Noticias de Yucatán.
A Juan Martín Rivera, un mecánico de 27 años, se lo llevaron de afuera de su casa en la comunidad de Tacoaleche, municipio de Guadalupe, el 28 de febrero de 2023. Leticia Casillas recuerda que era mediodía cuando hombres armados se detuvieron al lado de Juan mientras reparaba su coche y lo subieron a la fuerza en una camioneta; desde entonces no sabe nada de su hijo.
Leticia es una de las cerca de 200 madres buscadoras, integrantes de la Unión de Colectivos de Personas Desaparecidas del Estado de Zacatecas, que marcharon el 10 de mayo en protesta por el aumento de las desapariciones en la entidad. Las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) establecen que 2023 fue el año con mayor número de víctimas de este delito en Zacatecas: 706 personas.
Una cifra que, según Leticia, podría ser más alta. “Mucha gente no se atreve a denunciar”, asegura. “Por miedo, muchos no tienen ni cédula [de búsqueda] ni nada”.
Para visibilizar las desapariciones y unificar sus exigencias, las familias crearon a principios de 2023 la unión de colectivos, integrada por cinco de los seis grupos de búsqueda que existen en el estado. Siguiendo tu Rastro con Amor, Ángeles Rastreadores con Amor hasta Encontrarlos, Buscadoras Zacatecas, Ranades Zacatecas y el colectivo de acompañantes solidarios Sangre de mi Sangre representan a más de 400 familias de la entidad.
Ubicado en el centro norte del país, Zacatecas se ha convertido, de acuerdo con las autoridades estatales, en una de las rutas del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, lo que ha provocado una sangrienta disputa por el territorio por parte de cinco grupos del crimen organizado. El conflicto ha dejado como saldo enfrentamientos armados, asesinatos y desplazamiento forzado. La Comisión Local de Búsqueda de Personas (CLBP) ha asegurado que una de las causas de las desapariciones es el reclutamiento de jóvenes, que son obligados a trabajar para los cárteles.
“Nos damos cuenta de que, sobre todo, los hombres que se han llevado tienen perfiles que les sirven [al crimen organizado] como fuerza de trabajo, reclutamiento para las actividades que realizan; oscilan entre los 16 y los 28 años de edad. En el caso de las mujeres, nos damos cuenta de que, cuando interviene el crimen organizado, son muy pocas las que localizamos sin vida, pensando que es una cuestión de trata”, señaló Everardo Ramírez Aguayo, titular de la CLBP, en una entrevista con este medio realizada en 2022.
El comisionado agregó que, cuando los hombres conseguían escapar o regresar a casa, evitaban el contacto con las autoridades, principalmente por temor a represalias de los cárteles. “Es triste porque las secuelas de que se los hayan llevado son inmensas, y no nada más son físicas, sino también psicológicas; causan mucho impacto, no solo en la víctima directa, sino también en los familiares”, explicó entonces Ramírez Aguayo.
El reclutamiento pudo ser la causa, sospechan sus familiares, de la desaparición de Jorge Alberto Salinas, a los 17 años, en el centro histórico de la capital, la madrugada del 24 de marzo de 2017.
“Estamos preocupados por la alza en las desapariciones y hemos tenido muy poca respuesta del Gobierno del estado, incluso hemos solicitado al Gobernador que se siente con nosotras para plantearle nuestro sentir, pero hasta ahorita no hemos tenido de él alguna respuesta”, se queja Guillermina Camacho, madre de Jorge y líder de Siguiendo tu Rastro con Amor, que aglutina a unas 70 familias.
El número de desapariciones ocurridas en 2023 representa el 18 por ciento de los tres mil 853 casos registrados en Zacatecas por el RNPDNO desde 1952 hasta junio de este año. Después de que en 2021 el estado se convirtiera en un nuevo epicentro de la desaparición en México, con 848 casos que —sin una explicación de las autoridades— después se redujeron a 561, la cifra disminuyó a 436 reportes en 2022. Hasta el 26 de junio de 2024, se había denunciado la desaparición de 357 personas, una cantidad menor a la registrada durante el mismo periodo en 2023, con 407 desapariciones.
¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE LAS CIFRAS?
Mauricio Díaz Jacobo, un policía de 24 años de Fresnillo, fue secuestrado en su casa por hombres armados el 29 de abril de 2023. En la manifestación de las madres buscadoras del 10 de mayo, la familia de Mauricio se abrazaba y lloraba frente a un oso que confeccionaron con la tela de su uniforme.
“Ahorita está la cosa muy mal en Fresnillo, da temor salir. Corren mucho peligro los policías ahí, los gobiernos no los protegen, no hacen nada. La carpeta está ahí, pero nosotros no nos conformamos con eso. Mi hijo daba la vida por su trabajo y el Gobierno no lo protegió”, denuncia su mamá, Rosa María Jacobo, junto a una lona con la fotografía de su hijo, sobre la que han colocado sus botas de trabajo.
La mayoría de las víctimas de desaparición en 2023, según el RNPDNO, tiene entre 15 y 35 años de edad, y más del 85 por ciento son hombres. En el municipio de Fresnillo —uno de los más violentos del país—, con 211 denuncias, ocurrió casi una tercera parte de los casos, seguido de Guadalupe, con 76.
Un hecho que cimbró al país fue el secuestro y desaparición el pasado septiembre de siete adolescentes en la localidad de Malpaso, municipio de Villanueva. Aunque se desplegó un operativo de 300 elementos estatales y federales, sólo uno de los jóvenes regresó con vida.
“Han sido los tres peores años de la historia en el tema de la desaparición, todo ha venido empeorando. Según la ley, ellos [el Gobierno] deberían tener una política de prevención, pero eso no existe”, advierte Jairo Antonio López, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas e integrante del colectivo Sangre de mi Sangre, que ha sido fundamental para la unión de las madres buscadoras zacatecanas.
En abril de 2024, Zacatecas llegó a superar en el RNPDNO las 4,000 desapariciones. Esa cifra, dice López, colocó a la entidad en el primer puesto del delito a nivel nacional en cuanto a densidad poblacional, con una tasa mayor a las 40 desapariciones por cada 100,000 habitantes. Posteriormente, el número se redujo, sin que las autoridades hayan informado quiénes son las personas localizadas y si fueron encontradas con vida.
“[La cifra de los cuatro mil] era muy simbólica, mostraba la magnitud de la crisis, pero después disminuyeron los casos. [La fiscalía explicó que] hicieron una revisión y que había un mal trabajo, pues no se habían dado de baja personas que habían sido localizadas, pero lo hicieron sin la participación de las familias, que es una obligación establecida en Ley [General en Materia de Desapariciones]”, explica López, cuyo trabajo se ha centrado en analizar la situación de violencia por la que atraviesa la entidad.
Nadie sabe, agrega el especialista en movimientos sociales, por qué se produjo este mal manejo de las cifras. “Y si no es responsable el Gobierno ni la fiscalía ni la comisión [estatal] de búsqueda, entonces ¿quién sí lo es? Si se juega con el dolor de las familias y no se toma con seriedad el trabajo de diagnosticar la crisis de desaparición, mucho menos podemos confiar en el tipo de políticas públicas, de respuestas, de estrategias de búsqueda que tienen”.
Hasta la fecha, los colectivos nunca han sido recibidos por el gobernador, David Monreal, un morenista cuya administración inició en septiembre de 2021. En el sexenio anterior, encabezado por el priista Alejandro Tello, desaparecieron mil 261 personas, mientras que en el actual, aún no se cumple la mitad del periodo y el número ya es mayor: mil 777 personas desaparecidas.
Pese a esto, el presupuesto de la CLBP disminuyó de 2023 a 2024, al pasar de 11.5 a 10.6 millones de pesos. En los años previos, las acciones de búsqueda formaban parte de la partida Promoción de los Derechos Humanos, que incluía acciones de reconstrucción del tejido social y la lucha contra diferentes tipos de violencia, como la de género. De 2020 a 2022, dicha partida registró incrementos de cerca de cuatro millones de pesos anuales.
“Si la sociedad se uniera como debiera, no acudiría a las urnas hasta que nuestros hijos volvieran” y “Monreal, si nos vas a gobernar no nos puedes ignorar”, gritaban las madres buscadoras en la marcha del 10 de mayo. Este 2024 se renovó el Congreso en Zacatecas y la presidencia de los 58 municipios de la entidad; Morena y sus partidos aliados lograron imponerse en 26 ayuntamientos.
Monreal, incluso, se ha mostrado incómodo con las exigencias de los colectivos. Durante una manifestación realizada por las familias en el marco de la conmemoración de la independencia de México el pasado 16 de septiembre, el gobernador se levantó de su silla y abandonó el lugar cuando los colectivos lanzaron sus reclamos.
“Señor Gobernador, queremos solución, vivos se los llevaron y vivos los queremos”, gritaron cientos de manifestantes en la plaza principal del estado, frente a la sede del Poder Ejecutivo.
Guillermina Camacho, quien participó en la protesta, dice que, pese a la falta de respuesta del mandatario, el evento dio fuerza a los colectivos.
“Incluso nos quisieron bloquear, pero al final pudimos meternos con pancartas y con lonas. Lejos de sensibilizarse, él en ese momento se levanta y se va. Los medios de comunicación y las personas que estaban observando se quedaron muy indignadas de la reacción que tuvo este señor con nosotras”.
En fechas recientes, los grupos también se han mostrado preocupados por la actitud de Ramírez Aguayo, titular de la CLBP, frente a las exigencias del colectivo Buscadoras Zacatecas, uno de los más grandes de la entidad, con cerca de 200 familias.
Durante una mesa de trabajo, Elizabeth Araiza, representante del colectivo, “recibió acusaciones infundadas por parte del comisionado local de búsqueda, quien sin ninguna prueba levantó falsos señalamientos sobre nuestra compañera”, afirmó en un comunicado la unión de colectivos. Por decisión de sus integrantes, las acusaciones del funcionario no se hicieron públicas. Días después, la buscadora presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas.
Hasta la publicación de este texto, Ramírez Aguayo no respondió a una solicitud de entrevista de este medio.
Surgida a inicios de 2023, la Unión de Colectivos de Personas Desaparecidas del Estado de Zacatecas ha logrado visibilizar con mayor fuerza las exigencias de las familias, tener una mayor actividad pública y plantear de manera conjunta sus peticiones al Gobierno.
“Tuvimos que sentarnos las representantes de los colectivos para platicar y decir: bueno, a lo mejor tú no asistes a esta mesa de trabajo y, cuando vienes, las acciones que propones ya las hemos estado trabajando, entonces, ¿por qué no nos unimos para comunicar qué necesitamos, qué objetivos pretendemos, cómo atacar o cómo plantear acciones frente al gobierno? Y hubo muy buena aceptación. Es la primera vez que lo hacemos y estamos viendo que la unión genera fuerza y acción”, narra Camacho.
“Estábamos buscando algo diferente. Los colectivos aquí siempre fueron muy silenciosos. Yo sentía que algo faltaba para darles impulso, para no estar quietas”, agrega Araiza, quien busca a su hermano José Nicanor, desaparecido el 30 de septiembre de 2018 en el municipio de Villa de Cos. Su padre, del mismo nombre, fue asesinado en julio de 2021, mientras lideraba la búsqueda de su hijo.
Las representantes de los colectivos que integran la unión se reúnen una vez por semana para organizar desde protestas sociales hasta manifestaciones artísticas, e instalar memoriales en distintos municipios del estado.
“Evaluamos lo que llevamos y generamos nuevas expectativas, nuevas metas y rutas de trabajo. El objetivo es la visibilización, la sensibilización de la sociedad. Ya hay más diálogo y menos revictimización. Ese acercamiento de memoria con las personas es increíble, se van dando cuenta del número de desaparecidos, el número de cuerpos no identificados, de cómo están los Semefos saturados”, explica Camacho.
En ese proceso han sido acompañadas por Sangre de mi Sangre, una organización de acompañantes solidarios con profesiones que van desde la academia y la psicología hasta el periodismo y el arte. Sus integrantes, dicen las buscadoras, han sido fundamentales para detonar la voz de los colectivos.
“Nos impulsan, nos instruyen, nos apoyan en lo que no entendemos, nos ayudan a responder ante la apatía y a cómo provocar una respuesta de las autoridades. Nos ayudan también a hacer pronunciamientos, para que conteste el Gobierno y tenga que comprometerse”, dice Araiza.
Desde la protesta del pasado 16 de septiembre, el Gobierno de Zacatecas instaló mesas de trabajo con la unión de colectivos en las que se discute la organización de búsquedas en campo y la creación de rutas de trabajo. La CLBP también ha mejorado su comunicación con gran parte de las madres buscadoras.
Y aunque el diálogo se ha logrado, también han existido momentos de tensión. En marzo de este año, el gobierno suspendió, once días antes de que se realizara, la Brigada Nacional de Búsqueda —una iniciativa de los colectivos para buscar a sus familiares desaparecidos—, que los grupos habían organizado desde hacía meses y contaba con apoyo económico del estado para que pudieran acudir familiares de víctimas de otras entidades.
Las autoridades locales justificaron la suspensión con el pretexto de que “podría infringir la reglamentación electoral”, aunque el Instituto Nacional Electoral lo descartó.
“Independientemente de que nos escuchen, nosotros quisiéramos que las acciones que solicitamos, o que acordamos en las mesas de trabajo, se realizaran rápidamente, pero no, son muy lentos en sus resultados”, señala Camacho. “Siempre decimos que hay que marcar metas de mediano, corto y largo plazo, pero tal pareciera que todas son a largo plazo”.
Al término de la protesta del 10 de mayo, las madres buscadoras crearon con decenas de metros de rafia tejida un enorme corazón rojo, que colocaron frente al Palacio de Gobierno. Al centro pusieron los zapatos de sus hijas e hijos desaparecidos, y flores adornadas con sus fotografías. Ese manto, que suma centímetros en cada nuevo acto de la unión de colectivos, es también el símbolo de una crisis que permanece sin respuesta.
A DONDE VAN LOS DESAPARECIDOS
