Recortar el presupuesto al Poder Judicial de la Federación pondría en riesgo el Estado de Derecho en México, sostuvo este lunes Norma Piña, magistrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante una sesión junto con los miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Piña Hernández resaltó el riesgo que podría representar un posible recorte.
“El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado, ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad sino (que) nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho”, advirtió la ministra.
Asimismo, la también presidenta del CJF alertó que buscar afectar la función jurisdiccional a través de destinar menos dinero, en realidad pone en riesgo a los ciudadanos.
“Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”, sostuvo.
Por esto, la ministra pidió un aumento de 4 por ciento real en comparación con los 5 mil 630 millones 534 mil pesos que el Poder Judicial recibió en 2023.
Según Piña Hernández, el dinero que solicitaron representaría en promedio 1.8 pesos por mexicano.
Por esto, hizo un llamado al Congreso para que cumpla con sus responsabilidades, y le otorgue los recursos necesarios para que pueda llevar a cabo sus responsabilidades.
“Proteger el acceso de la justicia a los mexicanos no solo le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder Legislativo que debe asignar los recursos suficientes, respetando así, en el ejercicio de sus atribuciones, las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos”, señaló.
Piña subrayó a los diputados que es necesario poner a los ciudadanos al centro al momento de hacer la repartición del presupuesto.
“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra Norma Fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, sentenció.
