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Inconclusa venta de terrenos de Ucú

21 septiembre 2011
Noticias de Yucatán

 (despilfarro, ucu)


Aún no entregan los títulos en el polémico caso Ucú Publicada:  21 septiembre 2011
  El comisariado ejidal de Ucú, José Antonio Euán Dzul, manifestó ayer que el RegistroAgrario Nacional aún no expide los títulos de propiedad de las 3,012 hectáreas que el Ejido vendió al gobierno de Ivonne Ortega Pacheco para un proyecto habitacional, industrial y comercial, en Ucú.

Entrevistado en el Tribunal Unitario Agrario de Mérida, donde acudió a una audiencia pública, el líder campesino informó que el último movimiento que registró la operación de compra-venta de tierras fue la inspección que realizaron seis peritos de la Semarnat que entraron a los montes vendidos, para verificar su vocación forestal.

  Como todavía no se expiden los títulos de propiedad de las 3,012 hectáreas vendidas al Ejecutivo en $340 millones, el empresario regiomontano que también compró 581 hectáreas en Ucú se niega a pagar el saldo del valor de las tierras.

Los ejidatarios demandaron a 11 parcelarios que tienen 300 hectáreas porque quieren recuperar las tierras. Sin embargo, se informó que algunos quieren vender esa superficie al Ejecutivo. La audiencia se pospuso por falta de notificación a las partes.

"Ucú, condenado a la tumba"

08 abril 2011
Noticias de Yucatán

(ucu, despilfarro, ucú, convulsión, estupidez, ilegalidad, mentiras)

8 abril 2011
Otro fallido plan del gobierno del Estado que se engulló $360 millones
 Pago a ejidatarios en Ucú, en julio del año pasado. En 2008 la mayoría priista del Congreso del Estado aprobó un crédito bancario de $360 millones para comprar las tierras de ese municipio
Pago a ejidatarios en Ucú, en julio del año pasado. En 2008 la mayoría priista del Congreso del Estado aprobó un crédito bancario de $360 millones para comprar las tierras de ese municipio Ver fotos(1)

El 4 de abril de 2009, hace dos años, el gobierno del Estado presentó con bombo y platillo el Plan Maestro Ucú, que daría origen a una ciudad modelo, "la segunda más grande de Yucatán", con 56 mil 880 casas que se desarrollaría en siete años.

Emanado del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y específicamente del proyecto "Destino Yucatán Exitoso: El camino al futuro", según refirió entonces la directora de la desaparecida Cousey, Angélica Araujo Lara, el Plan Maestro Ucú permitiría controlar el crecimiento desordenado de la ciudad, dar certeza jurídica a la propiedad, frenar la especulación de tierra y propiciar un desarrollo urbano ordenado, armónico y sustentable.

Durante su toma de posesión, en 2007, la gobernadora afirmó que procuraría "un desarrollo territorial y urbano planificado que haga realidad la infraestructura de comunicación de clase mundial, que permita tener ciudades funcionales con vivienda digna para todas las familias y siempre respetando nuestros recursos naturales para ésta y para futuras generaciones".

La historia de Ucú comenzó el 22 de febrero de 2007 cuando casi en el sigilo, pues no hubo información previa, la Cousey acordó con el ejido la compra de 3,012 hectáreas y pagó incluso ese mismo día un anticipo de $10,000 a los 176 ejidatarios y de $8,000 a los 180 posesionarios para "amarrar" el trato.

La Procuraduría Agraria advirtió desde entonces que la operación era ilegal debido a que no se cumplieron las formalidades de ley y porque la Cousey no estaba facultada para pagar anticipos al ejido.

Sin embargo, el Ejecutivo siguió con el plan y 16 de abril de 2008, la mayoría priista del Congreso aprobó un crédito bancario de $360 millones para comprar las tierras de Ucú.

Vinieron los pagos sucesivos a los campesinos, quienes se convirtieron en los nuevos ricos de la zona y transformaron la fisonomía del municipio, dejando atrás las casas de paja por otras de mampostería y luciendo hasta tres camionetas en sus cocheras. Las cantinas con meseras proliferaron.

El asunto siguió su curso y aparentemente todo iba sobre rieles hasta que en enero de 2010, la diputada Patricia Gamboa Wong denunció públicamente que funcionarios del Registro Agrario Nacional (SRA) se coludieron con el gobierno del Estado para ordenar que se emitan los títulos de propiedad, no obstante que violarían el artículo 59 de al Ley Agraria.

La legisladora advirtió que esas tierras son forestales y no son susceptibles de compra-venta, de manera que la operación era nula de pleno derecho.

Fue la mecha que prendió el escándalo, que llegó incluso a las altas esferas del gobierno federal e, incluso, a la Presidencia de la República. La emisión de los título de propiedad se frenó y desde entonces la operación Ucú permanece entrampado.

"Ucú está condenado a la tumba, nació muerto", afirma el senador Alfredo Rodríguez Pacheco, quien firmó el desplegado del 29 de marzo, en el que los legisladores panistas piden a la gobernadora y al fiscal Héctor Cabrera Rivero que se proceda contra los responsables de este presunto delito de peculado.

La denuncia de peculado y prestación indebida del servicio público fue interpuesto el 1 de mayo de 2010 por el senador Hugo Laviada Molina y la entonces diputada Patricia Gamboa.

Rodríguez Pacheco insiste en que la operación es ilegal, no existe la "compra perfecta" que alega el consejero jurídico Sergio Cuevas González, pues se pagó $360 millones por un bien que no se tiene, y exige que rompa el silencio la ex directora de la Cousey y del Ivey, Angélica Araujo, para que dé su versión sobre este espinoso asunto.

"La Fiscalía no le ha dado curso a la denuncia, lo que demuestra que está sometido al Ejecutivo y que la justicia no existe para la ex cuñada, pero estamos viendo qué procede contra esta denegación de justicia".

El consejero Cuevas González insiste en que se trata de una "compra perfecta", pues desde el 8 de enero de 2010 el RAN ordenó -'como consta en el oficio DGR/DP-093/10'- expedir los títulos de propiedad de las 11 parcelas de Ucú (3,012 has) que pasarán a manos del Ejecutivo.

"Desde el punto de vista jurídico no hay ningún problema, esto está detenido por cuestiones políticas, es una bandera política del PAN", afirma el abogado. "No se vale que por cuestiones políticas frenen el desarrollo de un proyecto de esta magnitud".

El fiscal Cabrera Rivero afirma que la denuncia por peculado no está "congelada" y han realizado diligencias desde que se interpuso la demanda.

El ex procurador asegura que están integrando el expediente, aunque indica que por ahora no se tiene considerado citar a algún funcionario a declarar.

"El delito está consumado y documentado, no tienen ni tendrán los títulos de propiedad. Lo que procede es castigar a los responsables de este millonario daño patrimonial", subraya el diputado Renán Barrera Concha.- FéLIX UCáN SALAZAR

En contexto:
Caso Ucú | Versión

La alcaldesa Angélica Araujo no accedió a una entrevista sobre Ucú, pero envió un comunicado

"Apego a la ley"

"Su desempeño al frente del Ivey fue con estricto apego a las leyes y a la normatividad vigentes, buscando siempre innovadores esquemas para garantizar el acceso a una vivienda digna en beneficio...".

"Espíritu"

"Con redoblado espíritu de servicio, trabaja sin límites de horario y con sólida convicción de apego a la ley en el honroso encargo otorgado por la confianza...".

Otras instancias

"Los temas relacionados con el ejido de Ucú competen atenderlos a las instancias pertinentes, por lo que Angélica Araujo tiene hoy centrada su atención y esfuerzos para responder día a día -con resultados- al compromiso con los meridanos".

8 abril 2011
Seguirá el "fuego cruzado" por Ucú
La polémica tiene detenida la compra paralela en el ejido
La polémica por la compra-venta de Ucú no es sólo entre legisladores del PAN y el gobierno del Estado sino que llega hasta funcionarios del Registro Agrario Nacional (RAN) que fueron denunciados por los panistas ante la Secretaría de la Función Pública por haber ordenado que se emitan los títulos de propiedad.


El diputado Renán Barrera Concha afirma que ya solicitó que se sancione a Eduardo Castro López y Juan Angel Avila, titular del Area de Quejas del Organo Interno de Control y jefe de Inscripciones del RAN por considerar que es procedente la expedición de los títulos, pretendiendo pasar por encima del artículo 59 de la Ley Agraria.

También pidió al procurador agrario Rosendo González Patiño que promueve un juicio o en contra del ejido de Ucú para anular la compra-venta.

El ejido de Ucú ha anunciado que demandarán al RAN por "retener" los títulos de propiedad. La polémica tiene detenida la venta paralela de 576 hectáreas a un "comprador de Monterrey", que según el PAN es Felipe Enríquez Hernández, compadre de la gobernadora

Ejidatarios de Ucú en lucha

10 marzo 2011
Noticias de Yucatán

(ucu, ucú, trafico de tierras, deuda)

10 marzo 2011
Desde hace 4 años les adeudan miles de pesos por tierras
parte de los 176 ejidatarios de Ucú inconformes por la falta de unos pagos
parte de los 176 ejidatarios de Ucú inconformes por la falta de unos pagos Ver fotos(1)

Ciento setenta y seis ejidatarios de Ucú están inconformes por la falta de pago de las tierras que le vendieron a particulares a $12 el metro cuadrado.

Desde hace 4 años les adeudan 57 mil pesos a cada uno por lo que advierten que buscarán la forma de cancelar el contrato.

Como informamos, ejidatarios de Ucú, vendieron 3,593 hectáreas que al gobierno del Estado (3,012 ha) y a un empresario de Monterrey (581 ha), identificado como Felipe Enríquez Hernández, compadre de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y diputado federal del PRI.

Antonio Euán Dzul, comisario de Ucú, recordó que las tierras las vendieron al gobierno del Estado a 10 pesos el metro cuadrado y a 12 pesos al particular.

También publicamos que la Semarnat realizó el dictamen forestal a las 3,593 hectáreas que los ejidatarios vendieron al gobierno del Estado (3,012 ha) y a un empresario de Monterrey y hasta donde se sabe el dictamen corroboró que la selva de Ucú es recurso forestal lo que le da una protección contra la deforestación. Por este motivo no se han expedido los títulos de propiedad que requieren los particulares para la construcción de dos mil viviendas.

Euán Dzul, informó que la titulación de los terrenos que vendieron continúa "atrancado", por lo que con apoyo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo preparan dos recursos, entre ellos "una denuncia contra el RAN", para que agilice la entrega de títulos de las tierras vendidas. Sin embargo adelanto que también se está analizando cancelar el contrato de compra venta debido a que no han saldado más de cien mil pesos.

Señaló que por parte del gobierno del Estado únicamente tiene el adeudo por el pago a cinco ejidatarios que ya murieron sin embargo el acuerdo es que este recurso lo cobre el ejido de Ucú.

El ex comisario Miguel de los Santos Pech Cabrera comentó que los habitantes de Ucú esperan que la venta de las tierras beneficie en un futuro al municipio ya que actualmente hay muy pocas opciones de trabajo.

El asesor del ejido de Ucú, Fernando Pérez Escalante, se reunió ayer con integrantes del ejido quienes tienen un problema con el posesionario Manuel Pech Caamal a quien el ejido le prestó tres mil hectáreas para uso ganadero. La molestia de los ejidatarios es que Pech Caamal explota las maderas, saca piedra y tierra del monte que se le otorgó en posesión, lo cual no estaba acordado.

Los integrante del ejido sostendrán una reunión hoy con la Procuraduría Agraria para solicitar asesoría de cómo revocar los contratos tanto con el posesionario como el particular que compro las tierras.- Alejandro Moreno

En contexto:
Ucú | Municipio

Ocupa una área de 192.89 Km2. Limita al norte con Progreso, al sur con Umán, y al este y oeste con Mérida y Hunucmá.

Toponimia

Lugar de las 7 lunas, por derivarse de las voces de la lengua maya Uc, contracción de uuc, siete y ú, luna, mes.

Población

De acuerdo con los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda de 2005, el municipio cuenta con un total de 3,057 habitantes.

Actividades productivas

El 40 por ciento de los habitantes realizan actividades comerciales y de servicio, el 26 por ciento a la agricultura y ganadería.

Alistan demandas en el ejido de Ucú

03 marzo 2011
Noticias de Yucatán

(ucú, ucu, corrupción, despilfarro, trafico de tierras)

3 marzo 2011
Hasta ayer el RAN no expedía títulos de tierras vendidas
Con apoyo de la Consejería Jurídica, los directivos del ejido de Ucú prepara dos recursos legales para exigir los títulos de las tierras que vendieron al gobierno del Estado y a un empresario de Monterrey.


El comisario ejidal de Ucú, José Antonio Euán Dzul, informó que hasta ayer el Registro Agrario Nacional no expedía los títulos de las 3,012 hectáreas vendidas al Ejecutivo estatal, que pagó $343 millones, ni de las 581 hectáreas que compró a plazos un empresario de Monterrey, identificado como Felipe Enríquez Hernández, compadre de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y diputado federal del PRI.

Euán Dzul reveló que el abogado de la Consejería, Pablo Castro, prepara la demanda "contra el RAN" para que agilice los títulos de propiedad.

"Nosotros haremos la demanda en lo particular, dijo el comisario. Me dice (el abogado de la consejería) que ellos también preparan un recurso para que el RAN libere los títulos.

Euán Dzul también informó que hace aproximadamente 4 meses visitaron el ejido peritos de la Semarnat y realizaron una revisión de los montes, pero no le informaron de los resultados.

"Ya lo checaron, me dieron un comprobante, pero no me dijeron si son forestales o no", señaló el comisario de Ucú.

La urgencia de la titulación de las tierras es porque, explicó, es el requisito para que el empresario de Monterrey pague el saldo de la operación. Ese empresario debe $57,000 a cada uno de los 176 ejidatarios.

"No nos ha pagado, ni siquiera su asesor Fernando Pérez Escalante viene ahora", indicó.

Recordó que el gobierno del Estado ya liquidó la compra y sólo espera los títulos de las 3,012 hectáreas.

"La próxima semana vamos a poner la demanda", reiteró el comisario.- Joaquín Chan

En contexto:
El comisario de Ucú dijo que no está enterado del cambio de delegado del RAN, Carlos Briceño Ramírez. Sólo sabe del cambio del visitador agrario, Carlos Castro, que dejó de ir hace 2 meses

Son tierras de Ucú, no del gobierno

03 octubre 2010
Noticias de Yucatán
(ucu, conflicto, despilfarro)

3 octubre 2010
Alertan: Si no paga a 5 viudas, no darán el título de propiedad
Ejidatarios de Ucú buscan llegar a un acuerdo sobre Manuel Pech Magaña, quien saca piedras de un lote del ejido
Ejidatarios de Ucú buscan llegar a un acuerdo sobre Manuel Pech Magaña, quien saca piedras de un lote del ejido Ver fotos

UCÚ.- El gobierno del Estado tendrá que pagar poco más de $5 millones más para concretar la compra de las tierras del ejido de Ucú y obtener el título de propiedad, dice el comisario ejidal Antonio Euán Dzul.

-Ese dinero es el que les corresponde a cinco viudas de ejidatarios, que cumplieron con demostrar ser herederas de los derechos de sus difuntos esposos y, por tanto, tienen derecho a disfrutar de las utilidades por la venta de las tierras ejidales.

-Mientras el gobierno del Estado no cumpla con pagar el $1.008,000 que le corresponde a cada viuda, nosotros no firmaremos para que se concrete la venta -afirma Euán Dzul, y otros ejidatarios que la noche del miércoles se reunieron en el local de la comisaría ejidal.

-Buscan cobrar por sus derechos las viudas u otros familiares de los extintos ejidatarios Leonardo Mendoza, Serafín Pech Pech, Manuel Ek Ek, Pedro Xool y Adalberto Luna Canul.

-Después del último pago que hizo el gobierno del Estado, con el que presuntamente finiquitó el pago por las tierras, el 27 de julio pasado, nos dijeron que en 15 días regresarían para pagar a las viudas de los ejidatarios ya mencionados -expresa.

Sin embargo, hasta ahora no han retornado y eso tiene algo inconformes a los ejidatarios, quienes ya acordaron que mientras no se concrete el pago a las viudas no firmarán para salga el título de propiedad a favor del gobierno del Estado.

-Legalmente las 3,000 hectáreas que le vendimos al gobierno del Estado siguen siendo de nosotros -dice el comisario.

Los ejidatarios aseguran que Fernando Pérez Escalante, quien se ostenta como el asesor jurídico del ejido de Ucú, prácticamente ha desaparecido de la comunidad desde que se realizó el último pago.

Hace 15 días acudió a la comunidad, pero sólo un rato y no ha vuelto a venir, no obstante el problema que tenemos por la falta de pago a las viudas, señala un ejidatario.

Extracción de piedras

El comisario y varios ejidatarios fueron entrevistados en el marco de su reunión del miércoles para tomar acuerdos y proceder contra el posesionario Manuel Pech Magaña, pues aseguran que está extrayendo piedras para comercializar de un terreno que le asignaron para cultivo.

-El ejido le tiene asignado, en el sur de esta población, seis hectáreas de tierras a Pech Magaña, pero para cultivo y ganadería, no para la explotación y comercialización de piedra -informa el comisario ejidal.

-Pech Magaña utiliza maquinaria pesada para la extracción de piedras, lo que es motivo de quejas de ejidatarios.

-Ya le pedimos que cese su actividad y abandone el terreno, pero hasta ahora no sale, de modo que hemos acordado solicitar la intervención de la Procuraduría Agraria -afirma.

-Nos preocupa que esté dejando inservible y erosionada la amplia superficie de tierras que le tenemos dado -destaca.

$360 millones en entredicho

23 abril 2010
Noticias de Yucatán

Con gran olor a fraude
Hugo Antonio Laviada Molina (*)
23/04/2010

Hace ya dos años, en 2008, el gobierno de Yucatán solicitó un no tan sonado pero millonario crédito para adquirir terrenos en el ejido de Ucú a fin de desarrollar un gran proyecto de vivienda, “una nueva ciudad” que se asentaría en ese sitio.

Al día de hoy esos terrenos siguen siendo ejidales: el gobierno del Estado no los ha adquirido aún, es decir no tiene la posesión de dichos títulos de propiedad.

Legalmente la administración de la señora Ivonne Ortega Pacheco no puede haber pagado dichos terrenos ni emitido cheques de las dependencias estatales encargadas de dicha adquisición si no se le entregan a cambio los títulos de propiedad.

Legisladores locales han solicitado a través de la unidad de transparencia —a dos años del préstamo autorizado por el Congreso— que se aclare el uso de los cientos de millones de pesos que iniciaron el endeudamiento de este gobierno, antes de los $1,870 millones del año pasado y de los otros $230 millones de este año para la innecesaria y sobrepagada adquisición de los terrenos donde se asienta Chichén Itzá, sin contar la deuda pactada también con Televisa por el CRIT.

La respuesta del gobierno del Estado sobre el manejo del crédito para la compra de terrenos en Ucú ha sido el ocultamiento. Se ha negado toda información. Opacidad total. Extraoficialmente se sabe que los encargados de la compra de terrenos serían el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) —entonces a cargo de la arquitecta Angélica Araujo Lara— y la Consejería Jurídica del Estado. La prensa ha documentado pagos en efectivo a los ejidatarios para la parcelización de dichos terrenos, que al día de hoy siguen siendo ejidales. Sin embargo, el gobierno sólo podría pagar y comprobar la adquisición de los terrenos contra un título de propiedad que aún no tiene.

Son muchas las interrogantes que ante la reiterada negativa a informar a la legisladora Patricia Gamboa Wong con transparencia del uso del crédito se desprenden de una operación con gran olor a fraude.

¿Por qué ha negado el gobierno dicha información que ha solicitado reiteradamente por escrito una representante popular? ¿Cuál ha sido el destino del dinero de la deuda adquirida para la compra de esos terrenos? ¿Cómo pueden el gobierno del Estado, el IVEY o la Consejería Jurídica haber pagado un bien inmobiliario que hasta el día de hoy no posee? ¿Qué dependencias han manejado los recursos del millonario crédito? ¿Qué cheques y a nombre de quién se han emitido para documentar la compra de esos terrenos? ¿O el dinero no se ha tocado aún? El gobierno del Estado está obligado a aclararlo por tratarse de dinero público, con el agravante de para ello haber endeudado aún más a los yucatecos.

Ante el absoluto vacío de información que al respecto ha levantado el gobierno de la señora Ortega Pacheco uno puede pensar de todo, desde el uso indebido de los recursos para campañas electorales hasta el desvío del millonario crédito para favorecer intereses inmobiliarios de cuates y allegados políticos

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