- Podría caerse la compra de tierras ejidales en Ucú por violaciones a la Ley Agraria
- En juego un crédito del gobierno local de $360 millones
La inversión de $360 millones del gobierno del Estado para comprar tierras ejidales en Ucú está en peligro de perderse por faltas a la Ley Agraria, aunque, según una serie de evidencias, las autoridades locales tratan de impedirlo en contubernio con funcionarios del Registro Agrario Nacional (RAN).
Esa inversión es parte de amplia operación que promovió el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), que propició en 2008 la “parcelización” de 3,000 hectáreas del ejido de Ucú y la compra, posteriormente, de esas tierras por parte del gobierno, con dinero prestado.
Con la operación se pretendía impulsar el llamado “Plan Maestro Ucú”, con el propósito de ampliar las reservas territoriales del Estado y crear una nueva ciudad —“la segunda en importancia de Yucatán”— que albergaría 56,000 casas.
El error del gobierno fue adquirir esas tierras a pesar de tratarse de superficies ubicadas en bosques y selvas tropicales, que, por ley, no pueden ser “parcelizadas” y, por lo tanto, vendidas por los ejidatarios.
Por este motivo, aunque el gobierno ya pagó las 3,000 hectáreas ejidales, hay resistencias para darle los títulos de propiedad, lo que pone en riesgo el dinero invertido.
La diputada del PAN Patricia Gamboa Wong, quien sigue de cerca el caso, denunció a funcionarios del RAN que, “atendiendo intereses inconfesables”, pretenden ocultar las anomalías para emitir los títulos.
El crédito de $360 millones para comprar las tierras fue autorizado por el Congreso en abril de 2008.
La multimillonaria compra de tierras ejidales en Ucú por parte del gobierno local, que está en riesgo de perderse por violar la Ley Agraria, comenzó a prepararse desde el inicio de esta administración y culminó el año pasado, aunque aún no se expiden los títulos de propiedad.
Desde abril de 2008, el Congreso del Estado autorizó la contratación de un crédito de $360 millones al gobierno —garantizado con sus participaciones federales— sólo para la compra de tierras ejidales en Ucú.
De acuerdo con datos obtenidos por el Diario, los ejidatarios de ese lugar decidieron cambiar el destino de 3,012 hectáreas de tierra de uso común a 11 parcelas, el 19 de mayo de 2008, un mes después de la autorización del préstamo por el Congreso.
En agosto de ese año, los ejidatarios adoptaron el dominio pleno sobre esas parcelas y solicitaron su inscripción en el Registro Agrario Nacional (RAN) en octubre. Esto se oficializó en noviembre de 2009.
Hasta septiembre de ese año, el gobierno local había ejercido $343.3 millones, de los $360 millones del crédito, en la compra de 3,000 hectáreas del ejido de Ucú, según confirma la Secretaría de Hacienda en el Tercer Informe Trimestral de la Deuda Pública de 2009.
Títulos atorados El siguiente paso era recibir los títulos de propiedad para iniciar el “Plan Maestro de Ucú”, de modo que mediante el oficio RAN/YUC/SR/6088/09, de fecha 13 de noviembre de 2009, la delegación local del RAN solicitó a las oficinas centrales de ese organismo, por petición del gobierno estatal, “la calificación y expedición“ de esos títulos.
Sin embargo, la solicitud, que debería atenderse en pocas semanas, lleva cinco meses atorada, al parecer debido a las faltas jurídicas en el proceso de “parcelización” del ejido, principalmente la violación al artículo 59 de la Ley Agraria.
De acuerdo con este precepto, “será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales”.
En el caso de Ucú, la ilegalidad provendría de que, según muchos indicios, el ejido es forestal, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), solicitado a esa dependencia por la diputada Patricia Gamboa Wong. El informe se basa en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos.
En el documento entregado a la diputada Gamboa, la Conafor precisa que ese organismo no tiene facultades para emitir un dictamen técnico sobre el carácter forestal de las tierras, sino que la entidad responsable de eso es la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat (DGGFS).
Según la normatividad interna del RAN —contenida en el oficio número DJ/451/2009, del 27 de julio de 2009 distribuida a sus delegados en todo el país — entre la documentación que necesariamente deben enviar para inscribir las parcelas en el Registro Agrario se incluye “el dictamen de vocación forestal o no forestal de los suelos”, emitido por la DGGFS.
Sin embargo, en el caso de Ucú, el director de la DGGFS, Francisco García García, en el oficio SGPA/DGGFS/712, enviado a la diputada Gamboa Wong el 12 de enero, le confirma que ni esa Dirección ni la delegación de la Semarnat en Yucatán han emitido “ninguna opinión o dictamen relativo a la superficie de terreno del ejido de Ucú para determinar si se trata de superficies de bosque o selvas tropicales”.
—Es decir —explica Patricia Gamboa— para demostrar que el ejido de Ucú no es reserva forestal, como apuntan todos los indicios, y que por lo tanto se puede vender, los ejidatarios o sus asesores debieron solicitar un dictamen de vocación no forestal de los suelos a la Semarnat, lo cual no hicieron, como comprueba el oficio de García García.
—Por lo tanto, queda firme la idea de que los terrenos ejidales de Ucú son forestales y que su cambio de destino viola el artículo 59 de la Ley Agraria y, por consiguiente, se invalida la “parcelización” del ejido y la venta de esas tierras al gobierno.
Sin embargo, funcionarios del RAN en la ciudad de México sostienen lo contrario, aunque sin aportar pruebas.
El titular del área de quejas del RAN, Eduardo Castro López, en un oficio enviado a la diputada Gamboa Wong le dice que no hay evidencias de que las tierras de Ucú “se encuentren en el supuesto que indica el artículo 59 de la Ley Agraria”, pero no exhibe el dictamen de la Semarnat sobre la vocación forestal o no de las tierras, como marcan las normas del Registro Agrario Nacional.
Por tal motivo, Patricia Gamboa presentó el 18 de enero una queja formal contra Castro López, por las acciones u omisiones que realiza y “que encubren un proceso irregular”, y también por “su afán de servir a intereses inconfesables”.— Continuará.
