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(Proceso).– Los 11 meses que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dejó de administrar el Poder Judicial de la Federación (PJF), para volver a su lugar como integrante de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se caracterizaron por mostrarlo totalmente ajeno a la dinámica interna del Máximo Tribunal.
Como presidente de la Corte se caracterizó por emitir posiciones sobre cualquier tema que estuviera en debate público, realizaba conferencias de prensa mensuales y trató de mantenerse vigente mediante sus redes sociales incursionando en Instagram y TikTok.
Su afinidad política con el presidente Andrés Manuel López Obrador lo llevó a abanderar un “rescate del PJF” mediante la presentación de una reforma judicial que, por un momento, acalló las críticas del Ejecutivo federal a los integrantes de los órganos jurisdiccionales federales.
La propuesta incluyó la llamada “Ley Zaldívar”, con la que, vía un artículo transitorio, se establecía la ampliación de su mandato como presidente de la Corte por dos años más, es decir, terminaría en 2024, con el sexenio de López Obrador, bajo el argumento de que él podía completar la implementación de la mediática reforma judicial.
En agosto de 2021, a unos días de que el Pleno de la Corte entrara al análisis de esta parte de la reforma, Zaldívar anunció públicamente que declinó la posibilidad de ampliar su mandato al frente del PJF, independientemente de lo que resolvieran sus compañeros.
Añadió que informó su decisión al presidente López Obrador durante un desayuno que tuvieron en Palacio Nacional.
“Le comenté sobre esta decisión como una deferencia, derivada del constante apoyo y respaldo que él ha dado a la renovación del Poder Judicial. Él me expresó su apoyo y respeto a esta decisión que estoy tomando”, declaró en su conferencia de prensa del 6 de agosto de 2021.
Proceso informó (No. 2410) que antes de ser presidente de la Corte, Zaldívar Lelo de Larrea llevaba una estrecha relación de amistad con Norma Piña, quien lo sucedió al frente del PJF. Sin embargo, durante su mandato en el Máximo Tribunal, la dupla se rompió en medio de constantes desencuentros en el Pleno.
El distanciamiento de la ministra Piña sirvió para que, cuando Zaldívar dejó la Presidencia de la Corte, se alejara también de la vida jurisdiccional del país; conformó un bloque bien definido con Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel para votar acorde con los intereses del mandatario federal y continuó con la colocación de su imagen en redes sociales como fan de la cantante estadunidense Taylor Swift y maestro de Derecho en TikTok.
Como parte de este bloque, Zaldívar emitió votos que le valieron duras críticas, como el de la discusión sobre la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Durante ese debate Zaldívar indicó que no se prohíbe en la Constitución que las corporaciones de seguridad pública tengan disciplina militar e incluso esto resulta deseable.
Añadió que esto no implicaba militarizar la Guardia Nacional, pues, aunque la Sedena y la Secretaría de Marina son dependencias militares, al estar al mando del presidente de la República tienen una naturaleza civil.
“Esto es algo que no sólo no está prohibido, sino que resulta, incluso, deseable si se toma en consideración que los cuerpos policiales que han tenido más éxito en derecho comparado son aquellos que han adoptado precisamente este esquema; en contrapartida a aquellas instituciones policiales que han quedado exentas de sistemas disciplinarios propios del ámbito militar, han probado ser mucho menos efectivas como lo demuestra la fallida estrategia de seguridad que prevaleció en nuestro país en las últimas décadas, y que favoreció la infiltración del crimen organizado entre sus filas incluso al nivel del mando más alto”, expuso en la sesión del 17 de abril último.
El silencio del ministro
En mayo siguiente Zaldívar se pronunció por avalar el acuerdo del Ejecutivo federal en el que declaró que las obras y proyectos como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles son de interés público y de seguridad nacional, lo que mantendría reservada toda la información de los mismos.
Ante la lluvia de críticas, el expresidente de la Corte explicó en redes sociales sus razones para votar contra la inconstitucionalidad del decreto presidencial.
“Lo que busca es que no se entorpezca la celeridad en la que se tienen que hacer las obras, sobre todo prioritarias del gobierno federal.
“No limita el que los ciudadanos podamos acceder a la información, esto se puede hacer a través de lo que se conoce en la teoría como una prueba de daño”, indicó.
En octubre pasado el PJF protagonizó una dura afrenta con los poderes Ejecutivo y Legislativo ante la presentación de una iniciativa de reforma para eliminar 13 de los 14 fideicomisos que tiene.
Lo anterior derivó en el inicio de un paro nacional de labores, convocado por los sindicatos de trabajadores del PJF; manifestaciones en todos los edificios judiciales, una marcha nacional, enfrentamientos entre elementos de la Secretaría de Seguridad capitalina y trabajadores, y diversos pronunciamientos desde la Corte y el Consejo de la Judicatura para explicar que la eliminación de los fideicomisos no afecta a los ministros, como afirmó el presidente López Obrador, sino a los trabajadores.
Zaldívar guardó silencio y en sus redes sociales continuó compartiendo videos explicando algunos conceptos de derecho, así como recomendando películas, haciendo trends de inteligencia artificial, destacando su gusto por Taylor Swift o, incluso, jugando videojuegos como en el último video de su cuenta de TikTok, publicado un día antes de presentar su renuncia.
Sobre los fideicomisos o los ataques del Ejecutivo y el Legislativo a los integrantes del PJF no se pronunció ni en las columnas que escribe para medios de comunicación.
Escándalo del tiktoker
Aunque Zaldívar ya no era presidente de la Corte, en marzo último se dio a conocer que los últimos meses de su mandato contrató a un influencer conocido como Cristian Magazo para asesorarlo y promocionar su imagen en TikTok.
Cristian Édgar Guerrero Flores consiguió un contrato por 93 mil 522 pesos durante los últimos cinco meses de 2022 como asesor de Zaldívar para generar contenido en dicha plataforma y otras redes sociales.
Una vez que Zaldívar dejó la Presidencia de la Corte, el influencer fue contratado para trabajar en su ponencia, por un sueldo de 36 mil 117.8 pesos mensuales libres de impuestos como asistente de gestión y seguimiento, puesto en el que supuestamente manejaría información confidencial y valores, y cuya designación dependía únicamente del ministro.
La contratación, pese a que el Manual General de Puestos de la SCJN establece que dicho cargo requiere preferentemente contar con título y cédula profesional afín a sus funciones y dos años de experiencia profesional y/o laboral.
Proceso informó el 29 de marzo pasado que el creador de contenido reveló en una transmisión en vivo por TikTok que no tiene título profesional e intentó defenderse de los cuestionamientos sobre su contratación como asesor de Zaldívar.
“La Corte contrató un abogado con un chingo de seguidores para asesorar a toda el área de Comunicación del Poder Judicial de la Federación”, dijo.
Argumentó que, pese a no contar con título y cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, es un abogado que ha tomado cursos y se ha capacitado para asesorar a cualquiera en términos de comunicación digital, pues indicó que pocos abogados conocen de este tema.
El golpe mediático para Zaldívar fue muy grande y en mayo último Cristian Magazo informó a sus seguidores que presentó su renuncia a la Suprema Corte, aunque inicialmente señaló que se trató de un despido.
Proceso confirmó que, luego de darse a conocer la contratación del influencer durante la presidencia de Zaldívar y su posterior incorporación al Máximo Tribunal, el ministro decidió prescindir de sus servicios.
“Digamos que soy muy público para la Suprema Corte y era difícil hacer esta distinción de mi vida como trabajador de la Corte y como creador de contenido”, justificó el joven.
