El periodista Raymundo Riva Palacio obtuvo un amparo que lo protege de los embates del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la prensa, comúnmente hechos en sus conferencias matutinas conocidas como “la mañanera”. La protección de la justicia llega al periodista luego de que el mandatario y su coordinadora de redes, Ana Elizabeth García Vilchis, lo calificaran como “un mentiroso” y “un pinocho” en la sección llamada “Quién es quién en las mentiras de la semana”, donde supuestamente se pretende desmentir a los medios de comunicación que publican “noticias falsas” sobre el gobierno de la 4T.
La sentencia, emitida por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, aclara que tanto el presidente López Obrador como Ana Elizabeth García Vilchis deben abstenerse “de emitir cualquier pronunciamiento, manifestación o declaración pública” que ventile información personal de Raymundo Riva Palacio.
Las medidas que amparan al periodista incluyen no solo conferencias de prensa matutinas y a la sección “Quién es quién en las mentiras”, sino cualquier otra sección dentro de las mañaneras. El poder Judicial consideró que el Poder Ejecutivo rebasó su derecho a la libertad de expresión, pues violentó el “honor, la privacidad, incluso, la presunción de inocencia de la persona sobre la que se habló”.
“Aún más, las expresiones realizadas tampoco cumplen con la dimensión política de la libertad de expresión, respecto de la libre circulación de las ideas para la formación de la ciudadanía y de la democracia representativa, permitiendo un debate abierto sobre los asuntos públicos, pues lo que se está haciendo es castigar al quejoso, quien ejerce la profesión de periodista y, como ya se ha dicho, no debe ser castigado por parte del Estado por las opiniones que expresa”.
Una noticia sobre la Guardia Nacional desató los ataques
Raymundo Riva Palacio fue acusado en la sección de “Quién es quién en las mentiras de la semana”, que conduce Ana Elizabeth García Vilchis en las conferencias mañaneras, de ser “el pinocho de la semana”, luego de que el periodista publicara información sobre la participación de la Guardia Nacional en un supuesto operativo en la Universidad de las Américas de Cholula, Puebla, donde intentaron desalojar al personal y los alumnos. La información la publicó Riva Palacio el 29 de junio a las 10:42 de la mañana, en su cuenta de X (antes conocida como Twitter).
Una hora después, la Guardia Nacional desmintió lo aseverado por el periodista y él corrigió y admitió que la fuente que le proporcionó la información se equivocó. Sin embargo, Ana Elizabeth García Vilchis criticó que Riva Palacio no borrara los mensajes donde informaba del operativo.
“No borra sus publicaciones. Las deja para generar una percepción, lo cual nos parece verdaderamente lamentable porque su información está basada únicamente en percepciones”, dijo en la conferencia mañanera del 30 de junio.
En su participación, Ana Elizabeth García Vilchis también aseguró que Riva Palacio fue asesor del expresidente Carlos Salinas de Gortari en materia de medios de comunicación. El periodista lo negó rotundamente y ofreció pruebas al respecto.
“Por ejemplo, su colaboradora afirmó que fui “asesor de Salinas para noticias”. Es falso. Ni siquiera existía ni existe un puesto de esa naturaleza. Dirigí durante 14 meses Notimex, lo que es público, y la agencia empezó a trabajar en su misión de informar”.
Si lo nombran, que den pruebas
El Poder Judicial, a través del amparo que concedió a Raymundo Riva Palacio, recordó que “quienes ejercen el periodismo no pueden ser sujetos de castigo o persecución por parte del Estado cuando, en ejercicio de esa profesión, emiten opiniones o información de interés generan”. En ese sentido, obligan al presidente López Obrador y a García Vilchis a presentar pruebas si es que vuelven a mencionarlo con acusaciones que violen su privacidad.
“De hacerlo, deberán mencionar y exhibir las pruebas que sustenten su dicho, así como otorgar el derecho de réplica al quejoso dentro de las veinticuatro horas siguientes a las manifestaciones e imputaciones que se hagan”.
El amparo va más allá, pues asegura que el Estado mexicano debe “a través de sus órganos debe adoptar todas las medidas tendentes a hacer efectiva la protección” del derecho a la protección de datos personales, pues tiene prohibido “difundir información de carácter personal entre los que se encuentran los datos personales, confidenciales, el secreto bancario e industrial, situación financiera y fiscal y en general en no entrometerse en la vida privada de las personas”.
