Un hombre identificado como Mario “N”, de 39 años, fue detenido en Saltillo por su presunta responsabilidad en la muerte de una hembra tlacuache y cuatro de sus crías en la colonia Lomas de Lourdes. El acto de crueldad animal, perpetrado a pedradas, fue denunciado públicamente la semana pasada, generando indignación en la comunidad.
La Comisaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto, llevó a cabo una investigación que incluyó el análisis de videograbaciones del Centro de Control y Comando (C4). Estas imágenes permitieron identificar al sospechoso, quien ahora enfrenta cargos por el delito de crueldad animal, de acuerdo con el Artículo 420 del Código Penal Federal, que contempla penas de hasta nueve años de prisión.
Durante el operativo, la Policía Ambiental logró rescatar a una cría de tlacuache que sobrevivió al ataque. La pequeña criatura se encuentra bajo observación y, según reportes, está fuera de peligro.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de la fauna local y han exhortado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de maltrato animal. Este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones contra la crueldad animal en México.
En Coahuila, las sanciones por crueldad animal están reguladas principalmente por el Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, específicamente en el Título Décimo, Capítulo Único, que aborda los "Delitos contra animales que afectan al derecho de una vida libre de violencia", que tipifican acciones como el maltrato o crueldad injustificada contra animales vertebrados no considerados plaga.
Mario “N” podría enfrentar una pena de 6 meses a 4 años de prisión y una multa de entre $6,377 y $31,885, con la posibilidad de que la pena se incremente hasta 6 años si se determina que los actos causaron sufrimiento extremo o prolongaron la agonía de los animales.
Para denunciar casos de maltrato animal en Coahuila, la ciudadanía puede acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) o contactar a la Procuraduría de Protección al Ambiente o la Secretaría de Medio Ambiente.
