Hace ya dos años, en 2008, el gobierno de Yucatán solicitó un no tan sonado pero millonario crédito para adquirir terrenos en el ejido de Ucú a fin de desarrollar un gran proyecto de vivienda, “una nueva ciudad” que se asentaría en ese sitio.
Al día de hoy esos terrenos siguen siendo ejidales: el gobierno del Estado no los ha adquirido aún, es decir no tiene la posesión de dichos títulos de propiedad.
Legalmente la administración de la señora Ivonne Ortega Pacheco no puede haber pagado dichos terrenos ni emitido cheques de las dependencias estatales encargadas de dicha adquisición si no se le entregan a cambio los títulos de propiedad.
Legisladores locales han solicitado a través de la unidad de transparencia —a dos años del préstamo autorizado por el Congreso— que se aclare el uso de los cientos de millones de pesos que iniciaron el endeudamiento de este gobierno, antes de los $1,870 millones del año pasado y de los otros $230 millones de este año para la innecesaria y sobrepagada adquisición de los terrenos donde se asienta Chichén Itzá, sin contar la deuda pactada también con Televisa por el CRIT.
La respuesta del gobierno del Estado sobre el manejo del crédito para la compra de terrenos en Ucú ha sido el ocultamiento. Se ha negado toda información. Opacidad total. Extraoficialmente se sabe que los encargados de la compra de terrenos serían el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) —entonces a cargo de la arquitecta Angélica Araujo Lara— y la Consejería Jurídica del Estado. La prensa ha documentado pagos en efectivo a los ejidatarios para la parcelización de dichos terrenos, que al día de hoy siguen siendo ejidales. Sin embargo, el gobierno sólo podría pagar y comprobar la adquisición de los terrenos contra un título de propiedad que aún no tiene.
Son muchas las interrogantes que ante la reiterada negativa a informar a la legisladora Patricia Gamboa Wong con transparencia del uso del crédito se desprenden de una operación con gran olor a fraude.
¿Por qué ha negado el gobierno dicha información que ha solicitado reiteradamente por escrito una representante popular? ¿Cuál ha sido el destino del dinero de la deuda adquirida para la compra de esos terrenos? ¿Cómo pueden el gobierno del Estado, el IVEY o la Consejería Jurídica haber pagado un bien inmobiliario que hasta el día de hoy no posee? ¿Qué dependencias han manejado los recursos del millonario crédito? ¿Qué cheques y a nombre de quién se han emitido para documentar la compra de esos terrenos? ¿O el dinero no se ha tocado aún? El gobierno del Estado está obligado a aclararlo por tratarse de dinero público, con el agravante de para ello haber endeudado aún más a los yucatecos.
Ante el absoluto vacío de información que al respecto ha levantado el gobierno de la señora Ortega Pacheco uno puede pensar de todo, desde el uso indebido de los recursos para campañas electorales hasta el desvío del millonario crédito para favorecer intereses inmobiliarios de cuates y allegados políticos
$360 millones en entredicho
23 abril 2010
Noticias de Yucatán
Con gran olor a fraude
Hugo Antonio Laviada Molina (*)
23/04/2010
