en Cámara de Diputados reformas a leyes secundarias, de las que no hubo tiempo de conocer ni discutir antes de su aprobación.
Aún están pendientes de turno las controversias constitucionales que presentaron el Instituto Nacional Electoral y un Ayuntamiento.
