- Encontrados puntos de vista por la venta al gobierno estatal
- El PAN considera que la transacción “es una barbaridad”
31/03/2010
Unas horas después de anunciada, la compraventa de tierras de Chichén Itzá al gobierno del Estado generó ayer gran polémica en los ámbitos político y social de Yucatán.
Empresarios, partidos políticos y el Ejecutivo estatal pronunciaron opiniones encontradas al respecto.
La presidenta estatal del PAN, Magaly Cruz Nucamendi, consideró la compraventa “una barbaridad” y la calificó de “una ocurrencia más de la gobernadora”. El PRI, a su vez, avaló la transacción. La Canaco dio el visto bueno a la negociación, y Alfredo Barrera Rubio, ex director del Centro INAH-Yucatán, advirtió que se pagó un precio muy elevado.
En Pisté, representantes de la comunidad ven con buenos ojos la transacción, pues consideran que ayudará a resolver problemas en el interior de la zona arqueológica.
Sin embargo, artesanos y comerciantes consideran que la medida no será positiva para ellos y también denunciaron presuntas irregularidades en la organización del concierto de Elton John.
Chichén desata la polémica
Divide opiniones la compra de tierras con otro préstamo
31/03/2010
La compra de 83 hectáreas de tierra en Chichén Itzá, por las que el Patronato Cultur pagará $230 millones por medio de una deuda bancaria a 15 años, levanta polémica y divide opiniones en diversos sectores.
Alfredo Barrera Rubio, ex director del Centro INAH-Yucatán, advierte que el gobierno del Estado pagó un precio muy elevado, tomando en cuenta que las tierras adquirieron plusvalía gracias al dinero público —“no del particular, que no ha puesto ni un peso”— que se invirtió en el rescate de la zona arqueológica durante 100 años.
“Lo deseable era proceder con la expropiación, porque está más que justificada la causa de utilidad pública y se hubiera pagado un precio razonable, sin tener que endeudar más a los yucatecos”, subraya el ex funcionario e investigador.
Barrera Rubio, quien se ha opuesto a la realización de conciertos en Chichén, advierte que hay el riesgo de que Cultur pretenda ahora, como dueño, oficializar a la zona arqueológica como un escenario para sus próximos eventos multitudinarios.
El gobierno del Estado, como publicamos, anunció la compra de 83 hectáreas de tierras de Chichén Itzá que eran propiedad de Hans Jurgen Thies Barbachano. Jorge Esma Bazán, director de Cultur, dijo que el trato se cerró en $230 millones, que pagarán con un préstamo a 15 años, y afirmó que ya hicieron un primer pago de $80 millones.
“Excelente”
El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Manzanilla Pérez, integrante de la Junta de Gobierno de Cultur, revela que apenas anteayer, poco antes de la firma del contrato, les informaron de la operación, pero considera que fue una “excelente negociación” debido a que el dueño pedía $500 millones y el trato se cerró en $220 millones.
Precisa que son $220 millones, y que los $10 millones de diferencia (Cultur dijo que fueron $230 millones) se utilizarán para gastos de escrituración, pago de impuestos y un programa de “saneamiento” del sitio, que implica el desalojo de los ambulantes del interior de la zona.
Manzanilla Pérez dice que ve con buenos ojos la compraventa debido a que Cultur puede usufructuar la zona, generando una derrama que beneficiaría a los habitantes de esa región.
Sobre el tema, la presidenta estatal del PAN, Magaly Cruz Nucamendi, señala que “es una barbaridad” que mientras el Ejecutivo cancela becas a niños, no quiere aplicar descuentos a los estudiantes y aún le debe a proveedores, ya acumuló una cuantiosa deuda y no hay obras detonantes del desarrollo, ahora sobreendeude al pueblo yucateco con otros $230 millones.
“Si dividimos ese dinero entre 83 hectáreas resulta que pagó a $277 el metro cuadrado, un precio carísimo por unas tierras que no le van a servir para nada. Es como comprar un pedazo de la Plaza Grande, ¿qué caso tiene si no puedes hacer nada?”, apunta la ex diputada local.
“Una ocurrencia más”
“Esta es una ocurrencia más de la gobernadora (Ivonne Ortega Pacheco) y huele a un negociazo, con los respectivos dividendos para algunos funcionarios públicos”, advierte.
“Tremenda culebra bajó del Castillo”, parodia el alcalde César Bojórquez Zapata al hablar de la polémica operación, con la que también está en desacuerdo.
“Lo mejor era expropiar las tierras. Con $230 millones se pueden hacer muchas cosas, en nuestro caso nos servirían para terminar Animaya”.
“Tá grande la víbora. Con $230 millones hasta Kukulcán baja a recibir la lana, pero vamos a ver qué dice la sociedad”, apunta el primer concejal panista.
La diputada Bertha Pérez Medina, del PRD, advierte que esa operación tiene implicaciones jurídicas, económicas y políticas: “En principio, no se justifica pagar casi $3 millones por hectárea y menos porque repercutirá en una carga más a la deuda pública”, subraya.
“Una implicación jurídica es que, como paraestatal, Cultur puede disponer de esas tierras prácticamente como quiera porque no son del dominio público. Las puede vender, donar, concesionar... ¿Qué garantía hay de que se usarán en beneficio de los yucatecos?”, se pregunta la diputada.
Lo primero, “poner orden”
Ven con buenos ojos la compra que hizo el Ejecutivo
31/03/2010
Dos representantes de la comunidad de Pisté ven con buenos ojos la compra que el gobierno del Estado hizo de 83 hectáreas de tierras privadas donde se ubican monumentos arqueológicos de Chichén Itzá.
Para Ariel Marrufo Nah, comisario municipal de Pisté, y Silvia Cimé Mex, representante de los artesanos de la zona de Chichén Itzá, la adquisición de esos terrenos, que incluso se extienden más allá de los límites del actual sitio arqueológico, “es una buena medida”.
La noticia de la operación de compraventa que dio a conocer anteanoche el Ejecutivo del Estado corrió como reguero de pólvora en la comisaría de Tinum. Ayer por la mañana era el tema de conversación de los lugareños, la mayoría dedicados a la prestación de servicios turísticos. Recepcionistas, meseros, artesanos, choferes y restauranteros comentaban los detalles del acuerdo y expresaban su sorpresa por la información. Para el comisario municipal de Pisté, quien se enteró ayer por la mañana, cuando comenzó sus labores como recepcionista en un hotel de Chichén Itzá, el hecho “me parece muy bien. Ya era tiempo de que se tomara esa decisión, creo que ahora se podrán resolver muchos problemas que hay en el interior de la zona arqueológica, que es el medio de sustento de muchos de los habitantes de Pisté”, indicó Marrufo Nah.
“Lo primero que hay que hacer, ahora que los terrenos serán propiedad del gobierno del Estado, es poner en orden a los artesanos que ofrecen sus productos en el interior del sitio. Hay mucha desorganización y prácticamente están en todos lados”. Para el representante del municipio de Tinum, otra de las nuevas disposiciones que el gobierno estatal debería tomar es permitir la entrada libre o “por lo menos con el 50% de descuentos a los yucatecos” a la zona arqueológica. “Sólo los domingos pueden entrar gratis a Chichén los yucatecos. Ahora que la zona es propiedad estatal una buena medida sería dejar pasar gratis o con un descuento de la mitad de la cuota (de $116) a los paisanos”.
(El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cobra una cuota de $51 por visitante; el resto, es decir $65, va a parar a las arcas de Cultur).
“Mucho gusto”, fue la respuesta de Silvia Cimé cuando se le preguntó qué opina de la compra de los terrenos de Chichén Itzá a cargo del gobierno estatal. “Qué bueno que se logró la expropiación de esas tierras (en realidad fue un acuerdo comercial con el dueño); ojalá sea verdad, ya era hora de que el gobierno del Estado hiciera algo para cuidar y conservar nuestro patrimonio, ojalá sea para bien”, señaló. “Ahora sólo falta ver si a los artesanos nos beneficiará esa decisión, ya que si lo que se compró es ahora patrimonio de los yucatecos, que se haga realidad, que nos dé beneficios”, apuntó la señora Cimé Mex.
Familia involucrada en procesos de expropiación
El Peón Contreras es un antecedente en los Barbachano
31/03/2010
El gobierno del Estado ya ha expropiado a la familia Barbachano un inmueble considerado patrimonio cultural.
En 1979, el gobernador Francisco Luna Kan emitió un decreto mediante el cual expropió, por causas de utilidad pública, el teatro Peón Contreras, propiedad de Fernando Barbachano Gómez Rul.
Según los archivos del Diario, el valor catastral de ese edificio era de cerca de $3 millones, pero se encontraba abandonado y seriamente dañado.
Con el objeto de rescatarlo, el gobierno intentó comprar el teatro y le hizo una oferta al propietario, de $10 millones, pero aquél pidió el doble.
Usufructo En ese entonces esa cantidad era mucho dinero y el gobierno decidió, primero declarar “monumento artístico de Mérida” al Peón Contreras, y luego lo expropió.
Esta no ha sido la única vez que la familia Barbachano se ve involucrada en procesos de usufructo de bienes de la nación.
En 2003, Barbachano Gómez Rul interpuso una denuncia —que finalmente perdió — contra el gobierno de Patricio Patrón Laviada, Cultur y el INAH por no permitir el ingreso de turistas a la zona arquelógica de Chichén por la puerta del hotel Mayaland, propiedad de Barbachano, que colinda con las ruinas.
Más recientemente, Hans Jurgen Thies Barbachano, mediante su empresa Transportes Aéreos Peninsulares, obtuvo del Ayuntamiento de Tinum un permiso para vender cerveza en un terreno de su propiedad, pero a un lado de la zona arqueológica.
El empresario instaló el puesto, no obstante la prohibición expresa del INAH. Las autoridades clausuraron la venta de cerveza al día siguiente del anuncio de la compra de los terrenos de Chichén por Cultur.
No se sabe si esa operación incluye la superficie colindante con el hotel Mayaland y los terrenos en donde Thies Barbachano ha instalado tiendas, a unos pasos de la zona arqueológica.
Pagan sobreprecio por Chichén Itzá
Según un avalúo oficial, las tierras valen $8.1 millones
31/03/2010
Las 83 hectáreas de Chichén Itzá que Cultur acaba de comprar en $230 millones fueron avaluadas en 2006 por el gobierno federal en $8.1 millones.
Tres años antes, en 2003, la Federación hizo un primer avalúo de esa superficie y estimó su valor en mucho menos, en $4 millones, según información oficial del INAH.
El gobierno encargó ese trabajo al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, porque, de acuerdo con las fuentes, el INAH consideraba la posibilidad de adquirir esos predios, donde se asientan los principales vestigios mayas de Chichén Itzá.
En 2005, ese organismo hizo incluso un Programa de Adquisición de Predios en 14 zonas arqueológicas del país, por $2,350 millones, que incluía la compra de 3,000 hectáreas en Uxmal, en poder también de particulares.
Espera
En 2007, la dirección del INAH presentó por escrito una oferta de compra a Hans Jurgen Thies Barbachano, dueño de los terrenos de Chichén, pero éste ni siquiera le respondió.
Según fuentes del INAH, éste pedía entre 500 y 600 millones de pesos.
También en esa época se consideró la posible expropiación de los terrenos, pero esto nunca llegó a concretarse.
Jorge Esma Bazán, director de Cultur, se refirió a esta indecisión del gobierno federal en torno a los terrenos de Chichén Itzá para justificar la compra realizada por Cultur.
En la rueda de prensa en la que anunció esa operación, el funcionario dijo que el gobierno estatal “esperó que el gobierno federal tomara la decisión adecuada, pero éste no la tomó, nos ofreció que lo haría hace dos años, seis meses y la última vez fue hace tres meses, y no lo hizo”. Para fijar el precio de la compra de las tierras, el gobierno contrató a un corredor público, que no identificó.
Oídos sordos
Esma Bazán desoyó a las Comisiones de Turismo y Cultura de la Cámara de Diputados que en 2007 exhortaron al gobierno federal a expropiar los terrenos de Chichén Itzá. Los diputados recomendaban que si esta solicitud no prosperaba, el gobierno de Yucatán debería hacerlo, “ya que tiene todas las facultades legales para eso”.
Respaldo a la compra de Chichén
Dice el PRI que es “un acto de justicia” esta medida tomada
31/03/2010
La secretaria de Acción Indígena del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Xóchitl Molina González, respaldó ayer la decisión del Ejecutivo local de adquirir los terrenos de la zona arqueológica de Chichén Itzá.
Al inaugurar los trabajos de la Reunión Nacional de Secretarios de Acción Indígena que se celebró en Pisté, en el municipio de Tinum, al que pertenece Chichén Itzá, la representante del PRI nacional calificó la medida como “un acto de justicia”.
“Ha sido un gran logro. Esas tierras volverán a ser parte de los mexicanos. Quedarán en manos de sus verdaderos dueños: los mayas”, destacó en su mensaje.
De acuerdo con un boletín, Xóchitl Molina también consideró que los herederos de la antigua cultura maya deberían tener mayor acceso a sitios como Chichén Itzá y otras zonas arqueológicas.
Alaine López Briceño, presidenta estatal en funciones del PRI, manifestó: “Los yucatecos nos congratulamos con esta decisión largamente esperada”.
Reconoció el esfuerzo de las autoridades estatales al adquirir los terrenos que ocupa la ciudad maya y pidió que este asunto, como otros muchos, no se intente politizar.
“En tiempos de elecciones todo se intenta politizar, hasta decisiones gubernamentales que, como en este caso, buscan dar certeza a un patrimonio cultural como lo es Chichén Itzá” expresó.
A la reunión asistieron representantes de 18 de los 22 estados que cuentan con la Secretaría Acción Indígena del PRI a fin de abordar diversos temas relacionados con las etnias del país.
En el evento, Molina González hizo notar que existen en México 65 lenguas indígenas que se niegan a morir y son habladas por 12.7 millones de personas que representan el 13.1% de la población del país.
“Yucatán y Oaxaca son los estados con mayor población indígena. El gobierno federal debe hacer un mayor esfuerzo presupuestal para respaldar a estas entidades en su tarea de atender a esta población”, finalizó.
Durante la inauguración se celebró una ceremonia maya en la que se pidió que a Yucatán le vaya mejor este año y se mantenga la unidad entre los yucatecos.
Comerciantes enojados
No dejará la zona por el concierto de Elton John, advierten
31/03/2010
Artesanos y comerciantes que ofrecen sus productos en el interior de Chichén Itzá advirtieron que no desalojarán esa zona arqueológica con motivo del concierto de Elton John el sábado y afirmaron que las autoridades cometen irregularidades con ese espectáculo musical.
Debido a ello, el día de la presentación del cantante inglés ellos realizarán un “acto de desagravio” en Pisté, con sacerdotes mayas, para pedir que las autoridades atiendan sus peticiones al respecto.
En voz del secretario de esa agrupación, Pablo Euán Cen, y del asesor legal del grupo, Villevaldo Pech Moo, esos artesanos y comerciantes afirmaron que hay “mala fe” del Ejecutivo estatal. Y acusaron al director de Cultur, Jorge Esma Bazán, de intentar dividir a ese gremio.
Los inconformes explicaron que se oponen al concierto porque éste no beneficia a las comunidades mayas de la región, además de que les afectará si se cumplen las amenazas de expulsarlos del sitio arqueológico desde varios días antes del evento.
—El INAH creó un reglamento, fuera de norma y en modo discrecional, para permitir la explotación comercial de Chichén Itzá que sólo beneficia a empresas y a particulares —dijo Euán Cen.
—Para las autoridades esta explotación comercial de Chichén Itzá es legal, la consideran como industria cultural, pero hasta ahora no conocemos la derrama económica que generaron estos conciertos.
—No hemos sido consultados para realizar estos espectáculos. Las autoridades nos discriminan, nos niegan acceso al espectáculo y nos dicen que podemos ver el ensayo de aquél.
En rueda de prensa que ofrecieron ambos para hablar del asunto también participó Mauricio Macosay Vallado, representante del Frente de Unidad Popular, quien se refirió a la compra de 83 hectáreas de Chichén Itzá que hizo el gobierno estatal con $230 millones.
—Hoy mismo recurriremos al Instituto de Acceso a la ínformación Pública para conocer todos los pormenores de esa compraventa e impugnaremos esa acción mediante acciones de inconstitucionalidad —dijo Macosay Vallado, cuya agrupación incluye a los artesanos y comerciantes ya citados.
—En 2007 el director del INAH, Alfonso de Maria, declaró que esas tierras costaban $8 millones, mucho menos que los $230 millones que se pagaron por ellas ahora. Al respecto, Villebaldo Pech dijo que la familia Barbachano es dueña de 29 tablajes de Chichén Itzá, con extensión de 661 hectáreas, de modo que todavía es propietaria de buena parte de as tierras donde se asienta esa ciudad maya.
—El gobierno debió expropiar esas tierras, no comprarlas, pues así el precio hubiera sido mucho menor —dijo.
