Ejidatarios de Ucú resienten el rigor de las leyes ambientales y lamentan que aquéllas impidan la venta de sus tierras ejidales, de leña o el desmonte de terrenos para el cultivo de maíz.
Agotadas las reservas de dinero que recibieron por la venta global de 3,581 hectáreas, los ejidatarios de Ucú están desesperados por su sobrevivencia y siguen en espera de que el gobierno del Estado y el comprador particular de Monterrey paguen lo que deben al Ejido.
Sentados en el parque de este pueblo, un grupo de campesinos platicó los pormenores de la detención de Luis Fernando Pérez Escalante, acusado de un fraude cometido en 2003, a quien conocen plenamente porque fue el intermediario entre los ejidatarios y el gobierno del Estado para le venta de 3,000 hectáreas de tierras ejidales de Ucú.
Pérez Escalante también asesoró a los campesinos en la venta de otras 581 hectáreas para un empresario de Monterrey, quien fue identificado como Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI en Yucatán, y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega.
—Salió libre el mismo día. Pero no tiene nada que ver con las tierras de Ucú —comentó Pablo Pinto Tut, uno de los ejidatarios que accedió a proporcionar su nombre durante la entrevista con el reportero.
El encarcelamiento de Pérez Escalante sembró mayores dudas sobre el pago de la deuda del gobierno del Estado y del comprador de Monterrey, quienes adeudan a cada campesino $39,000 y $57,000.
Pérez Escalante ha incumplido varias promesas de pago y su detención levantó el rumor entre los campesinos de que se había quedado con el dinero. Sin embargo, averiguaron y les aclararon que su arresto fue por la venta fraudulenta de una casa, no por la deuda ni por la venta de tierras ejidales.
Los ejidatarios de Ucú esperaban impacientes el retorno de los integrantes de la comisión que ayer se reunió con la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco para tratar el caso Ucú.
La gobernadora citó para ayer, a las 10 horas, en Palacio de Gobierno al comisario ejidal Antonio Euán Dzul, quien acudió con cuatro ejidatarios más.
—No podemos hacer nada con nuestras tierras —lamentó Pinto Tut—. Como Profepa dice que es bosque forestal no nos deja ni vender la leña del monte.
Relataron que la Profepa ha decomisado tres cargamentos de leña y los respectivos camiones por lo que ahora tienen miedo de continuar con esta actividad.
—Salimos al Periférico y nos detienen —señaló Miguel Pech, quien tiene leña para vender y teme transportarla.
Ucú
- Negocio por la venta de tierras ejidales Cada campesino debe recibir del gobierno del Estado $1.019,000, pero sólo les ha dado $980,000: Deuda estatal Los pagos que ya les hizo el Ejecutivo, según los campesinos, fueron tres cheques de $252,000, otro de $105,000, $80,000 y el último de $39,000.Deuda particular El líder y diputado federal priista Enríquez Hernández ofreció pagar $162,000 a cada ejidatario, pero después de dos años aún le adeuda $57,000 a cada campesino.
Incumplimiento El veterano ejidatario Pablo Pinto Tut recordó que el representante del empresario de Monterrey dijo que pagaría antes que el gobierno del Estado, pero hasta la fecha no ha cumplido su palabra.
No es bosque Pablo Pinto manifestó que los terrenos de Ucú no son bosques forestales y sólo los perjudica la Profepa.
