Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán, fue privada de su libertad la tarde del 23 de septiembre en el municipio de Zapopan, Jalisco.
Los hechos fueron confirmados por la Fiscalía de Jalisco, institución que desplegó un operativo de búsqueda desde su unidad especializada en personas desaparecidas con el fin de dar con su paradero.
Y aunque no se ha reportado el hallazgo de indicios que permitan deslindar responsabilidades, algunas versiones sugirieron que detrás del secuestro de la funcionaria podría estar el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Dicha hipótesis se sustentó en la presencia de dicho grupo criminal en el municipio, así como en una amenaza directa en contra de Sánchez Figueroa ocurrida en abril de 2023.
El día 17 de aquel mes, un grupo de civiles armados irrumpió en la cabecera municipal de Cotija junto con agentes de la Guardia Civil a bordo de vehículos blindados con identidad gráfica de la corporación.
Al percatarse de lo sucedido, Yolanda Sánchez y el director de Seguridad Pública, Leo Baez, salieron del edificio del Ayuntamiento para atender la situación.
Según testimonios de un policía municipal retomados por El Universal, un hombre que portaba uniforme oficial confrontó a la presidenta y le advirtió que a partir de ese momento, ellos serían los encargados de la seguridad en Cotija, por supuestas órdenes de autoridades estatales.
El testigo, cuya identidad permaneció anónima, dijo que uno de los sujetos que entraron violentamente a la cabecera municipal le dio un teléfono a Sánchez Figueroa para que hablara con un miembro del CJNG.
“Le decían que de inmediato quitara al director de Seguridad Pública municipal y que ellos traían la consigna de poner a otro, para que esté al servicio de ellos”.
Un día después, José Alfredo Ortega Reyes, secretario estatal de Seguridad Pública, se dirigió a Cotija para nombrar como nuevo encargado de la dependencia a Orlando Omar Nava Badillo.
Sin embargo, tanto él como Miguel Alejandro López Espino —designado ese mismo día como subdirector de seguridad— fueron retirados de su cargo debido a que no había argumento legal para mantenerlos en dichas funciones.
Ese mismo mes, aparentemente por “motivos de salud”, la alcaldesa se ausentó de su cargo unos días.
Además de este suceso, al menos desde 2020 se han reportado múltiples asesinatos y situaciones de riesgo atribuidas a sicarios del cártel de las cuatro letras, lo cual ha tenido un impacto directo en la economía del municipio, pues los vehículos de distintas empresas se niegan a transitar por la zona.
