(apro).- Respaldada por académicos, organizaciones internacionales como la ONU y las barras de abogados del país, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández exhortó a defender la independencia judicial.
A unos días de que el Congreso de la Unión inicie la discusión de la reforma judicial que prevé la elección de juzgadores mediante voto popular, la Corte inauguró el Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial: reflexiones desde la judicatura.
Durante el evento de inauguración, Piña evitó hacer alusión directa a la reforma judicial pero sí enfatizó en la necesidad de contar con un diagnóstico sobre la importancia de la independencia judicial.
"Alzamos la voz, una vez más, sobre las implicaciones que tendría vulnerar o perder un baluarte como lo es nuestra independencia judicial (…) ningún estado de cosas puede suponer un dominio para derrotar o sepultar los derechos fundamentales universales, interdependientes, indivisibles y progresivos de todo ser humano", dijo.
"Preservemos la independencia judicial es nuestro patrimonio, es un patrimonio de la humanidad. La independencia judicial es un derecho de todas las personas, es un derecho del pueblo".
Piña Hernández estuvo acompañada de los ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
"Nadie tiene la bola de cristal de lo que ocurrirá en el porvenir. Menos aún si no se cuenta con un diagnóstico serio y pormenorizado sobre el significado y la enorme trascendencia de la independencia judicial, que insisto, no es un privilegio de quienes impartimos o de quienes lleguen a impartir justicia, sino que es un derecho humano de todas las personas", señaló la ministra presidenta.
Asimismo, estuvieron presentes Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM; Jesús Peña Palacios, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Drechos Humanos; legisladores de diversos partidos, excepto de Morena y PT a pesar de que fueron invitados; representantes de 30 embajadas; del Consejo Coordinador Empresarial; Concamin y Coparmex; presidentes y secretarios de asociaciones de jueces y magistrados; colegios de abogados y organizaciones internacionales como la Fundación Konrad Adenauer.
Durante su intervención, el representante de la oficina del Alto Comisionado de ONU-DH, Jesús Peña Palacios se refirió a la discusión de la reforma judicial en el Congreso y consideró que dicho debate debe realizarse en un clima de tolerancia, bajo un proceso amplio, abierto, plural y transparente.
“Es crucial que las propuestas adoptadas se adhieran a las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, destacó.
“La reforma debe hacerse sin precipitaciones, con inclusión, apertura, tolerancia y con un sentido realista de lo que implicaría la operatividad de cualquier cambio; debe, además, garantizar el principio de progresividad y consolidar y expandir avances de las últimas décadas, erradicar los desafíos existentes y visualizar y anticiparse a los nuevos retos”.
Reconoció que existe consenso en torno a la necesidad de reformar el sistema de justicia en su conjunto y, al igual que Piña, consideró que esto debe realizarse con un diagnóstico previo.
“Una reforma debería a partir de un diagnóstico objetivo basado en evidencia y abarcar todas las instituciones que conforman el Sistema de Justicia, los órganos jurisdiccionales, las fiscalías, las instituciones periciales, forenses y de identificación humana, las comisiones de víctimas, las defensorías públicas, las policías y otras corporaciones investidas de funciones de seguridad pública, el sistema penitenciario, la profesión jurídica y el sistema de formación y enseñanza del derecho y otras disciplinas relevantes”, explicó.
El Encuentro Internacional durará tres días y se prevé la participación de Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fue presidente de Bolivia durante seis meses entre 2005 y 2006 quien ha criticado la elección de jueces impulsada por Evo Morales y en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador basó su iniciativa de reforma judicial presentada en febrero pasado.
Proceso informó el 1 de agosto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el sistema de elección de jueces de Bolivia genera desconfianza ciudadana, opacidad y padece de deficiencias estructurales y normativas trascendentales.
