El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se limitará a tener una “relación de carácter institucional” con el Poder Judicial. Así lo adelantó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que encabezó la conferencia de prensa presidencial de este lunes después de que se diera a conocer que el mandatario se enfermó de covid-19 por tercera vez. Antes de ausentarse, el presidente instruyó a los miembros del Gabinete a “no contestarles ni el teléfono” a los ministros de la Suprema Corte, en respuesta al fallo para que la Guardia Nacional tenga obligatoriamente un mando civil. López dijo también que la presidenta del alto tribunal, Norma Piña, solicitó al Ejecutivo la presencia de ese cuerpo de seguridad para resguardar las instalaciones del recinto judicial ante la convocatoria de una concentración de cinco días por parte de simpatizantes de López Obrador esta semana.
López señaló que la petición de Piña se hizo por “la vía oficial, institucional” a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. La Corte decidió la semana pasada que el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) era inconstitucional y devolvió el mando a la cartera encabezada por Rodríguez. El secretario de Gobernación, uno de los principales operadores políticos de López Obrador, repitió varias veces la palabra “institucional” para explicar cómo se darían los contactos entre ambos poderes a partir de la molestia del presidente por el fallo sobre esa corporación, la principal apuesta de su política de seguridad. “Se acordó dar un tratamiento institucional a esa solicitud”, dijo sobre la respuesta que dio el Gobierno. “Debe existir entre los tres poderes de la Unión una relación de carácter institucional”, afirmó. “Así va a ser la relación”, insistió.
“¡Mega plantón en la Suprema Corte!”, se lee en el cartel de convocatoria de la red Escudo AMLO. “El rostro de la corrupción: Norma Lucía Piña Hernández”, agregan los simpatizantes del presidente, que han llamado a concentrarse frente a la sede del Poder Judicial, en el centro de Ciudad de México, del 24 al 28 de abril. En el último parte de manifestaciones y plantones de la Secretaría de Seguridad de la capital se da cuenta de la “recolección de firmas a favor de una iniciativa de ley ciudadana con la finalidad de renovar al Poder Judicial de la Federación”, también en la almendra central, a cargo del Frente Nacional Obradorista.
Piña fue designada en enero pasado como la primera mujer en estar al frente de la Suprema Corte y se ha convertido en el blanco de las críticas y los reclamos de los seguidores del presidente. Durante su gestión, el pleno del alto tribunal suspendió la reforma electoral de López Obrador, el llamado “plan B” del presidente para acotar las facultades y recortar la estructura operativa del Instituto Nacional Electoral (INE). También ha admitido a trámite varias impugnaciones de la oposición y organismos públicos autónomos. “Apenas llegó se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, aseguró el mandatario a principios de marzo. Los opositores, en cambio, han celebrado la actuación del Poder Judicial como contrapeso del poder presidencialista.
Las tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial llegaron a un nuevo pico cuando seguidores del Gobierno quemaron un muñeco de Piña durante una marcha encabezada por López Obrador para conmemorar el aniversario de la Expropiación Petrolera, el 18 de marzo. “Hay formas de protestar sin llegar a esos extremos”, dijo López Obrador a las bases de Morena, su partido. Después, reclamó a los medios de no informar de cuando los opositores queman muñecos inspirados en él. Los tres meses de Piña al frente de la Corte han estado marcados también por el asedio de manifestaciones y movilizaciones oficialistas. Reacia a los reflectores, la ministra presidenta ha evitado entrar en polémicas y tener contadas apariciones públicas. El Poder Judicial calificó los actos como “manifestaciones de odio”.
Antes de que tuviera que ausentarse de una gira por Yucatán tras enfermarse de covid-19 este fin de semana, López Obrador dijo el viernes pasado que los ministros de la Corte lo buscaron para negociar el plazo del traslado de la Guardia Nacional de la Sedena a la Secretaría de Seguridad. “No, nada de negociación, esto tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito”, afirmó el presidente. El traspaso tendrá que concretarse el próximo año, según la sentencia del tribunal.
Seis de cada diez mexicanos, un 61%, han expresado su confianza en la Suprema Corte, según una encuesta que publicó el periódico El Financiero el mes pasado, tres días después de la quema del muñeco de Piña. La aprobación de López Obrador estaba ligeramente por debajo, con un 54%. La mayoría de los encuestados, sin embargo, un 48%, consideró que el presidente había sido respetuoso en sus críticas a la ministra Piña. El 37% aseguró que se había excedido.
EL PAÍS
