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El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene un pasivo de casi 19 mil millones de pesos, causado por un abandono de los gobiernos anteriores que dejaron de darle recursos y lo desmantelaron, aseguró el director de Administración y Finanzas de ese organismo, Pedro Zenteno Santaella.
Debido a esta crisis financiera, el ISSSTE se encuentra en quiebra y sólo puede garantizar su operación hasta julio próximo, advirtió el funcionario al comparecer el 22 de abril ante la Comisión de Salud del Senado.
Zenteno afirmó que los gobiernos “neoliberales” de las últimas administraciones federales llevaron al Instituto a una quiebra financiera, lo que queda en evidencia al revisar los pasivos de los últimos seis años: de 2012 a 2017 mantuvo un promedio de seis mil millones de pesos, y para 2018 ascendió a casi 19 mil millones.
“Dejó de pagar, de darle recursos al Instituto; no quiero pensar mal, si haya sido por el año electoral”, expresó el funcionario.
Agregó que gran parte (sin especificar cuánto) de ese pasivo se generó sin haber tenido insuficiencia presupuestal, lo cual significaría que las autoridades encargadas del Instituto en administraciones pasadas cometieron daño patrimonial en su contra; aseguró que “en su momento” darán a conocer los nombres de los responsables y procederán conforme a la ley.
“No puede haber impunidad. El ISSSTE es tierra de nadie (…) desmantelaron la institución, hasta el carrito de anestesia está subrogado. La realidad supera la ficción en el ISSSTE”, puntualizó el funcionario.
Focos rojos
El director de Normatividad, Administración y Finanzas del ISSSTE detalló las causas de la “quiebra financiera” en la que se encuentra, empezando por la discrecionalidad en las compras.
“Tenemos el problema de las delegaciones, que al amparo de la autonomía de gestión realizan de manera libre muchas de las compras y ahí probablemente hay focos de corrupción muy importantes”, dijo, y admitió que en la administración actual no hay evidencia de que esas prácticas se hayan terminado.
Señaló que el Instituto ha sido un botín político para grupos que se los “entregaban” a candidatos que perdían una elección a gobernador o a diputado, y se comprometió a generar, en el nuevo gobierno, lo necesario para poner orden administrativo y entregar resultados.
“Espero que en octubre que nos volvamos a ver les podamos hacer un planteamiento muy claro de cómo se ha avanzado, pero reitero la quiebra del instituto, tampoco somos magos”, dijo.
Otra de las causas que apuntó el funcionario fue el contrato que el ISSSTE firmó con el proveedor SILODISA, que le presta servicios de distribución de medicamentos y material de curación, con vigencia del 6 de junio de 2017 al 5 de junio de 2020, por un monto de tres mil 331 millones. Esta empresa, indicó, le cuesta al instituto 13 mil 370 millones de pesos al año, siendo un servicio que la institución podría llevar a cabo por sí misma.
“Hay que recordar que nos encontramos con que el ISSSTE no tiene cadena de abasto, se desmantelaron los almacenes, lo que llevó a la contratación de esta empresa, se subrogó o se privatizó. Se ha hablado con el director general de la necesidad de recuperar la cadena de almacenamiento y distribución del instituto, podemos tener ahorros sustantivos”, precisó.
Otra afectación al Instituto es que tiene 200 obras abiertas y en proceso de finiquito, lo que no se ha concretado por irregularidades en el proceso de construcción, “por corrupción de las empresas”.
También lo afecta que la contratación es descentralizada lo que ha provocado discrecionalidad en las compras, y que muchas de ellas se hagan con sobreprecio, como en el Hospital 20 de noviembre, donde aseguró que se compra un antibiótico fungicida en dos mil 640 pesos, cuando en el área central se adquiere en 208 pesos: 1,168% más caro. “Necesitamos controlar, centralizar, poner orden”, reiteró.
Agregó que hay pagos pendientes en la subdirección de personal; adeudos por vales de fin de año, por el fondo de ahorro de personal civil y partes proporcionales de aguinaldo por más de mil 600 millones de pesos. El pasivo laboral, en tanto, asciende a cuatro mil 635 millones de pesos, por lo cual el ISSSTE tiene 17 mil 488 juicios laborales en curso, “que ponen al instituto en una situación muy grave desde el punto de vista presupuestal”, dijo.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que el ISSSTE atraviese por una crisis.
Existe un problema de déficit financiero heredado, pero se va a resolver, sobre todo porque hay disciplina en el manejo del presupuesto, no hay corrupción y ya no se condonarán impuestos a los grandes contribuyentes, dijo este martes durante la conferencia matutina.
El mandatario dijo que el caso del ISSSTE al igual que con Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dejaron al instituto muy mal: “Sí hay un problema heredado de tipo financiero, pero lo vamos a resolver”.
Precisó que el gobierno federal cuenta con un plan de rescate para el ISSSTE, como para todo el país, puesto que se debe garantizar la seguridad social de la población.
IMSS y PEMEX también denunciaron abandono
En la comparecencia ante legisladores también estuvieron presentes representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Petróleos Mexicanos (Pemex), en tanto la petrolera tiene su propio servicio de salud para sus trabajadores. Flavio Cienfuegos, director de Administración del IMSS, denunció que entre 2013 y 2019 (la administración del expresidente Enrique Peña) casi el 70% de las adquisiciones de medicamentos se hizo sólo con cinco proveedores, por un monto de 150 mil millones de pesos.
Agregó que en algunas compras, como los guantes de látex, hay sobrecosto de 174 millones de pesos, que habrían sido suficientes para pagar a 425 enfermeras generales o para la renta de 418 ambulancias adicionales en un año.
Además, el funcionario aseguró que de 114 proveedores adjudicados en el IMSS, 96 han tenido algún incumplimiento, con un monto que supera los 400 millones de pesos.
En su oportunidad, Roberto Lehmann, subdirector de servicios de Salud de Pemex, aseguró que su administración recibe un sector salud en donde el mantenimiento “no existe”, con hospitales que no han recibido mantenimiento durante cuatro o seis años, bajo el argumento de que no había recursos para ello.
Coincidió en que otro de los grandes problemas de las instituciones de salud pública es el sobrecosto en las compras, que en Pemex llega a ser de 10 o 15 veces el costo real; y aseguró que la petrolera estatal tiene una deuda de mil 100 millones de pesos en contratos de subrogación.
“Tenemos equipos obsoletos que no dan una función adecuada. La mala planeación que nos entregaron del servicio médico no tiene presupuesto asignado para renovación de tecnología, por lo tanto no podemos redirigir recursos. Falta material humano, médicos con años haciendo comisiones sin base. No me pregunten por qué pero eso es lo que recibí”, puntualizó Lehmann Mendoza.
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