Noticias de Yucatán.
La denuncia anónima presentada en contra de Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señala a cuatro altos mandos del Poder Judicial de la Federación y el Gobierno Federal de presionar a más de 70 jueces y magistrados para conseguir una resolución favorable en al menos 18 casos emblemáticos para el gobierno del mandatario Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la demanda, los altos mandos que presuntamente ejercieron dicha presión fueron Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y actual titular de la Unidad de Desarrollo Democrático en la Secretaría de Gobernación; Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República; Édgar Manuel Bonilla del Ángel, exdirector del Instituto de Concursos Mercantiles y Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y actual secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de la ministra Lenia Batres.
La acusación anónima fue presentada, según la misma, por el supuesto “tráfico de influencias, corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito, acoso sexual y laboral, uso indebido del cargo, suplantación de funciones, cohecho y las conductas que resulten, realizadas por los personajes mencionados durante la gestión de Arturo Zaldívar Lelo de la Rea como ministro del CJF, bajo su tolerancia, contubernio, protección, colaboración, auxilio, confabulación, amparo, complicidad o como quiera llamarse siempre con el objeto de obtener beneficios económicos o capital político”.
En ella, se asegura que los personajes mencionados presionaron a diversos jueces y magistrados para resolver de manera favorable en casos que para la actual administración resultaban imprescindibles, tal como La Estafa Maestra, Emilio Lozoya (Odebrecht y AgroNitrogenados) e Infonavit, así como fallos en temas referentes al Tren Maya, los Aeropuertos de Texcoco y Santa Lucía; así como lo relacionado a la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, entre otros.
La confesión de López Obrador sobre su influencia en decisiones de jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, a través de llamadas con Zaldívar para pedirle que “interfiriera en diferentes procesos judiciales en beneficio de sus intereses”, también forma parte de la narrativa de la denuncia, razón por la cual se infiere que esta fue presentada entre 21 de febrero y el 9 de abril de 2024, cuando la ministra Norma Piña, en su calidad de presidenta del CJF, recibió esta denuncia contra Zaldívar y sus colaboradores más cercanos por supuestos actos de corrupción y “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial.
¿Qué señala la denuncia?
De acuerdo con la narrativa de los hechos, cuando el Ejecutivo federal era informado de algún asunto llevado ante instancias federales, Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la presidencia, intervenía para obtener una determinación en un sentido en específico o para acelerar su resolución.
“En la mayoría de los casos Scherer exigía a la parte interesada (particular o gobierno) trabajar directamente con alguno de los despachos sobre los que tiene influencia, siendo el favorito “Rivera-Gaxiola y Asociados” o bien con la defensoría pública federal, donde Netzaí Sandoval facilitaba todo el proceso y se designaba a un defensor o asesor a modo”.
El siguiente paso, según la denuncia, consistía en que Scherer se entrevistaba con Zaldívar o Alpízar solicitándoles intervenir en dichos casos para que los juzgadores y magistrados resolvieran en determinado sentido. Después, Zaldívar, de forma directa o indirecta, presuntamente llamaba o citaba a los jueces y magistrados al edificio del CJF “sin prevenir a los titulares sobre los motivos de su citación”.
“Al acudir el juzgador a la cita impuesta era recibido en el último piso del edificio central, al cual se prohibía la entrada a cualquier persona ajena a estos actos viles y corruptos, ya que era un verdadero búnker siempre resguardado por un gran número de personal de seguridad que no tenía empacho en mostrar armamento con fines de intimidación y hacer patente el poderío de Alpízar, evitando así testigos no deseados, lo que contribuía al ambiente amenazante que querían crear”, señala el documento.
También refiere que antes de hacerlos pasar a la oficina los obligaban a dejar cualquier aparato electrónico afuera, para no dejar huella, y dentro los recibían no solo funcionarios del Poder Judicial, sino también funcionarios de Gobernación y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La denuncia acusa que para garantizar que se tomarán las resoluciones indicadas, les informaban a los juzgadores sobre falsas acusaciones ante la Fiscalía, disfrazando sus peticiones con un “ten cuidado con…” e incluso incluso amenazando con investigaciones, procedimientos administrativos, cambios de adscripción, postergar o negar ratificaciones.
“De igual forma se usaba al Instituto Federal de Defensoría, pues por conducto de Netzaí Sandoval se presiona a los defensores y asesores jurídicos para que actuaran de la forma más conveniente para sus intereses, aunque para ello se tuviera que afectar los intereses de sus representados”, dice la demanda.
Al respecto, Netzaí Sandoval, a través de un hilo publicado en sus redes sociales, aseguró que en ninguno de los casos anteriormente señalados participó el IFDP. “¿Cómo favorecí a alguien en casos que no llevé?”, cuestionó.
Mientras que el titular del órgano jurisdiccional es señalado de aceptar actuar de acuerdo a los intereses del Gobierno Federal o de lo contrario, con pretexto de nepotismo, acciones afirmativas o medidas de necesidad, se les cambiaba de adscripción de manera inmediata. Con ello, buscarían crear integraciones a modo para asuntos específicos e incluso denuncia que se inventaron procedimientos administrativos para suspender o hasta destituir al juzgador, provocando “graves afectaciones a su salud llegando incluso a la muerte”.
“Cabe mencionar que no contamos en este momento con algunos datos específicos, no obstante, eso no debe ser motivo para desechar esta queja, pues de su lectura se puede advertir claramente a qué asuntos y a quién o quiénes nos referimos y dado que el CJF cuenta con todos los instrumentos necesarios para localizarlos deberán hacer uso de ellos para la labor de investigación a la que están obligados”, reconoce la propia persona denunciante.
De acuerdo con el documento de admisión de la demanda, quien ejerció principalmente presión contra más de 70 jueces y magistrados fue Carlos Antonio Alpízar Salazar, a quien se le acusa por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción y extorsión.
Sobre el primer delito se menciona que Alpízar “se puso a las órdenes” del exconsejero jurídico Julio Scherer, lo que supuestamente “le valió obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos, es propietario de ranchos, terrenos, casas, autos, todas propiedades millonarias”.
Incluso señalan que supuestamente organizaba reuniones “en un rancho o restaurantes caros en la Ciudad de México” con titulares de órganos judiciales para platicar asuntos, sobre todos los relacionados al Centro Federal de Readaptación Social 1, mejor conocido como “Altiplano”.
Según la denuncia, las reuniones entre juzgadores y autoridades de la Sedena o Gobernación, se organizaban especialmente en asuntos de materia mercantil y penal, con el propósito de socavar la independencia de los juzgadores, reuniones que se realizaban bajo el argumento de “sensibilizar” a los jueces y magistrados.
Por su parte, las conductas imputadas a Julio Scherer en el acuerdo de admisión de la denuncia son confabularse con el entonces ministro Zaldívar para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales.
Sin embargo, en la denuncia anónima se describe que en algunos casos el propio Scherer habría acudido a los órganos jurisdiccionales a presionar a sus titulares, bajo la anuencia del exministro Arturo Zaldívar.
“Sabemos que acudió al Sexto Tribunal Colegiado Civil de la Ciudad de México con el magistrado Ismael Hernández, a quién presionó con un cambio de adscripción, para que recibiera a los abogados de una de las partes de un asunto en el que se dilucidaban grandes cantidades de dinero y avisara al mismo Scherer antes del dictado de la resolución”.
De igual forma, acusan que se presentó al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, en 2021, para presionar a los tres magistrados respecto de uno de los asuntos de sus despachos favoritos, y solicitó que le avisaran por conducto de Alpízar el sentido de la resolución que se dictara, advirtiéndoles que “lo revisaran con mucho cuidado y evitaran problemas”.
A Édgar Manuel Bonilla, extitular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, se le señala por el delito de “delincuencia organizada institucional”, pues presuntamente utilizaba a al Instituto para presentarse en los asuntos relativos a concursos mercantiles, a través de los síndicos que designaban, para que los procedimientos siguieran un determinado sentido.
“Así las empresas que antes del gobierno de Morena tenían contratos vigentes y permisos otorgados por PEMEX, pero que resultaron un estorbo fueron en su mayoría presionadas por el Instituto por conducto de su director o en algunos casos de sus síndicos para declararse en quiebra a cambio de sobornos y prometiéndoles que así no pagarían nada a sus acreedores, si aceptaban se les pagaba y una vez declarada la quiebra la empresa de los protegidos por el presidente podría hacerse de los jugosos contratos”, señala la denuncia.
Si la empresa no aceptaba las condiciones impuestas, de acuerdo con los detalles del documento, el Instituto era el encargado de realizar prácticas dilatorias, solicitudes sin fundamento y recursos innecesarios a fin de retrasar el procedimiento o bien evitar la ejecución de resoluciones que pudieran beneficiar económicamente a la empresa, aprovechando además sus contactos en instituciones bancarias.
“Es importante resaltar que los vocales del instituto fueron nombrados por Zaldívar sin que cumplieran con el perfil para un puesto tan relevante, y respecto de los síndicos no es distinto pues en su mayoría no están calificados para realizar sus labores, además de que su asignación en los asuntos en los que participan se realiza sin ninguna transparencia, colocándolos a modo de acuerdo a la relevancia y monto del asunto”.
Finalmente, Netzaí Sandoval, es acusado en la denuncia por el presunto delito de corrupción, principalmente porque a través del IFDP supuestamente “se presionaba a los defensores y asesores para que actuaran conforme a sus intereses”.
Hasta el momento, Netzaí es el único funcionario que ha negado y desmentido las acusaciones en su contra, por lo que incluso exigió que se investigue quién ordenó la filtración de la denuncia y el acuerdo inicial de su admisión.
A través de su cuenta de X, Sandoval señaló que las personas que no resguardaron los documentos de la denuncia violaron el artículo 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que podría hacerlos acreedores a una sanción.
Respecto a las acusaciones sobre que supuestamente “contrató a defensores que no cumplían con el perfil como Quezada, Ortega, Albores”, Sandoval informó que los mencionados son “Doctores en Derecho, Fiscales y además dos de ellos aún trabajan en el IFDP -como directores de área- con la nueva administración”.
“Si no cumplían con el perfil ¿Por qué siguen ahí? Cada nombramiento de la Defensoría era aprobado por la Comisión de Administración del CJF. No podría haber contratado personas que carecieran del perfil para ser defensoras o asesoras jurídicas”, escribió.
El único tema que no mencionó el exdirector del IFDP fue el referente al caso Wallace, donde presuntamente ordenó que la línea que se siguiera debía ser “conseguir a costa de lo que sea la libertad de los implicados”, caso que se encuentra próximo a ser discutido por el Máximo Tribunal del país.
Finalmente, entre las áreas del Consejo más usadas para supuestamente presionar a jueces y magistrados también se encuentran la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo del magistrado Jaime Santana Turral; la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, ello a través de presuntas amenazas de declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes o inventando algunas.
Los casos emblema de la 4T y la “presión de la presidencia del CJF”
El caso de La Estafa Maestra, un sistema de corrupción en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto a través del cual dependencias de gobierno, universidades públicas y empresas fantasma triangularon miles de millones de pesos del erario público, forma parte de los casos emblema de la Cuarta Transformación que habrían sufrido “presión de la presidencia del CJF” para obtener resoluciones a modo.
Así lo señala el documento de denuncia en el que se menciona que este caso forma parte de asuntos como Cruz Azul, la familia Jenkins, el fraude al Infonavit, entre otros, que fueron resueltos por parte del juez Iván Zeferin bajo presión de Scherer y Zaldívar.
También se menciona al juez Felipe Delgadillo Padierna como encargado del “expediente de Rosario Robles, personaje que este gobierno usó como emblema de su ‘lucha contra la corrupción’” en el que supuestamente se modificaron los turnos y se realizaron los ajustes necesarios para que fuera él quien emitiera la resolución en el caso.
Otro de los temas mencionados en la denuncia es el referente al de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por los casos conocidos como AgroNitrogenados y Odebrecht, en los que supuestamente se presionó a magistrados y jueces para que resolvieran conforme a los intereses del gobierno.
“A la magistrada Cristina Porras, de nuevo bajo el mismo modus operandi descrito en párrafos anteriores, Alpízar la presionó para que resolviera en el caso Lozoya conforme a los intereses que en ese momento tenía el Ejecutivo al respecto, insistiéndole que si hacia eso se le exoneraría de una queja administrativa que tenía junto al magistrado Trujillo Salceda”.
Ante la negativa de la magistrada, se indica que el ministro Zaldívar, por conducto de Jaime Santana, Carlos Alpizar y Arturo Guerrero, “hicieron su vida imposible, llegando al punto de ser readscrita en múltiples ocasiones buscando someter su voluntad”.
En este mismo caso, a la jueza Sandra Robledo Magaña supuestamente la citaron al piso 14 del edificio central del CJF, donde Alpízar le informó que en ese asunto había fuerte interés tanto de Zaldívar como del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ambos habían sido atacados por el propio Lozoya.
Sobre el caso Infonavit, la denuncia señala que el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Toluca, Estado de México, conoció un asunto de defraudación por millones de pesos en el que estaban involucrados altos funcionarios del Infonavit y diversos particulares.
“En ese caso sabemos (que) se llamó al juez Adrián Rivera para que de forma urgente se presentara en las Oficinas del CJF, por supuesto sin decirle el motivo. Una vez en el piso 14 de ese edificio se puso en marcha el sistema ya probado, fue recibido por Carlos Alpízar y una persona perteneciente a Gobernación, quienes le señalaron que existían rumores y una denuncia ante la FGR, en donde se le acusaba de haber recibido dádivas de una de las partes involucradas”.
Sin embargo, debido a que el ahora magistrado no sucumbió, dice la denuncia, fue adscrito a Guanajuato, a sabiendas que su familia vive y labora en la Ciudad de México. Luego le tocó el turno de atender el caso al magistrado José Nieves Luna Castro, quien supuestamente fue acosado mediante llamadas telefónicas constantes, amenazado por esta vía e investigado en sus finanzas a fin de encontrar algo que pudiera ser utilizado para extorsionarlo.
En este caso, durante años la familia Zaga Tawil, señalada por la presunta indemnización irregular de más de 5 mil millones de pesos que recibieron del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se han mantenido firmes en acusar que las principales autoridades del país los han perseguido, intimidado y extorsionado desde entonces.
Otro ejemplo fue el referente a los amparos y suspensiones que se otorgaron en torno al llamado Tren Maya, en el que se acusa que uno de los jueces que sufrió presión al punto de la persecución fue Adrián Novelo, que estando adscrito en Mérida, Yucatán, se le obligó a acudir a las oficinas del CJF en la Ciudad de México.
“Una vez más Carlos Alpízar, con la única finalidad de coaccionarlo por medio de amenazas para que emitiera resoluciones favorables a la Presidencia de la República, le exigió dejara de conceder suspensiones para las obras del Tren Maya, no obstante dado lo mediático del asunto no pudieron readscribirlo ni cumplir otra de sus tantas advertencias”.
Respecto a este tema, en la denuncia se señala que Zaldívar instruyó directamente a Daniel Álvarez para que se trasladara a Cancún, Quintana Roo, con la finalidad de “sensibilizar” a los juzgadores que pudieran recibir amparos relativos a la obra del Tren Maya, para que no concedieran suspensiones que impidieran continuar con la construcción.
Otros casos similares abarcan temas como los Aeropuertos de Texcoco y Santa Lucía, y la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, acciones promovidas por el presidente en la actual administración.
Arturo Zaldívar acusó a la actual ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, de presionar a jueces y magistrados para declarar en su contra con fines político electorales, y anunció que promoverá un juicio político contra ella, y presentará diversas denuncias.
“Quiero decirles que tengo conocimiento que se está presionando a jueces y magistrados para que declaren en contra nuestra, ya sea en los medios o en los puestos administrativos, por lo que quiero decir enérgicamente que estaremos muy pendientes y cuando tengamos evidencia de lo que está sucediendo haremos las denuncia públicas y jurídicas que correspondan”, dijo en una conferencia en la que estuvo acompañado por Mario Delgado, presidente nacional de Morena.
Por lo anterior, señaló que también presentarán denuncias por “falsedad en la declaración” en contra de cualquier persona, incluyendo a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.
Sobre las denuncias, informó que serán presentadas ante diversas autoridades por delitos contra la administración de justicia, ejercicio ilícito del servicio público y uso ilegal de fondos, entre otros, por la supuesta “intervención indebida en el proceso electoral” de la ministra Piña.
En total se trata de dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), dos ante la Fisel, una ante el Instituto Nacional Electoral (INE), una ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), otra ante la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la solicitud de juicio político.
