Horas previas a que se venciera el plazo este primero de enero, el cual dio el máximo tribunal al gobierno para acatar la sentencia, las autoridades aún no han aclarado cómo va el proceso para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana retome el manejo operativo y administrativo de la Guardia Nacional, que tuvo desde el 2019 cuando se creó el cuerpo en reemplazo de la extinta policía federal y que perdió el año pasado por una reforma legislativa.
Aunque a inicios de mes López Obrador se mostró renuente a que la Guardia Nacional saliera del control del ejército alegando que eso generaría "muchos problemas", semanas después el gobernante cambió de opinión.
En su conferencia matutina del 18 de diciembre, López Obrador afirmó que acataría "sin ningún problema" la resolución de la Suprema Corte, con la que mantiene tirantes relaciones, y admitió que "no tenemos nosotros dificultad al interior porque la Secretaría de la Defensa sigue apoyando a la Guardia Nacional".
Desde septiembre del año pasado, la Guardia Nacional quedó bajo el control del ejército luego de que el Congreso, controlado por el oficialismo, aprobó una reforma impulsada por López Obrador en esa materia. Los legisladores también aprobaron una reforma para extender hasta el 2028 la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
Las reformas desataron fuertes críticas de opositores, activistas y organizaciones humanitarias que acusaron al presidente de profundizar la militarización al dejar en manos de las fuerzas armadas la seguridad pública, algo que López Obrador había rechazado años antes de llegar al poder cuando se comprometió a sacar a los militares de las calles y regresarlos a los cuarteles.
En abril, la Suprema Corte declaró inconstitucional la reforma en materia militar y dio un plazo de ocho meses al gobierno para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana asumiera el manejo administrativo y operativo de la Guardia Nacional, tal como se prevé en la Constitución. Al rechazar la sentencia, López Obrador declaró en ese momento que mantendría la corporación bajo el mando de un general retirado y recibiendo formación y apoyo militar.
De los 126 mil elementos que integran la Guardia Nacional, más del 80 % provienen del ejército y la Marina, según cifras del estatal Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Para contrarrestar la sentencia de la Corte, el mandatario anunció que enviará al Congreso en el 2024, en el último año de su sexenio, un proyecto de reforma constitucional para que la Secretaría de Defensa pueda tener el manejo de la Guardia Nacional y asegurar que el cuerpo "no se eche (a) perder".
