Mario Dávila Delgado, alcalde de Monclova, Coahuila, demandó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Cámara de Diputados, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al Periódico Oficial de la Federación por emitir y publicar un decreto inconstitucional.
Dijo que piden a los ministros que desechen el Decreto del 27 de diciembre de 2022 sobre el “Plan B electoral” que emitió ilegalmente el Presidente de la República porque en materia de Comunicación Social viola la autonomía municipal y la soberanía de los estados.
Pide que analicen con detalle los agravios a la autonomía municipal, fundados en el artículo 115 fracción segunda y el artículo VI constitucionales porque se atenta contra el Derecho de la Libertad de Expresión.
Monclova se suma a Chihuahua y los ayuntamientos de Mérida, Yucatán, León, Guanajuato, y Puebla, que también demandaron en tiempo y forma la controversia constitucional por el decreto presidencial, apuntó.
Cuestionó que el mandatario haya emitido el mandato en esa fecha, cuando faltaba poco para finalizar el año y era temporada de descanso, por eso hubo quienes ni cuenta se dieron de lo que dispuso.
Los recursos para difusión “los bajó” del 3 % al 0.1 %, los cuales son necesarios para los gobiernos por eso están incluidos en la Ley para difundir la información y el trabajo de los ayuntamientos y los estados, subrayó.
Son necesario para que la gente se entere que hacen los alcaldes (y gobernadores) en beneficios y servicios (de salud, educación, desarrollo social, seguridad…) y obra pública, por ejemplo, mencionó Dávila Delgado.
Abuso de autoridad
López Obrador incurrió en abuso de autoridad, porque viola lo dispuesto en la Ley de Comunicación Social y la Ley Administrativa, informó el director Jurídico del municipio de Monclova, Jorge Luis Garza Calvillo.
El recurso es en contra de la Cámara de Diputados por aprobarlo y del Periódico Oficial de la Federación por publicarlo.
Refirió que el 26 de enero presentaron la demanda vía virtual y en la víspera lo hicieron directamente en la Oficialía de Partes de la SCJN.
Los ministros de la Corte deben tomar en cuenta que se viola la Carta Magna en cuanto a autonomía y soberanía y se está violentando el estado de Derecho, por eso ese mandato ilegal debe ser desechado, subrayó Garza Calvillo.
