Diputados federales de Morena y sus aliados aprobaron en comisiones una reforma para desaparecer siete organismos autónomos, entre los que se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen en lo general con 22 votos a favor y 17 en contra, en una discusión que se extendió por más de tres horas en la Cámara de Diputados.
El dictamen aprobado propone la desaparición del INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Las funciones de estos organismos autónomos serían asumidas por dependencias del gobierno, de acuerdo con la iniciativa que fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que recibió el apoyo total de Morena.
Las funciones de Mejoredu, un organismo con autonomía operativa y presupuestaria, encargado de coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, pasarían a la Secretaría de Educación Pública.
Los trabajos que hace el INAI, un organismo que garantiza el acceso a la información y protección de datos personales, los realizaría la Secretaría de la Función Pública (SFP) en caso del gobierno federal; al órgano de control y disciplina del Poder Judicial; a las contralorías del Congreso de la Unión, y a los órganos de control de los órganos autónomos que quedan. Este modelo se replicaría en los gobiernos estatales.
Las funciones del Coneval, una dependencia que hace estudios del desarrollo de la pobreza en México, ahora las realizaría el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En materia de competencia económica, las funciones de la CRE y la CNH, quienes regulan y fomentan la competencia en los mercados de energía e hidrocarburos, se trasladarían a la Secretaría de Energía.
Mientras que las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que promueve la competencia entre las empresas para que haya mejores servicios y precios, pasarían a formar parte de la Secretaría de Economía.
Las funciones del IFT, encargado de regular el mercado de las telecomunicaciones, serían transferidas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes.
El dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales todavía tendrá que ser discutido por el Pleno de la Cámara de Diputados a partir del mes de septiembre.
Oposición critica desaparición de siete organismos autónomos
Durante el debate en la Comisión de Puntos Constitucionales, los legisladores de Morena defendieron que la desaparición de siete organismos autónomos servirá para ahorrar recursos económicos para destinarlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, además de evitar la duplicidad de funciones que pueden hacer instituciones del gobierno.
Por su parte, los diputados de oposición señalaron que México tuvo un “viernes negro” por la aprobación de este dictamen, pues el gobierno federal concentrará las funciones de los organismos autónomos y se quedará sin contrapesos.
“No es un tema de ahorro, es un tema de control político, en contra de las luchas democráticas de este país”, cuestionó Braulio López Ochoa, el coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC).
Los legisladores de oposición explicaron algunas de las acciones de los organismos autónomos, por ejemplo, señalaron que el IFT ayuda a que mejoren los servicios de telefonía; la Cofece impide que empresas transnacionales tengan monopolios; el Coneval sirve para medir la pobreza en el país; el INAI facilita los hallazgos de casos de corrupción en diferentes gobiernos, y la Mejoredu ayudó a monitorear el sistema educativo.
Laura Haro, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), puso en duda el argumento de ahorro de Morena, pues señaló que otras instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex) y Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) han provocado pérdidas millonarias mucho mayores que los recursos que reciben los órganos autónomos.
“O vamos a hablar realmente de austeridad, o solo están generando una cortina de humo para provocar nuevamente la monopolización que estos organismos constitucionalmente autónomos han sido los responsables de vigilar y por supuesto de regular”, expresó Haro.
Junto a ella, Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales del PRI, también acusó que Morena quiere establecer un “supremo poder conservador” en México, al eliminar a los organismos autónomos que sirven como reguladores de empresas privadas, como contrapeso de las decisiones del gobierno y como instituciones que hacen estudios independientes de las condiciones sociales del país.
Por su parte, integrantes de Morena defendieron la reforma. Los legisladores señalaron que, entre 2018 y 2024, estos organismos autónomos recibieron 32 mil millones de pesos, una cantidad que es equivalente a entregar 5 millones 385 mil pensiones bimestrales para el Bienestar de Personas Adultas Mayores.
“El objetivo es transferir las facultades y obligaciones de diversos organismos constitucionales a dependencia del gobierno federal, con el principal objetivo de evitar gastos innecesarios, lujos, pero sobre todo duplicidad de funciones. Evitar el despilfarro de recursos de la nación”, expresó la diputada morenista Lidia García Anaya.
En sus intervenciones, los legisladores de Morena acusaron que la creación de organismos autónomos terminó por favorecer a empresas privadas y no al pueblo de México, además de que sus estructuras son burocráticas e implican el gasto de miles de millones de pesos.
El diputado Óscar Cantón Zetina defendió que con esta reforma “no se quebrantan instituciones, se fortalecen, no hay desaparición de órganos autónomos en el sentido de que sus facultades las van a hacer instituciones del gobierno”.
