Nueve organizaciones civiles manifiestan su rotundo rechazo al proyecto de Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Yucatán, lo califican de inaceptable y proponen replantear sus objetivos.
En una carta dirigida a la opinión pública, las instituciones también dicen que esa iniciativa, turnada por el Ejecutivo al Congreso para su análisis, debe ser abierta a la comunidad mediante consultas y foros.
Estos grupos se suman a las voces que han alertado sobre los riesgos del proyecto de ley para la asistencia privada.
Piden transparencia en polémica iniciativa
Replantear objetivos
Nueve agrupaciones civiles
21/03/2010
Recibimos anoche la siguiente carta que suscriben las agrupaciones Educación para la Democracia, A Favor de lo Mejor, Pastoral del Amor, Compartir Caridad, A.C.; Escuela de Doctrina Social de la Iglesia “Juan Pablo II” y Laicos Unidos para el Bien Común, Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy), Unión Social de Empresarios Mexicanos y Protección de la Joven “María Suárez Molina”, A.C.
A todas las organizaciones civiles y a la opinión pública: En relación con las negociaciones que se están efectuando con motivo de la iniciativa de Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Yucatán, presentada por el Ejecutivo estatal al Congreso, nos permitimos señalar lo siguiente: 
Esta iniciativa se refiere a un asunto que puede impactar profunda y gravemente en una actividad en la que los particulares se han solidarizado en la asistencia a favor de las personas necesitadas.
Consideramos que el proyecto de propuestas para modificar la iniciativa mencionada es inaceptable, pues no evita la violación de los derechos humanos garantizados y protegidos en la Constitución Política y, al contrario, favorece el intervencionismo estatal.
Desconoce, además, los principios sociales fundamentales de solidaridad, subsidiariedad y bien común.
Toda nueva ley debe procurar un adelanto en la lucha por el Derecho, ya que el orden jurídico busca mejores y más eficaces leyes para lograr los bienes colectivos, con el bien común en primer lugar. Sin embargo, la iniciativa y el proyecto de modificaciones no sólo no aporta nada significativo al bien común, sino que representa un retroceso en las libertades consagradas en la Constitución y sustentadas en la ética y la dignidad de la persona humana.
Consideramos que la negociación no ha tenido la apertura democrática necesaria.
