Una sentencia de 50 años recibió Ricardo Samuel M. P., quien era elemento de la policía municipal en el estado de Chihuahua y fue acusado formalmente por desaparición forzada.
Al término del Juicio Oral, la Unidad de Investigación de Desaparición Forzada de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos, obtuvo la sentencia de 50 años de prisión en contra de el ex elemento municipal involucrado en la desaparición de dos jóvenes.
De manera oficial se detalló, que la acusación presentada por el Ministerio Público, demostró que la noche del 27 de febrero del 2021, el procesado identificado como Ricardo Samuel M. P., participó en la detención ilegal de los jóvenes identificados con las iniciales, A. I. G. B. y O. J. L. H., en hechos registrados al exterior de un local comercial de la colonia Sierra Azul.
Durante las investigaciones ministeriales, se recabaron pruebas testimoniales y documentales que demuestran que el ahora sentenciado junto a otros policías, subieron a los jóvenes a patrullas oficiales para luego trasladarlos a un lugar desconocido, sin que se informara de la detención.
Para el 28 de marzo del mismo año, los equipos de búsqueda e investigación asignados al caso, ubicaron una fosa clandestina en el lugar conocido como Ejido Carrizalillo, en donde se encontraron los cuerpos sin vida de ambas víctimas.
Las autoridades lograron identificar la participación de cinco elementos policiacos que, junto al ahora sentenciado, participaron en estos hechos delictivos.
Tras un año como prófugo de la justicia, el presunto Ricardo Samuel M. P. acudió voluntariamente a las instalaciones del C4 en el mes de abril de 2022, para entregarse a la autoridad ministerial, por lo que de inmediato se le ejecutó una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada con penalidad agravada.
Por decisión unánime, los jueces que integraron el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento, acordaron una sentencia de 50 años de prisión, así como el pago de un millón 451 mil 434 pesos por concepto del pago de daño material y gastos funerarios, más una suma adicional por concepto del daño moral.
Como parte de los estándares internacionales para enjuiciamiento de delitos violatorios de Derechos Humanos, la representación social solicitó medidas de rehabilitación, y compensación integral, entre las que se encuentra una disculpa pública por parte de la corporación hacia la familia de las víctimas y la inhabilitación definitiva del cargo.
EL UNIVERSAL
