Noticias de Yucatán
Javier Duarte de Ochoa
(SinEmbargo).– A pesar de que este año hubo aprehensiones
importantes de ex Gobernadores acusados de corruptos, peculado, lavado de
dinero y otros delitos, la justicia le quedó a deber al pueblo mexicano, pues
al menos un caso importante, el de Guillermo Padrés Elías, de Sonora, se cayó;
mientras que otro de los acusados con orden de aprensión se encuentra prófugo
en Estados Unidos: César Duarte Jáquez, ex mandatario de Chihuahua, dijeron
politólogos consultados por SinEmbargo.
Si bien Javier Duarte de Ochoa y Eugenio Hernández
Flores, ex mandatarios de Veracruz y Tamaulipas están en una cárcel en México,
y Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana permanece bajo arresto y
cerca de una extradición a México en Panamá, sus aprehensiones no significan
que vayan a pagar por sus actos y mucho menos regresar lo robado, argumentaron
los analistas.
Los ex mandatarios sólo son tres piezas de esa generación
de Gobernadores a la que algunos politólogos y políticos de oposición llaman
“la generación podrida”, la mayoría del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), y que gozaron y gozan de impunidad no sólo para robar, sino para aliarse
con criminales para asesinar, torturar y desaparecer personas en sus entidades.
“La justicia nos queda a deber. La aplicación de la
justicia en México no es imparcial, se aplica de manera distinta a quien tiene
recursos y no tiene. Si un político se corrompe y roba tiene más oportunidades
de salir y librar una enorme condena, que seguir en la cárcel. Vamos a ver en
los años futuros si es cierto que se le da un escarmiento a Javier Duarte,
sobre todo si va a devolver lo que se robó. Lo que vemos es que pagan un bufete
de abogados muy caro con lo que se robaron y salen y no regresan nada. La deuda
de la justicia es muy grande”, dijo Ivonne Acuña Murillo, investigadora del
departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana
(UIA).
La investigadora recordó el fracaso del caso de Guillermo
Padrés Elías, ex Gobernador por el Partido Acción Nacional (PAN) de Sonora,
acusado y perseguido por la administración de la priista Claudia Pavlovich
Arellano, por defraudar las arcas públicas de los sonorenses y que a finales de
octubre fue amparado por un Juez.
“El caso de Padrés sentaría un precedente, pero lo que
estamos viviendo en los últimos sexenios es que hay un relajamiento de ciertas
normas, de cierto pudor. El punto es que no devuelve lo que se robó, que sería
lo más importante. El sistema político se ha relajado a tal punto que no hay
quien ponga limites a los gobernadores. Lo que estamos viendo es que la
debilidad presidencial y el resquebrajamiento en general del sistema político
en México está generando esta generación podrida de gobernantes”, explicó.
Este año Javier Corral Jurado, Gobernador por el PAN de
Chihuahua, logró llevar el caso de César Duarte Jáquez, su antecesor, hasta la
Procuraduría General de la República (PGR); sin embargo, y aunque hay una orden
de aprehensión en su contra, el ex mandatario está prófugo presuntamente en El
Paso, Texas, Estados Unidos.
El caso de este ex mandatario de Chihuahua incluso ya
alcanzó a la administración federal y a la cúpula del PRI. El diario Reforma difundió
las declaraciones del ex titular de Hacienda de César Duarte, Jaime Herrera
Corral, ante la Fiscalía General de Chihuahua en las que asegura que se
desviaron 250 millones de pesos de las arcas estatales en 2016 hacia el Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor. Manlio Fabio Beltrones era el líder
nacional del PRI en ese entonces.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que
encabezaba entonces el hoy Secretario de Relaciones exteriores Luis Videgaray
Caso, avaló la triangulación, y Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, principal
operador de Beltrones y ex secretario del CEN del PRI, fue el estratega de las
transacciones, sostuvo el ex funcionario duartista.
Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila acusado
en una investigación que se sigue en Texas, Estados Unidos, de tener vínculos
con el cártel de los Zetas; y Rubén Moreira Valdez, señalado por los senadores
del PAN de desviar recursos públicos, son intocables para la justicia mexicana
porque en sus entidades no ha habido alternancia, coinciden los expertos.
“Yo creo que si nos atenemos al patrón que se ha visto,
de ejercer acción penal en contra de los ex Gobernadores cuando llega un
partido de oposición, en contra de los Moreira no esperaría que hubiera acción
al ser el Gobernador entrante del mismo partido. Son los Gobernadores de otro
partido los que han empujado la información en contra de los salientes. No creo
que haya nada en contra de Eruviel Ávila [Villegas] en el Estado de México, no
esperaría que hubiera noticias en esos estados”, dijo Nicolás Loza Otero,
investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Para el académico, la persecución a los ex mandatarios y
la aprehensión de dos de ellos, son “hechos novedosos”, pues es la primera vez
que hay detenidos por acusaciones de corrupción. Pero los resultados aún están
por verse en la calidad de las averiguaciones previas que puedan garantizar que
los procesos no se “caigan”.
La mayoría de los gobernadores de esta generación priista
acusada de varios delitos comparte en común que fueron perseguidos por la
justicia cuando un Gobernador de oposición llegó al poder, como ocurrió en el
caso de Javier Duarte, de Roberto Borge, César Duarte y Guillermo Padrés.
SIMULACIÓN AL PERSEGUIR A LOS
EX GOBERNADORES
En octubre Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito
en Materia de Amparo y Juicios Federales, resolvió a favor de Padrés Elías y le
otorgó amparos al no encontrar elementos probatorios de los delitos de lavado
de dinero, evasión fiscal y delincuencia organizada, por los cuales se le
procesa desde noviembre de 2016.
Y aunque la PGR impugnó los amparos y la Fiscalía
Anticorrupción de Sonora lo investiga por enriquecimiento ilícito, para los
analistas el caso puede ser un claro ejemplo de una simulación que podría
replicarse en los otros ex Gobernadores procesados.
“En el caso de Padrés hay varios temas: hay un elemento
importante que es un Juez federal el que está dando amparo para detener las
investigaciones y me parece que es una de las deficiencias del poder Judicial.
Tenemos jueces que han sido complacientes con el crimen organizado, no sólo con
ex gobernadores. Me parece que hay también una deficiencia de los litigios
iniciados por los gobiernos locales. En el caso de Veracruz; por ejemplo, hay
varios delitos que se le imputan al ex Gobernador, pero parecen ser menores
respecto a lo que todo el mundo escucha que pasó en esa entidad”, explicó
Gustavo López Montiel, experto en partidos políticos del Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm).
López Montiel argumentó que el caso de Padrés Elías
podría tratarse de una simulación o de una deficiencia en las procuradurías
para integrar las carpetas de investigación; que se puede replicar en todos los
casos en donde hay un ex Gobernador acusado de algún delito.
“A las procuradurías se les caen los casos y al final
podemos ver la no intención de que no pase nada, porque los gobernadores al
final de cuentas despliegan una capacidad de tráfico de influencias que hace
que mucha gente haya participado de una manera u otra en el mal uso de los
recursos y que sean cómplices. Eso hace que al final un caso no termine
bien, es de manera deliberada para que no haya mayor repercusión en lo local”,
explicó.
El caso de los hermanos Moreira en Coahuila es
emblemático, no sólo por los juicios que se siguen en Estados Unidos en donde
sus nombres han sido mencionados más de una vez, sino por las investigaciones
que desde la academia han evidenciado la forma de operar del cártel de Los
Zetas en Coahuila durante la gestión de Humberto Moreira, sin que ello
signifique que las autoridades mexicanas realicen alguna acción en contra del
ex mandatario.
Ivonne Acuña Murillo agregó que los ex Gobernadores
señalados de corrupción no sólo robaron de las arcas públicas: “secuestran,
asesinan, mandan a asesinar a periodistas, luchadores sociales y no pasa nada.
En el caso de los Moreira, se han evidenciado complicidades con grandes capos
de la delincuencia organizada, pero andan libres. No hay una institución que
ponga freno y castigue, por eso la deuda está y grande”.
EN 2018 PODRÍAN SUMARSE MÁS A
LA GENERACIÓN PODRIDA
En 2018 se pelearán en las urnas nueve gubernaturas que
pueden poner en jaque a los ex Gobernadores, de ganar la oposición en cada
entidad, y colocar a alguno de ellos en la lista de la llamada “generación
podrida”, dijeron los analistas.
El próximo año se renovarán las gubernaturas de Chiapas,
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Yucatán, Veracruz y el jefe de
Gobierno de Ciudad de México.
Los gobernadores que dejarán el poder son: Miguel Márquez
Márques, de Guanajuato; Graco Ramírez Garrido Abreu, Morelos; Manuel Velasco
Coello, Chiapas; Miguel Ángel Yunes Linares, Veracruz; Arturo Núñez Jiménez,
Tabasco; Rolando Zapata Bello, Yucatán; Aristóteles Sandoval Díaz, Jalisco;
Antonio Gali Fayad, Puebla, y Miguel Ángel Mancera Espinosa, Ciudad de México.
“Habrá movimiento sin duda. Las últimas campañas exitosas
para la oposición han sido las que se han basado en acusaciones de corrupción
al Gobernador en turno. Es probable que la candidata de Morena [Movimiento
Regeneración Nacional] trate de documentar actos de corrupción de Mancera; o
[Enrique] Alfaro en Jalisco al priista Aristóteles Sandoval, y así en los nueve
estados”, dijo Nicolás Loza.
La pauta, explicó el académico, ya está dada. Si no
cambia y la tendencia sigue su curso, habrá más casos o acusaciones que se
sumen a los que ya se conocen.
Pero planteó que eso se sabrá un poco antes o después de
las elecciones de julio. Lo que al parecer ya inició, las acusaciones del ex
funcionario de César Duarte también señalaron que los gobiernos de Javier
Duarte y Egidio Torre Cantú, ex Gobernador de Tamaulipas, pactaron con Manlio
Fabio Beltrones triangular recursos federales para las campañas del año pasado.
GENERACIÓN MÁS CORRUPTA DE LA
HISTORIA
En abril de este año legisladores y miembros de la
oposición dijeron a SinEmbargo que
México enfrenta a la generación de gobernadores, la mayoría priista hasta el
momento, más corrupta de la historia.
México, criticaron, se ha visto evidenciado por la
justicia de otros países en donde hacen “la chamba” que en la administración de
Enrique Peña Nieto no se realiza. Ejemplo de ello, está la detención, en
Italia, de Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex Gobernador de Tamaulipas; la
aprehensión, en Estados Unidos, del ex Fiscal de Nayarit Édgar Veytia Cambero y
el arresto del mismo Humberto Moreira Valdés en España en enero de 2015.
“Es la peor generación de gobernadores, pero esto no es
por un fenómeno cronológico, sino porque se construyó una red de impunidad que
viene desde Los Pinos y está deteriorando a las instituciones […]. Refleja una
red de impunidad, todos estos gobernadores están conectados. Las empresas
fantasma que usó César Duarte Jáquez [ex Gobernador de Chihuahua], son las
mismas que utilizó Miguel Alonso Reyes en Zacatecas, o Javier Duarte de Ochoa
en Veracruz. Es una historia que se irá conociendo poco a poco”, aseguró Jorge
Álvarez Máynez, Diputado de Movimiento Ciudadano (MC).
Todos ellos investigados por la PGR, y varios con
procesos abiertos en cortes de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de
dinero, fueron las “jóvenes” promesas del Nuevo PRI.
Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y Roberto
Borge Angulo, por ejemplo , fueron nombrados en el extinto programa Tercer
Grado, de Televisa, como el ejemplo de la
cara del nuevo PRI por el entonces candidato a la Presidencia de la República
en 2012.
Enrique Peña Nieto sostuvo a la periodista Denise Maerker
Salmón, ante la exigencia “ponga nombres”, que el nuevo PRI –que en ese
entonces gobernaba 20 entidades– tenía cuadros renovados.
“Pongo nombres. Los gobernadores de la gran mayoría de
las entidades son jóvenes, actores de la nueva generación política: el
Gobernador de Quintana Roo, Beto [Roberto] Borge; el Gobernador de Veracruz,
Javier Duarte; César Duarte, Gobernador de Chihuahua. El Gobernador de Campeche
[Fernando Ortega Bernés]. Todos son parte de una generación nueva, que han sido
parte de la renovación del partido”, le contestó un orgulloso Peña Nieto a
Mearker.
Javier Duarte de Ochoa
(Veracruz-PRI)
EN
PRISIÓN
Javier Duarte fue Gobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 2010 al
12 de octubre de 2016.
Se encuentra en prisión en el Reclusorio Varonil Norte de la Ciudad de
México. En abril de este año fue detenido en Guatemala e ingresado en una
cárcel para reos de alto perfil, y en julio extraditado a México.
Duarte de Ochoa llevaba más de 180 días prófugo de la justicia mexicana
cuando fue detenido, más días que el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán
Loera.
La PGR ofreció una recompensa por información sobre el paradero del ex
Gobernador, quien enfrenta acusaciones de lavado de dinero y delincuencia
organizada.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las
denuncias presentadas en contra del veracruzano ante la PGR por malos manejos
del erario suman 60, con un daño patrimonial, sólo de partidas federales, que
asciende a los 60 mil millones de pesos.
El 12 de octubre de 2016, el ex Gobernador solicitó licencia para dejar
el puesto. Días después, el 17 del mismo mes, se confirmó que había una orden
de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de
delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Una
semana después, el 25 de octubre, el PRI expulsó a Duarte de sus filas.
Miguel Ángel Yunes Linares, actual Gobernador de Veracruz, denunció que
Duarte de Ochoa escapó de la entidad en un helicóptero.
La administración de Javier Duarte estuvo marcada por el asesinato a
periodistas y la persecución a activistas. El fotógrafo Rubén Espinosa
Becerril, corresponsal de Cuartoscuroy de la revista Proceso en
Veracruz, fue asesinado en agosto de 2015 en la colonia Narvarte, de la Ciudad
de México, junto con otras cuatro mujeres, entre ellas la activista Nadia Vera.
Antes, Espinosa y Vera acusaron persecución del Gobierno de veracruzano y
señalaron al entonces Gobernador como responsable si algo les pasaba.
Duarte de Ochoa también duplicó la deuda de la entidad. En diciembre de
2010 recibió un adeudo de 21 mil 499.9 millones de pesos y dejó un
endeudamiento, de acuerdo con el Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de
Entidades Federativas, Municipios y Organismos al 31 de marzo de 2016 de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por 45 mil 775 millones de
pesos. Es decir, durante su periodo el adeudo se incrementó 24 mil 276.1
millones de pesos.
Roberto Borge Angulo
(Quintana
Roo-PRI)
DETENIDO
EN PANAMÁ
Roberto Borge gobernó Quintana Roo
del 5 de abril de 2011 al 24 de septiembre de 2016.
El ex Gobernador fue detenido en el
Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá en junio de este año y se encuentra
amparado para evitar su extradición a México en donde se le acusa de
corrupción.
La Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la PGR, abrió una
investigación en su contra en febrero por la venta irregular de terrenos con un
valor de hasta 5 mil millones de pesos, a presuntos prestanombres.
La Seido investiga al ex mandatario
por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre ellos,
terrenos que formaban parte del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la
Administración Pública del Estado (IPAE) y fueron ofertados a personas del
círculo inmediato al ex Gobernador, entre las que destaca su mamá Rosa Yolanda
Angulo Castilla.
La acusación formal ante la PGR es
por el enajenamiento irregular de 9 mil 500 hectáreas de zonas turísticas del
estado. La oposición, empresarios y activistas acusan a Borge de haber saqueado
a la entidad; de beneficiar a sus amigos y familiares, y de despojar de sus
terrenos a varias personas para entregárselos a desarrolladores inmobiliarios.
El pasado 3 de abril, Carlos Joaquín
González, Gobernador de Quintana Roo, dijo a Ciro Gómez Leyva que hasta ese día
no se había girado ninguna orden de aprehensión en contra del ex Gobernador, a
pesar de que se ha presentado cuatro denuncias federales y dos a nivel estatal
contra él. La orden de aprehensión fue girada hasta el 3 de junio.
El ex Gobernador recibió una deuda
total por 10 mil 037 millones de pesos y la elevó 123 por ciento, es decir 12
mil 405 millones de pesos. Al concluir su mandato dejó un endeudamiento por 22
mil 442 millones de pesos.
César Duarte Jáquez
(Chihuahua-PRI)
PRÓFUGO
César
Duarte gobernó Chihuahua del 4 de octubre de 2010 al 3 de octubre de 2016.
El
ex Gobernador de Chihuahua es buscado en 190 países acusado de presunto desvío
de al menos 14 millones de pesos de recursos públicos para beneficiar al PRI.
De
acuerdo con Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, el ex mandatario
cuenta con 10 órdenes de aprehensión en la entidad por diversos tipos de
delitos de peculado.
En
septiembre de este año Corral Jurado solicitó formalmente a la PGR la
extradición de César Horacio Duarte Jáquez, quien se encuentra prófugo de la
justicia y, se presume, está en Estados Unidos.
El
mandatario presentó expedientes que revelan la actuación del priista en la
planeación, organización y ejecución del desvío de más de mil millones de pesos
del erario público.
Con
la solicitud el Gobierno de Javier Corral entregó 70 tomos y 50 discos
compactos que contienen las carpetas de investigación con las pruebas que
sustentan la solicitud de extradición
Corral
Jurado señaló que para el desvío de recursos públicos se usaron 14 empresas
fantasma y “emergentes” con domicilio en el Estado de México, en los que operan
talleres mecánicos y casas abandonadas.
Advirtió
que hay “distintas voces que han expresado dudas sobre la actuación de la
Procuraduría General de la República en torno de este Duarte y un trato
diferenciado en torno a otros gobernadores perseguidos por la justicia. Toda
vez que en las investigaciones del fuero federal no ha habido contundencia, ni
resultados tangibles; asoma la idea en el sentido de que este sujeto cuanta con
protección del Gobierno federal y de su partido, debido a que aparentemente de
lo hurtado repartió grandes cantidades de dinero para comprar impunidad”.
La
PGR informó el 7 de junio que solicitó a la Secretaría General de la Interpol
emitir una segunda ficha roja contra el ex Gobernador de Chihuahua, César
Duarte Jáquez.
El
30 de junio un juez federal ordenó la aprehensión de César Duarte, luego de la
Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado detectara que mensualmente la
Secretaría de Hacienda descontaba entre el 5 y 10 por ciento de su salario a
los empleados de las dependencias estatales, generando un cheque de entre 1.2 y
1.7 millones de pesos cada mes.
La
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ha
solicitado en dos ocasiones la orden de aprehensión contra el ex Gobernador
sólo por los desvíos al PRI.
La
Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que al menos 79 millones de
pesos fueron retenidos a los trabajadores de las secretarías estatales.
Pero
César Duarte está denunciado desde 2014 ante la PGR por peculado,
enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de
atribuciones y facultades más lo que resulte. La denuncia fue interpuesta por
el abogado chihuahuense Jaime García Chávez por el caso del Banco Progreso,
donde César Duarte y su esposa obtuvieron acciones.
Duarte
Jáquez recibió la entidad en 2010 con una deuda de 12 mil 547 millones de
pesos. A su salida dejó pasivos por 55 mil millones de pesos; es decir,
incrementó el endeudamiento de la entidad 42 mil 453 millones de pesos.
Jorge Herrera Caldera
(Durango-PRI)
LIBRE
Jorge
Herrara gobernó Durango del 15 de septiembre de 2010 al 14 de septiembre de
2016.
En
noviembre del año pasado, las irregularidades que encontró la ASF en la
utilización de fondos federales en el estado ascendían a 4 mil 500 millones de
pesos, según lo denunciado por Héctor David Flores Ávalos, Senador del PAN, el
único de oposición por esa entidad. El legislador detalló que la ASF encontró
irregularidades en las “áreas más sensibles” como salud y educación.
Ese
mismo mes, la Secretaría de la Contraloría de Durango citó a comparecer a 14 ex
subsecretarios de la administración del priista Jorge Herrera. El organismo
solicitó que expliquen y documenten las irregularidades que se encontraron en
las auditorías que realizó la administración del Gobernador José Rosas Aispuro
Torres.
Herrera
Caldera y 26 de sus colaboradores se ampararon ese mismo mes ante una posible
orden de aprehensión en su contra, pero en diciembre un Juez federal negó el
amparo para el ex Gobernador porque no había orden de captura alguna. Adrián
Alanís Quiñones, Secretario General del gobierno entrante, dijo que esos
recursos legales fueron promovidos pese a que en ese momento no había ninguna
denuncia por parte del estado en contra del ex mandatario.
Herrera
Caldera recibió una deuda en 2010 de 3 mil 697 millones de pesos, de acuerdo
con los datos de la SHCP; y a su salida dejó un endeudamiento de 15 mil
millones de pesos, de acuerdo con las auditorías realizadas por la
administración entrante. Incrementó la deuda de Durango 11 mil 302.3 millones
de pesos durante su sexenio.
Tomás Yarrington Ruvalcaba
(Tamaulipas-PRI)
PRESO EN ITALIA
Tomás
Yarrington gobernó Tamaulipas del 5 de febrero de 1999 al 4 de febrero de 2005.
Se
encuentra preso en Italia desde abril de este año y enfrenta un proceso de
extradición a México y a Estados Unidos, luego de que la primera Corte de
Apelaciones de Florencia autorizara su extradición en septiembre.
Yarrington
era buscado por la agencia de la Administración para el Control de Drogas de
Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) desde 2012 por extorsión,
narcotráfico y lavado de dinero. De acuerdo con las indagatorias que se
realizaron en el país anglosajón el ex mandatario recibió pagos de
narcotraficantes que operaban en Tamaulipas para permitirles operar a gran
escala. Las autoridades de Estados Unidos acusan al ex mandatario de traficar
con grandes cantidades de cocaína entre 2007 y 2009.
En
agosto de 2012, el diario Reforma publicó que según una indagatoria
de la Seido, Yarrington Ruvalcaba habría recibido por lo menos 8.5 millones de
dólares del narcotráfico para financiar la campaña política para ser Gobernador
de Tamaulipas.
En
2013, la revista Forbes lo incluyó en la lista de los 10 mexicanos más
corruptos, y un año después, el 27 de febrero de 2014, la PGR extendió una
orden de aprehensión en su contra. Pero hasta noviembre de 2016 se le empezó a
buscar y el Gobierno federal ofreció una recompensa de 15 millones de pesos por
información sobre su paradero.
Francisco
García Cabeza de Vaca, actual Gobernador de Tamaulipas, dijo en entrevista con
Aristegui Noticias, que hasta octubre de 2016 el ex Gobernador contaba con
escoltas asignados por el Gobierno de la entidad, entonces encabezado por el
priista Egidio Torre Cantú.
Enrique
Ochoa Reza, presidente del PRI, informó que sus derechos partidistas fueron
suspendidos en 2012, pero no fue sino hasta el pasado 16 de diciembre que lo
expulsó a pesar de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que pesan
sobre él.
La
captura de Tomás Yarrington fue dada a conocer en abril por la PGR, como un
esfuerzo coordinado entre las autoridades italianas y las mexicanas. Sin
embargo, en el comunicado del Gobierno de Italia no se mencionó ni una sola vez
la participación de México.
Egidio Torre Cantú
(Tamaulipas-PRI)
LIBRE
Egido
Torre gobernó Tamaulipas desde el 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de
2016.
El
ex Gobernador de Tamaulipas es propietario de una mansión valuada en 340
millones de pesos, más costosa y grande que la llamada “casa blanca” de la
esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con el primer candidato
independiente a Gobernador de esa entidad Francisco Chavira Martínez. Sin
embargo, su procedencia nunca fue investigada.
Egidio
llegó a ser Gobernador tras el asesinato de su hermano, Rodolfo Torre Cantú,
quien era el candidato original del Tricolor para suceder a Eugenio Hernández
Flores.
Torre
Cantú pavimentó en 2015 una calle en el municipio de Reynosa con el nombre del
fundador del Cártel del Golfo, Juan Nepomuceno Guerra. La inversión fue de 8.5
millones de pesos, de acuerdo con el periódico El Mañana de Reynosa.
El
ex Gobernador recibió en 2011 una deuda de mil millones de pesos y en octubre
del año pasado dejó un endeudamiento por 13 mil 511.9 de acuerdo con los datos
de la Secretaría de Hacienda. Torre Cantú incrementó la deuda de Tamaulipas 12
mil 511.9 millones de pesos, debido a la adquisición de hasta 11 préstamos con
cinco bancos privados.
Eugenio Hernández Flores
(Tamaulipas-PRI)
PRESO
Eugenio
Hernández gobernó Tamaulipas del 5 de febrero de 2005 al 31 de diciembre de
2010.
El
12 de octubre de este año el Juzgado Segundo de lo Penal dictó un auto de
formal prisión en contra del ex Gobernador por los delitos de peculado y lavado
de dinero, luego de ser detenido ese mismo mes en Ciudad Victoria.
El
18 de octubre Estados Unidos solicitó la extradición de Hernández Flores a ese
país, pues lo reclama por los delitos de asociación delictuosa para cometer
lavado de dinero, fraude bancario y operar una empresa de envíos sin licencia,
pero un juez federal congeló el proceso ese mismo mes.
Desde
mayo de 2015, cuando una Corte Federal de los Estados Unidos emitió una orden
de arresto en su contra por el delito de lavado de dinero, el ex Gobernador era
un prófugo de la justicia. Eugenio Hernández fue acusado de conspirar para
lavar instrumentos monetarios y de ayudar e instigar el funcionamiento de
operaciones de dinero sin licencia.
A
pesar de ello, Egidio Torres Cantú lo invitó a su V Informe de Gobierno, al que
Hernández Flores acudió aún y con la orden de captura que pesa sobre él y el
anuncio difundido por el Buró Federal de Investigación norteamericano (FBI, por
sus siglas en inglés), que busca asegurarle 30 millones de dólares y cuatro
propiedades.
“Aprecio
mucho que me acompañen los ex Gobernadores de nuestro estado”, dijo Torre Cantú
desde el podio en alusión a Manuel Cavazos Lerma y Hernández Flores. Hernández
Flores se sentó en medio del ex Gobernador poblano, Rafael Moreno Valle Rosas,
y del ex Gobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma.
Humberto Moreira Valdés
(Coahuila-PRI)
ARRESTADO Y
LIBERADO
Gobernó
Coahuila del 1 de diciembre de 2005 al 4 de enero de 2011.
En
enero de 2016, el priista Humberto Moreira Valdés fue detenido en España por
una investigación relacionada con lavado de dinero, organización criminal,
malversación de caudales públicos, y cohecho; pero fue liberado siete días
después.
En
México existen denuncias desde 2016 ante la PGR por parte de senadores del PAN
en contra de Humberto Moreira desde 2016 por lavado de dinero y desde 2017 por
el presidente de ese partido Ricardo Anaya Cortés por enriquecimiento ilícito,
operación con recursos de procedencia ilícita y peculado.
En
abril de este año Andrés Manuel López Obrador, dirigente del partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), presentó una copia certificada de un documento
de la PGR donde consta que Felipe Calderón Hinojosa, ex Presidente de México,
antes de terminar su gestión exoneró a Humberto Moreira de una investigación
abierta durante su sexenio.
Días
después el diario español El País reveló que en junio de 2011 se inició una indagatoria
en contra de Humberto Moreira por enriquecimiento ilícito, pero que 16 meses
después fue archivada.
La
PGR concluyó en 2012 decretar el no ejercicio de la acción penal, debido a que
no pudo acreditar una violación a la Ley por parte de Moreira Valdés, publicó
el rotativo.
En
noviembre de este año la Universidad de Texas dio a conocer el informe de 53 páginas
“Control…sobre todo el Estado de Coahuila” basado en el análisis de 24
declaraciones de testigos en tres juicios federales que se realizan en San
Antonio, Austin y del Río, Texas, donde concluyó que el grupo criminal pagó
sobornos millonarios a las autoridades de todos los niveles de Gobierno en
Coahuila y Veracruz para operar con total impunidad.
En
el caso de Coahuila, uno de los documentos revela que las declaraciones señalan
sobornos en millones de dólares pagados a Humberto y Rubén Moreira a cambio del
control de la entidad.
Los
investigadores del La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas
resaltaron en su informe que el Estado mexicano no ha investigado las
declaraciones a las que ellos tuvieron acceso. Datos concretos de matanzas y
desapariciones.
“Los
testimonios y las investigaciones llevadas a cabo para estos ensayos incluyen
información clave, como los lugares donde tuvieron lugar las desapariciones y
los asesinatos. Sin embargo, los testigos dejaron en claro que el Estado
mexicano no ha llevado a cabo investigaciones sobre estos asesinatos, incluso
cuando el Gobierno de EU compartió información vital directamente”, dice en las
conclusiones.
El
informe también resalta el patrón de secuestros, asesinatos, tortura y desapariciones
del grupo criminal.
Ese
mismo mes el informe "El yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011"
exhibió que el cártel de Los Zetas hizo del penal de Piedras Negras su centro
de negocios, en donde no sólo asesinaban y desaparecían a sus víctimas, sino que
usaban las instalaciones como hotel para hacer "grandes bacanales" y
los talleres de rehabilitación para los presos en la adaptación de sus
vehículos para pasar droga a Estados Unidos, todo bajo el ojo del Gobierno
federal y del estatal.
El
investigador Sergio Aguayo Quezada, coautor de la investigación, dijo que el
penal coahuilense era una pieza fundamental en el engranaje de contrabando y
secuestro de toda la región y alertó que este caso se puede estar replicando en
otras cárceles del país en los que hay "autogobierno, que son controladas
de diferente manera por el crimen organizado".
El
ex líder del PRI sostiene una demanda por daño moral en contra del investigador
Sergio Aguayo por sus opiniones.
Moreira
no sólo goza de libertad, a pesar de los señalamientos en su contra, sino que
fue postulado por el Partido Joven a una diputación plurinominal para los
comicios de este año en Coahuila.
El
ex Gobernador de Coahuila recibió una deuda en diciembre de 2005 de 323
millones de pesos y a su salida en 2011, de acuerdo con la Secretaría de
Hacienda, dejó un endeudamiento de 36 mil 509.6 millones de pesos. El también
ex presidente del PRI nacional incrementó la deuda de Coahuila 36 mil 186.6
millones de pesos.
Rubén Moreira Valdez
(Coahuila-PRI)
LIBRE
Rubén
Moreira gobernó Coahuila del 1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2017.
En
septiembre del 2016 la bancada del PAN en el Senado de la República presentó
ante la PGR una denuncia penal en contra de Rubén Moreira por el presunto
desvío de 160 millones de pesos de las arcas públicas.
El
Senador Luis Fernando Salazar Fernández afirmó entonces que la denuncia de
hechos era contra el “moreirato”. Los desvíos se habrían realizado pagando a
empresas fantasma que no aparecen en el padrón de proveedores del Gobierno de
Coahuila. Todos los pagos fueron por adjudicación directa.
En
julio de 2016, de acuerdo con el diario San Antonio Express, Adolfo Efrén
Tavira, un miembro de Los Zetas, declaró ante una corte federal en San Antonio,
Texas, Estados Unidos, que el Gobernador recibió en 2012 una camioneta llena de
dinero del grupo criminal.
Rubén
Moreira dejó el estado con una deuda de 38 mil millones de pesos, luego de que
su hermano Huberto dejará a Coahuila endeudado con 36 mil 509.6 millones de
pesos.
Guillermo Padrés Elías
(Sonora-PAN)
AMPARADO EN PROCESO
DE LIBERTAD
Guillermo
Padrés gobernó Sonora del 13 de septiembre de 2009 al 12 de septiembre de 2015.
En
octubre Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y
Juicios Federales, resolvió a favor de Padrés Elías y le otorgó amparos al no
encontrar elementos probatorios de los delitos de lavado de dinero, evasión
fiscal y delincuencia organizada, por los cuales se le procesa desde noviembre
de 2016.
Y
aunque la PGR impugnó los amparos y la Fiscalía Anticorrupción de Sonora lo
investiga por enriquecimiento ilícito, se prevé que saldrá en libertad.
Al
ex Gobernador le fueron dictados dos autos de formal prisión por los delitos de
delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. Su
hijo Guillermo Padrés Dagnino recibió un auto de formal prisión por los delitos
de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El
hijo de Padrés fue liberado en agosto, tras casi nueve meses preso en el Centro
de Readaptación Social 1 Altiplano Almoloya de Juárez.
Guillermo
Padrés no fue aprehendido ni localizado por la PGR, pues él se entregó a las
autoridades en la Ciudad de México.
Padrés
Elías recibió una deuda en 2009 de 11 mil 258 millones de pesos y, de acuerdo
con datos de la Secretaría de Hacienda, dejó pasivos por 22 mil 780 millones de
pesos. El ex mandatario incrementó la deuda de Sonora 11 mil 522 millones de
pesos.
Rodrigo Medina de la Cruz
(Nuevo León-PRI)
EXONERADO
En
junio de 2016, el Gobierno de Nuevo León acusó al ex Gobernador Rodrigo Medina
de la Cruz, a nueve ex funcionarios, cinco ex servidores públicos, dos
alcaldes, dos diputados federales, nueve empresarios, dos funcionarios
bancarios, socios y familiares por desvíos de recursos e irregularidades por 9
millones de pesos en varias obras.
El
ex mandatario de Nuevo Léon fue acusado por la Subprocuraduría Anticorrupción
por peculado, daños patrimoniales y ejercicio indebido de funciones por
distintos apoyos a la empresa Kia Motors. Sin embargo un juez lo exoneró en
agosto de 2016 de los delitos de peculado y daños patrimoniales.
Pero
el 26 de enero de este año, Rodrigo Medina fue internado en el penal de Topo
Chico para enfrentar acusaciones por peculado y delitos contra el patrimonio
estatal de hasta 3 mil 128 millones de pesos. El ex Gobernador sólo pasó 19
horas internado y luego fue liberado.
En
2009, Medina de la Cruz recibió una deuda del también priista José Natividad
González Parás de 27 mil 70 millones. A su salida en 2015 dejó un endeudamiento
por 62 mil 946.8 millones de pesos de acuerdo con datos de la Secretaría de
Hacienda.Medina de la Cruz incrementó más del doble la deuda de Nuevo Léon con
35 mil 878.8 millones de pesos.
Miguel Alonso Reyes
(Zacatecas-PRI)
LIBRE
Miguel
Alonso Reyes gobernó Zacatecas del 12 de septiembre de 2010 al 11 de septiembre
de 2016.
El
último de los ex gobernadores del PRI que se sumó a la lista de los acusados en
diciembre del año pasado es Miguel Alonso Reyes de Zacatecas.
De
acuerdo con María Soledad Luévano, ex candidata de Morena a la Alcaldía de
Zacatecas y presidenta de la asociación civil Soledad Ciudadana, Miguel Alonso
Reyes, ahora director de Fonatur, gastó un millón de pesos diarios para
promover su imagen en diversos medios de comunicación cuando fue Gobernador de
Zacatecas.
Por
ello interpuso el 20 de diciembre de 2016 una denuncia ante la PGR por el
posible desvío de más de mil millones de pesos durante su mandato de los
programas sociales de la entidad; acusación que se sumó a la denuncia
interpuesta el 6 de diciembre por Luévano por el desvío de 307.4 millones de pesos,
que presuntamente fueron pagados a 24 empresas fantasma para la construcción de
caminos rurales en 58 municipios de Zacatecas, la población se ha acercado a
ella para hacer más denuncias.
El
ex Gobernador dejó una deuda a marzo de 2016 de 8 mil 73 millones de pesos, es
decir 7 mil 391 millones de incremento respecto a la deuda que recibió de su
predecesora Amalia García Medina, quien para 2010 registró de acuerdo con la
Secretaría de Hacienda, 682 millones de pesos.
