El pleno del Senado de la República alista la aprobación de una reforma que busca frenar el éxodo de más de 30 mil menores a las filas del crimen organizado en México en labores de halconeo, sicarios y distribuidores de drogas, aumentando las penas para quienes obliguen a niños y adolescentes a esas actividades con penas de entre 30 y 60 años.
Ello luego de que la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que preside la senadora Josefina Vázquez Mota, avaló a un proyecto que busca combatir el uso de menores de edad, por parte de la delincuencia organizada, para cometer actividades ilícitas.
El dictamen incluye una reforma a la fracción II del artículo 5 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para precisar que las penas previstas en el artículo 4 de dicho ordenamiento aumentarán hasta en una mitad cuando se utilice a niñas, niños, adolescentes o incapaces para cometer cualesquiera de los delitos a que se refiera la Ley, o se les involucre, con cualquier grado de intervención, en su ejecución.
Es decir, las penas por enrolar menores en cárteles de la droga y otras organizaciones delictivas será de entre 30 y 60 años de prisión.
La reforma argumenta que “los grupos de la delincuencia organizada han visto una oportunidad en el reclutamiento y entrenamiento de los menores dentro de sus operaciones delictivas”.
La asociación civil “Reinserta”, cuya finalidad es romper los círculos de delincuencia en el país y lograr la reinserción social y familiar de expresidiarios, agregaron, “estima que 30 mil niñas, niños y adolescentes mexicanos son reclutados por el crimen organizado”, a través del alistamiento forzoso y voluntario de los menores.
Además, una entrevista realizada a 89 menores de edad, recluidos en diferentes centros penitenciarios del país, indicó que 75 por ciento de ellos, es decir, 67 menores, asumía ser miembro de algún grupo delictivo en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.
“En los testimonios recabados señalan que, recibían un sueldo por las actividades realizadas dentro de la organización, que iban desde una suma que era ridícula hasta cifras de 25 mil a 35 mil pesos”.
Los legisladores advirtieron que es evidente que el crimen organizado opta por utilizar y reclutar menores de edad, debido a la facilidad con la que inciden en ellos al ofrecerles ciertos prototipos de vida, y a que el sistema acusatorio penal tiene más consideraciones con una persona menor de edad; repercusiones y condenas menores o nulas.
En este contexto, la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, aprobó el dictamen que adiciona un tercer párrafo al artículo 28 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Con ello, se busca que la reintegración social y familiar, en el caso de niñas, niños y adolescentes vinculados con la delincuencia organizada, establezca las medidas conducentes para su protección, supervivencia y reintegración a la sociedad hasta su mayoría de edad.
EL UNIVERSAL
