La tarde del 22 de agosto, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU-Derechos Humanos confirmó la muerte de Armando "H", un adolescente de 16 años que falleció tras ser herido por disparos presuntamente realizados por elementos del Ejército Mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Este caso ha generado una profunda preocupación por las implicaciones de involucrar a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y ha reabierto el debate sobre los derechos humanos en México.
Armando "H", estudiante de bachillerato, falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Gerardo, donde estuvo internado desde que fue alcanzado por un proyectil durante un incidente en Nuevo Laredo. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo informó que las balas causaron daños graves a sus órganos vitales, lo que finalmente provocó su fallecimiento.
La ONU-Derechos Humanos emitió un comunicado lamentando la pérdida y subrayando la necesidad de esclarecer lo sucedido. “Lamentamos profundamente que el niño Armando H.G. haya fallecido por los disparos presuntamente realizados por elementos del Ejército y luego de que aparentemente no recibió una atención médica oportuna”, mencionó la organización en sus redes sociales.
Consecuencias de la militarización en tareas de Seguridad Pública
El caso de Armando ha reavivado el debate sobre el papel del Ejército en la seguridad pública en México. Desde que las fuerzas armadas fueron incorporadas a labores de seguridad, ha habido múltiples incidentes en los que se cuestiona su actuación, especialmente en situaciones que involucran a civiles. En caso de confirmarse la participación del Ejército en la muerte de Armando, sería otro ejemplo de los riesgos que conlleva la militarización de estas labores, afectando de manera directa a la población, incluida la más joven.
Alma Karina Gallardo, madre de Armando, ha anunciado que presentará una querella formal contra los miembros del Ejército Mexicano involucrados en el ataque. Con el apoyo de abogados, planean presentar pruebas que vinculen al personal militar con el homicidio de su hijo. Además, los familiares hicieron llamados públicos al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitando apoyo financiero para cubrir los gastos hospitalarios del adolescente. Sin embargo, sus peticiones no recibieron respuesta, lo que ha suscitado críticas por la falta de atención a las víctimas de abusos por parte de las fuerzas armadas.
Investigaciones y búsqueda de responsabilidades
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha iniciado la Carpeta de Investigación 366/2024 para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. La familia de Armando, junto con organismos de derechos humanos, está presionando para que se realice una investigación transparente y se haga justicia por la muerte del adolescente.
Este no es el único incidente violento reciente en Tamaulipas. El mismo día que Armando falleció, se registraron otros ataques armados en la región, incluyendo agresiones contra figuras políticas como el presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Édgar Danés Rojas, y el exalcalde del municipio de Padilla, Eduardo Alvarado García. Estos hechos, sumados a la muerte de Armando, han aumentado la preocupación por la creciente violencia en el estado y la aparente impunidad con la que operan algunos grupos armados.
