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Casi el 60% de las 29 mil computadoras que hay en la Secretaría de Gobernación (Segob) son viejas y obsoletas, y aunque su correcto funcionamiento ya no puede garantizarse debido a que su vida útil concluyó, en 2017 la dependencia desembolsó más de 150 millones de pesos para darles mantenimiento.
Así lo revela una verificación de dichos equipos de cómputo hecha por un equipo de expertos en informática de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los cuales además de lo anterior encontraron anomalías en cuanto a especificaciones, sistemas inexistentes por los que también se pagó indebidamente a proveedores, y falta de pruebas de servicios supuestamente realizados.
De acuerdo con el informe de resultados, la Secretaría de Gobernación cuenta con 29 mil 272 equipos de cómputo no solo en sus oficinas administrativas, sino en áreas clave como Policía Federal o en el Órgano de Readaptación Social a cargo de los penales federales de alta seguridad.
Del total de esos equipos, hay 17 mil 475 – el 59.7%- que datan del 2014 hacia atrás. De acuerdo con los parámetros de Estimulación de Vida Útil de la propia dependencia publicados en el Diario Oficial de la Federación, todo equipo tiene un periodo de vida útil de tres años.
Lo anterior significa que, en promedio, 6 de cada 10 computadoras que tiene Gobernación son oficialmente obsoletas.
Hay casos extremos. Los auditores encontraron que de los equipos cuya vida útil concluyó, hay cuatro mil 312 que datan del 2008, es decir, tienen 10 años de antigüedad. Hay mil 737 que son del 2009, mil 413 del 2010, dos mil 36 del 2011, mil 778 del 2012, mil 928 del 2013 y cuatro mil 271 de 2014.
Por otro lado hay cuatro mil 484 computadoras en Gobernación que son de 2015 y que para el siguiente año también habrán concluido su periodo de vida útil. Hay 3 mil 57 equipos de 2016 y cuatro mil 255 de 2017. En 2018 solo se ha adquirido una computadora nueva.
Mantenimiento costoso y dudoso
Para dar mantenimiento a todos esos equipos de cómputo, la Segob pagó de enero a junio de 2017 un total de 156 millones 576 mil pesos a una empresa de nombre Mainbit SA de CV. El problema es que la dependencia pagó, en promedio, lo mismo por el mantenimiento de un equipo nuevo respecto a uno viejo cuya efectividad ya es muy dudosa.
“No es posible asegurar que los servicios (que deben proporcionar las computadoras) funcionan adecuadamente ya que la capacidad y antigüedad de los equipos impactan en el rendimiento de los programas, sistemas y aplicaciones utilizados” indica el informe de los auditores.
Como parte de la verificación los auditores revisaron a fondo mil 500 equipos adquiridos recientemente. Encontraron que había 83 de ellos con características inferiores a los requisitos mínimos establecidos, por ejemplo discos duros con menos capacidad, memoria RAM inferior en velocidad, monitores más pequeños, etcétera.
Además detectaron 7 equipos adquiridos que no han sido utilizados, y uno más que no está porque supuestamente fue robado
En este contexto los auditores consideraron que existe un posible fraude al erario público superior a un millón de pesos al considerar que se realizaron pagos por equipos de cómputo que no tienen las características marcadas en los contratos o que no se usan.
Pagan por 7 sistemas… pero 6 no existen
En el contexto de la verificación a los sistemas informáticos de Gobernación, los auditores revisaron el cumplimiento de un contrato firmado con la empresa Indra Sistemas México SA de CV para el desarrollo, entre otras cosas, de siete sistemas para operar distintos programas que se consideran estratégicos en la dependencias, entre ellos el de contraprestaciones, el de avisos de poderes notariales, avisos de testamento, el Sistema Integra de protección federal, y el Sistema nacional de información de niños, niñas y adolescentes.
Por todos ellos Gobernación pagó un total de 46 millones 660 mil pesos pero al revisar su funcionamiento, los expertos encontraron que seis de ellos ni siquiera existen actualmente.
“A pesar de que los desarrollos debieron concluir a más tardar en diciembre 2017, a la fecha de la revisión (marzo 2018), solo uno se encuentra en producción; del resto, tres están en etapa de transición y tres no terminaron de construirse” indica el informe de resultados.
En cuanto al único sistema que el referido proveedor terminó, los auditores encontraron que Gobernación se tardó seis meses en ponerlo en funcionamiento, un retraso injustificado. Además detectaron que dicho sistema y los otros que deberían existir, carecen por sus características de interoperabilidad entre unos y otros.
Lo anterior representa un posible fraude al erario público que ascienden a 47 millones de pesos como resultado de los pagos que hizo Gobernación a la referida empresa por seis sistemas que hasta el día de hoy no funcionan, es decir, es un trabajo que no está terminado.
La ASF además pidió a Gobernación que inicie una investigación administrativa y proceda en contra de los funcionarios que autorizaron en estos pagos y en las diversas irregularidades relacionadas con el contrato con la empresa Indra Sistemas México SA de CV.
Dado que se trata de un primer informe de resultados la dependencia deberá justificar ante la ASF los pagos que se hicieron y, a su vez, poner en marcha los sistemas por los cuales ya se desembolsó el dinero o en su defecto recuperarlo. De no ocurrir esto se podrían presentar denuncias penales ante la PGR en contra de quien resulte responsable.
Además de las anteriores irregularidades el análisis financiero de los pagos realizados por Gobernación arrojó errores en la elaboración de facturas o de plano la inexistencia de las mismas.
Y sobre todo se advirtió de retrasos de hasta 16 meses en el pago a diversos proveedores de servicios informáticos que sí se realizaron, hecho que además de ser ilegal resulta peligroso para el correcto funcionamiento de la dependencia.
“El no realizar los pagos de manera oportuna, pone en riesgo la continuidad la operación de la Secretaría ya que los proveedores podrían suspender los servicios en cualquier momento” indicaron los auditores. Animal Político
