“Las 3,000 hectáreas de Ucú siguen siendo propiedad del ejido y en tanto no se conviertan en propiedad privada, lo cual no ha ocurrido, carecen de validez los contratos que argumenta el gobierno del Estado”, afirma el senador Hugo Laviada Molina.
“Mientras las tierras no crucen la frontera de lo ejidal a lo civil, los contratos de compraventa, la cesión de derechos, la firma de un poder o de un testamento y cualquier otra figura a favor del gobierno del Estado carecen de validez para acreditarlas como propias, porque el ejido es inalienable”, subraya el legislador panista.
“Y aun si se diera el caso de que el Ejecutivo salga ahora a decir que tiene los títulos de propiedad, el peculado ya se cometió, pues pagó $343.3 millones en 2008 por un bien que nunca obtuvo, violando la ley”.
Otra versión No obstante, el gobierno del Estado insiste en que no hubo nada ilegal en este caso.
El consejero jurídico del Ejecutivo, Sergio Cuevas González, considera que se trató de una “compra perfecta” que cumplió el procedimiento normal y en la cual no hubo nada ilícito.
El senador Laviada Molina discrepa de la versión oficial: “Apuesto doble contra sencillo que el gobierno del Estado no tiene los títulos de propiedad y no los puede exhibir en este momento. Se trata de un claro desvío de recursos”.
“Hay un doble engaño en Ucú: bajo la promesa de venderles a precios preferentes a futuro, hay empresarios del ramo inmobiliario que aceptaron dar dinero para las campañas del PRI. Se les engañó, porque se les vendió algo que el Ejecutivo no posee”, sub- raya el senador Laviada.
“Y habría hasta un triple engaño, pues si el gobierno de Ivonne Ortega dice que pagó $343.3 millones en Ucú, cada uno de los 174 ejidatarios debió cobrar $1.9 millones. ¿Eso les pagaron? ¿Por qué se niegan a informar a nombre de quién están los cheques?”, pregunta.
Esa superficie, dice, eran tierras de uso común y la asamblea acordó parcelarla en 11 lotes que quedaron a nombre de los siguientes ejidatarios: —Francisco Chan Dzul, Hermilo Chan Xool, Víctor Daniel Chan Luna, Gregorio Pech y Chacón y Carlos Bacab Chan, con 300 hectáreas cada uno.
—Cirilo Cabrera Can, 298.5 hectáreas; Heriberto Chan Dzul, 298.6; Marcelo Caamal Pech, 302.7 y Santos Ramón Cruz Dzul, 12. El onceavo era Raúl Montalvo Chan, quien falleció, con 300 ha, y ocupó su lugar su familiar Erick Montalvo Pech.
“Esos son los 11 verdaderos dueños de las tierras de Ucú. En tanto no asuman el dominio pleno y el Registro Agrario Nacional no califique el cambio de régimen, los $343.3 millones que pagó el gobierno del Estado están al aire”, subraya el senador panista Laviada Molina.
“Con uno de ellos que decida que ya no quiere vender y prefiere quedarse con su parcela, la operación se viene abajo. Si le firmaron algún documento al Ejecutivo y ya gastaron el dinero, la única opción que tiene el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco para reclamar la devolución es por la vía civil o penal. Quiero ver si mete a la cárcel a todo el ejido”, advierte el legislador.
Ucú
- Compra paralela Hugo Laviada afirma que hay corrupción en la compra paralela de 600 has en Ucú.“El compadre” “Sostengo que en esa compra está metido el compadre de Ivonne Ortega, Felipe Enríquez, no es casual que venga como delegado del PRI”.
“¿Por qué no?” “Es un filete que está entre Ucú y Ciudad Caucel, son las tierras más cercanas a Mérida, ahí va a pasar la carretera a Tetiz y tendrá la mejor infraestructura. ¿Por qué no compró ésas el gobierno del Estado?”.
El gobierno estatal, explica el funcionario, firmó contratos con los ejidatarios de Ucú que aseguran el pago de $343.3 millones a cambio de 3,012 hectáreas, que están en posesión del gobierno desde mayo de 2008.
Para la expedición de los títulos, agrega, no es necesario que los ejidatarios exhiban un certificado de vocación forestal, como al parecer marca la norma interna del RAN.
—No en todas las operaciones se necesita ese dictamen. Este es un criterio que acaba de adoptar el RAN, aunque nosotros no tenemos ningún inconveniente en terminar ese trámite y que se proceda al envío de los títulos.
En conferencia de prensa para responder las acusaciones de legisladores del PAN de que el gobierno ha gastado más de $340 millones en comprar tierras sin tener el título de propiedad, el funcionario afirma que esas son “absolutamente falsas”.
—No hay que ser abogado para saber cuando una venta es perfecta. Lo es cuando se ponen de acuerdo las partes en el objeto de la venta, en el precio y en la voluntad de comprar y vender. —Eso ocurrió en Ucú, con el elemento adicional de que el gobierno del estado recibió la posesión del terreno, como se marca en los contratos suscritos con los ejidatarios. Por lo tanto, es una venta totalmente perfecta, que simplemente está en un proceso de culminación.
Las acusaciones del PAN, añade, no tienen sustento jurídico y no se entenderían si no fuese porque estamos en elecciones.
De acuerdo con González Cuevas, también es falsa la afirmación de los panistas de que Felipe Enríquez, delegado del PRI en Yucatán, hizo una compra encubierta de 600 hectáreas en Ucú, a través de prestanombres, a fin de obtener dinero para financiar campañas políticas.
—El gobierno —responde Cuevas — sólo adquirió 3,012 hectáreas y ese es el único proceso de compra en el que ha participado. —De lo demás no sé. El ejido de Ucú es muy grande y no tengo toda su dimensión.
