Las empresas que rentan carteleras para anuncios durante la presente campaña electoral gozan del derecho de ofrecer esos espacios a los partidos políticos, aunque los hayan instalado de manera ilegal, informó el director de Desarrollo Urbano municipal, Francisco Zetina Espinosa.
Incluso, agregó, durante ese lapso la Comuna debe interrumpir los procesos legales que tiene en marcha contra los propietarios de esas estructuras que no cumplen las normas.
Esto, explicó, se debe a una disposición en el reglamento municipal de ramo enfocada a no afectar la propaganda electoral.
—Debido a esa norma, durante la campaña electoral los particulares pueden, sin necesidad del permiso municipal respectivo, instalar carteles y rentarlos para colocar publicidad política y, para no ser sancionados, los quitan al terminar el período electoral respectivo.
El funcionario detalló que en Mérida hay 647 carteleras de diferentes tamaños, de las cuales sólo 345 fueron instaladas con autorización municipal. Las 302 restantes se colocaron violando la ley. Están en marcha 110 procedimientos legales para retirarlos.
—Una vez terminado el camino legal, se presenta el problema económico: resulta costoso contratar una grúa para retirar esas estructuras y la Comuna no tiene recursos suficientes para desmantelar esos 110 espacios.
Respecto a los anuncios que hay en el Anillo Periférico, Zetina Espinosa indicó que son un total de 56 carteleras, de las cuales sólo 23 tienen permiso.
—Las otras 33 se instalaron violando la ley. En este grupo hay 16 procedimientos legales contra las empresas propietarias de esas estructuras —añadió.
—Buena parte de esos armazones fueron colocados por la empresa “Difusion Panorámica”, con sede en el Distrito Federal. Su propietario es el que tiene mayor número de procedimientos legales en su contra por violar la ley del ramo.
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