“Estoy a disposición de la Fiscalía General de la República. Pongo a todo el personal de la delegación a disposición, empezando con un servidor, para que se realicen las investigaciones que se tengan que hacer”, declaró Joaquín Díaz Mena, delegado del gobierno federal en Yucatán.
Al responder a las quejas de ejidatarios de Kanasín de que los “rasuraron” de la lista de beneficiarios del Programa Emergente de Vivienda (PEV) para favorecer a expriistas que ahora son promotores de Morena, el funcionario recalcó que el 8 de septiembre de 2022 interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra quien resulte responsable.
Asimismo, dijo que la delegación de Bienestar ha cumplido con entregar toda la información que solicita esa autoridad.
El Programa Emergente de Vivienda (PEV), blanco de acusaciones de ejidatarios de Kanasín por una presunta “rasurada” del padrón de beneficiarios, está sujeto también a probable mal uso de los apoyos sin que haya alguna acción legal contra los beneficiarios que incurran en esa práctica.
En una entrevista, Joaquín Díaz Mena, delegado del gobierno federal en Yucatán, dijo que Servidores de la Nación supervisan los avances de las obras en las casas de los beneficiarios, pero si éstos utilizan el dinero en otros fines no tendrán responsabilidad alguna.
El funcionario federal amplió sus comentarios sobre las quejas de ejidatarios en la segunda entrevista hecha por el Diario al funcionario.
A una pregunta, dijo que no le consta que las personas señaladas por los ejidatarios como sus “sustitutos” en el padrón de beneficiarios no cumplan los requisitos del programa, pues la integración y calificación de los expedientes corresponde a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
También afirmó que se hacen inspecciones a los beneficiarios para comprobar el destino del dinero que se les otorga, pero si alguno no cumple o hace mal uso del apoyo no se le aplican sanciones.
A continuación, más de la entrevista, cuya primera parte publicamos ayer:
¿Le han notificado de algún avance en la investigación de la FGR?
Hasta este momento, no. Solamente vía oficio nos piden información y nosotros cumplimos con entregarla.
Los campesinos señalan a gente que no cumple requisitos del programa. ¿Se devuelve el apoyo?
Allí no sabría decir siquiera si cumplen o no cumplen los lineamientos del programa porque no Bienestar lo autoriza. Es un comité de la Conavi el que autoriza, revisando la documentación de cada persona.
¿Quién integra y valida los expedientes?
Es personal de la Conavi el que hace cada expediente y lo manda a Ciudad de México, y allí hay un comité que autoriza caso por caso.
Algunos de la lista son identificados como colaboradores de Bienestar. ¿Procederá contra ellos?
Vamos a esperar que la Fiscalía termine su investigación, y en los casos que se llegaran a comprobar actuaremos con todas las consecuencias legales que esto implica.
¿Qué garantías hay de que no ocurre lo mismo en otros municipios?
Primeramente, que se cumplan las reglas de operación. Los programas que son de Bienestar, como las pensiones, tienen unos requisitos muy claros y toda la población tiene derecho a acceder a los programas.
Insisto, ¿cómo se vigila que esto no suceda?
Pues nosotros tenemos subdelegados regionales que de alguna manera dan seguimieno al trabajo de los Servidores de la Nación, pero por lo general los programas que manejamos tienen reglas muy claras y están abiertos a toda la población. Ahorita, por ejemplo, estamos abriendo el programa de Microcréditos para el Bienestar.
Lo va a manejar la Financiera para el Bienestar, antes Telecomm, y hay un “link” donde cualquier ciudadano puede registrarse en línea, manda su documentación y desde la Ciudad de México se analiza si cumple o no los requisitos, de tal manera que es poco probable que incida un Servidor de la Nación en que le toque o no le toque.
¿Tomará alguna acción con el resultado de la investigación de la FGR?
Estaremos atentos a las implicaciones legales que se tengan que seguir. Las vamos a cumplir.
¿Se supervisa el uso del apoyo para vivienda?
Sí. De acuerdo con este mismo convenio (con Conavi y Sedatu), los Servidores de la Nación hacen una visita de inspección para hacer un reporte de los avances en la vivienda de las personas que lo recibieron.
¿Qué pasa si utilizan el dinero en otros fines? ¿Lo devuelven?
No, no hay ninguna responsabilidad para el ciudadano. Se hace un reporte de que no cumplió con el objetivo del programa, pero no hay ninguna implicación legal por ello.
