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Delitos favorecidos por el Nuevo Sistema de Justicia Penal: detenidos saldrían libres

10 julio 2017
Noticias de Yucatán

Académicos y miembros de la sociedad civil polemizaron sobre el número de reos que serán beneficiados con el nuevo Sistema de Justicia Penal  Acusatorio (NSPA), luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que los reclusos con el anterior sistema puedan seguir su proceso en libertad.
La cifra de reos liberados va de cuatro mil en la Ciudad de México, según estimó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, el fin de semana; a 70 mil a escala nacional, de acuerdo con la organización Alto al Secuestro, que dirige Isabel Miranda de Wallace. Aunque el académico Gabriel Regino, apenas calculó 500 mil.
Dichos actores coincidieron en que la liberación no será inmediata, sino gradual, toda vez que el procesado que aspire a obtener la libertad provisional, deberá solicitar una audiencia al juez de control y el Ministerio Público puede alegar que el sujeto representa un peligro para la ciudadanía.
De acuerdo con Wallace, la contradicción de tesis que resolvió la Corte implicaría que secuestradores, ladrones y más volvieran a las calles. “Todos los que no caen dentro del catálogo de delitos del Código Penal pueden pedir la libertad, como los de lavado de dinero; entonces, la ciudanía está en peligro”, estimó Wallace en una entrevista con 24 HORAS.
Por su parte, el abogado penalista Gabriel Regino, experto en el análisis y aplicación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, desestimó la versión de Wallace y destacó que máximo se verían beneficiadas 400 o 500 personas en el país.
Durante una entrevista, planteó que tanto los posicionamientos de la activista como del jefe de Gobierno son alarmantes: “Ellos están aliados en búsquedas electorales. No es abrir las puertas (de la cárcel) y decir ya váyanse a sus casas. Esos señalamientos son un despropósito que sólo demuestran la ignorancia del Sistema Acusatorio y obedece a una alianza político y electoral”.
Más arreglos, por portación de armas
Otro punto que ha generado polémica y por el cual se empuja una modificación al NSJP es la portación de armas de furgo; la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) propuso ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, para sumar esta práctica.
Voces, incluida la del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz,  dijo que el tema se analizará con cuidado, con el fin de que no se vulneren derechos.
Sin sorpresas
Pablo Girault, vocal de la organización México Unido contra la Delincuencia, comentó que el nuevo sistema se trata de la presunción de la inocencia, es decir, nadie debe ser considerado culpable, sino hasta después de un juicio justo. Todas las autoridades sabían lo que sucedería. Sabían que debían entrenar, dijo, a las policías, respetar los derechos, la cadena de evidencia y corroborar información.
Un antes y un después
Parteaguas. 16 de junio de 2016 entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia.
Candado. Los reos podrán recuperar su libertad  bajo caución siempre y cuando enfrenten delitos que no merecen actualmente prisión preventiva oficiosa, como delincuencia organizada, homicidio doloso, secuestro y trata de personas, así como otros cometidos por medios violentos.
Favorecidos. Podrían resultar favorecidos los acusados por portación de armas, lavado de dinero, defraudación fiscal, evasión de reos, asalto en carreteras, robo, extorsión, contrabando y ataques las vías de comunicación.

24 Horas

Impunidad y silencio del gobierno de Yucatán ante crímenes de servidores públicos

28 febrero 2011
Noticias de Yucatán

(muerte, tortura, sistema penitenciario, injusticia)

28 febrero 2011
El caso de Roberth Tzab
Comunicado del equipo Indignación

Roberth Tzab, fallecido en la cárcel preventiva de la Procuraduría con sede en Tekax en circunstancias que obligan a sospechar tortura exhibe que la impunidad y el silencio son la respuesta ante acciones u omisiones de servidores públicos que privaron de la vida a una persona.

Roberth Tzab Ek falleció el 19 de agosto de 2010, cuando se encontraba detenido en la cárcel preventiva que la Procuraduría tiene en Tekax, en circunstancias que obligan a sospechar tortura.

El gobierno de Yucatán es responsable directo del fallecimiento de Roberth Tzab puesto que lo tenía bajo su custodia. La Procuraduría, por su parte, ha negado una respuesta a las comunicaciones que Indignación le ha dirigido y el Ministerio Público ha obstaculizado el acceso al expediente a representantes de la coadyuvancia desde hace cuatro meses.

Antes de eso, Indignación pudo constatar que el Ministerio Público de Tekax mostraba omisiones graves y dilación en la integración de la averiguación previa: Mes y medio después de los hechos, ni siquiera habían sido citados a declarar quienes detuvieron a Roberth y quienes lo tuvieron bajo su custodia, situación que se le cuestionó al Ministerio Público.

Desde entonces, y una vez que al hijo se le reconoció su calidad de coadyuvante, se ha negado reiteradamente el acceso al expediente a integrantes del equipo Indignación, representantes de la coadyuvancia, con el argumento de que “lo acabamos de enviar a Mérida”.

La Comisión de Derechos Humanos ha guardado absoluto e ignominioso silencio en este caso y, a pesar de que han pasado seis meses ya, no ha emitido la recomendación respectiva con lo cual, en la práctica, está encubriendo al gobierno de Yucatán.

Indignación ha solicitado al Procurador que atraiga la investigación puesto que compromete la independencia de la investigación el que sea la propia agencia del Ministerio Público en la que falleció el detenido la que investigue su muerte. Sin embargo la titular de la agencia de Tekax confirmó apenas ayer que ella sigue a cargo de la investigación.

El caso de Roberth Tzab puso de nuevo en evidencia las deplorables condiciones en las que se encuentran las cárceles de Yucatán.

El fallecimiento de Roberth Tzab ocurrió en un contexto de gran preocupación puesto que al menos 13 personas han fallecido en los centros de detención estatales o municipales en Yucatán de 2006 a la fecha.

El día de hoy estamos ante las sedes de la Procuraduría y de la Comisión de Derechos humanos en Tekax para decirles: Ustedes son los responsables de privar de la vida a Roberth Tzab, sea por negligencia, por tortura o por el encubrimiento que deja impune el crimen.

Estos casos comprueban que la tortura continúa siendo una práctica en Yucatán. El silencio y el encubrimiento exhiben a un gobierno que elude sus responsabilidades, incumple sus obligaciones en materia de derechos humanos y desprecia la vida de las personas, su integridad y sus derechos.

Comunicado del equipo Indignación


28 febrero 2011
"Impunidad y mutis oficial"
Muertas 13 personas en prisión preventiva de 2006 a la fecha
Roberth Tzab Ek, fallecido en la cárcel preventiva de la Procuraduría con sede en Tekax en circunstancias que obligan a sospechar tortura, exhibe que la impunidad y el silencio son la respuesta ante acciones u omisiones de servidores públicos que privaron de la vida a una persona, denuncia Indignación.


Tzab Ek, recuerda, falleció el 19 de agosto de 2010.

En un comunicado, la agrupación expone lo siguiente:

El gobierno de Yucatán es responsable directo del fallecimiento de Roberth Tzab puesto que lo tenía bajo su custodia. La Procuraduría ha negado una respuesta a las comunicaciones que Indignación le ha dirigido y el Ministerio Público ha obstaculizado el acceso al expediente a representantes de la coadyuvancia desde hace cuatro meses.

Antes de eso, Indignación pudo constatar que el Ministerio Público de Tekax mostraba omisiones graves y dilación en la integración de la averiguación previa: mes y medio después de los hechos ni siquiera habían sido citados a declarar quienes detuvieron a Roberth y quienes lo tuvieron bajo su custodia, situación que se le cuestionó al Ministerio Público.

Desde entonces, y una vez que al hijo se le reconoció su calidad de coadyuvante, se ha negado reiteradamente el acceso al expediente a integrantes del equipo Indignación, representantes de la coadyuvancia, con el argumento de que "lo acabamos de enviar a Mérida".

La Comisión de Derechos Humanos ha guardado silencio en este caso y, a pesar de que han pasado seis meses ya, no ha emitido una recomendación, con lo cual, en la práctica, está encubriendo al gobierno de Yucatán.Indignación ha solicitado al procurador que atraiga la investigación, puesto que compromete la independencia de la investigación que sea la propia agencia del Ministerio Público en la que falleció el detenido la que investigue su muerte. Sin embargo, la titular de la agencia de Tekax confirmó hace unos días que ella sigue a cargo de la investigación.El caso de Roberth Tzab puso de nuevo en evidencia las deplorables condiciones en las que se encuentran las cárceles de Yucatán.

El fallecimiento ocurrió en un contexto de preocupación, puesto que al menos 13 personas han fallecido en los centros de detención estatales o municipales en Yucatán de 2006 a la fecha.Indignación se presentó a las sedes de la Procuraduría y de la Comisión de Derechos humanos en Tekax para decirles: Ustedes son los responsables de privar de la vida a Roberth Tzab, sea por negligencia, por tortura o por el encubrimiento que deja impune el crimen.Estos casos comprueban que la tortura continúa siendo una práctica en Yucatán. El silencio y el encubrimiento exhiben a un gobierno que elude sus responsabilidades, incumple sus obligaciones en materia de derechos humanos y desprecia la vida de las personas, su integridad y sus derechos.

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