Noticias de Yucatán
(ucú, corrupción, despilfarro, mentiras)
Las tierras de Ucú, para el “G-10” por su apoyo al PRI
16/06/2010
El senador Hugo Laviada Molina señaló que las nuevas 500 hectáreas de tierras ejidales que pretenden vender los campesinos de Ucú forman parte de la especulación de tierras del “Grupo de los Diez” del ramo inmobiliario que participan en el financiamiento de campanas del PRI en Yucatán Explicó que el “G-10 inmobiliario” es un grupo de empresarios que trabaja muy de cerca con el gobierno del Estado. Según dijo, lo formó el PRI y lo comanda Pedro Espadas Cervantes, quien tiene vínculos sentimentales con la alcaldesa electa de Mérida Angélica Araujo Lara, para que aporten dinero a las campañas y a cambio reciben los beneficios de los desarrollos habitacionales en esta capital.
Como publicamos ayer, la asamblea ejidal de Ulilá, en Ucú, aprobó el domingo el cambio de destino de 500 hectáreas de tierras ejidales, al parecer con fines de venta, y parcelarizarán esa superficie a nombre de 10 campesinos.
Otro grupo de ejidatarios, pero del ejido Ucú, vendió 3,012 hectáreas al Ejecutivo y 581 hectáreas a un empresario de Monterrey, a quien el PAN identifica como Felipe Enríquez Hernández, delegado especial del PRI en Yucatán y compadre de la gobernadora.
Sin embargo, los compradores afrontan problemas en la titulación de las tierras, que tienen la categoría de bosques forestales porque fueron abandonados hace casi 30 anos.
Sobre la parcelarización de otras 500 hectáreas de Ucú, Laviada Molina señaló que forman parte del gran filete territorial donde el Ejecutivo desarrollará, si consigue los títulos de propiedad, el Plan Maestro Ucú.
Los ejidos Ucú y Ulilá colindan entre sí y Laviada Molina considera que los empresarios inmobiliarios del “G-10” quieren el segundo con fines especulativos.
Agregó que el trámite de titulación de las 3,593 hectáreas que vendieron los campesinos del ejido de Ucú está congelado por errores en la inscripción en el Registro Agrario Nacional y lo más probable es que el Ejecutivo local quiera chantajear al gobierno federal para negociar los títulos agrarios. “Sin embargo, el PAN de Yucatán está muy pendiente de la actuación de los funcionarios federales, de los secretarios de Estado y del propio presidente Felipe Calderón, y si ven algo turbio o irregular no dudarán en denunciarlo, así sean panistas”.
En Ucú ya se repartió el botín territorial según las generosas aportaciones a la campaña del PRI, dijo. Al no obtener los títulos lo más probable es que integrantes del “G-10” empiecen a soltar información.“Creo que la aprehensión del operador agrario Luis Fernando Pérez Escalante, quien es clave en la compra de tierras en Ucú, por un delito que estaba congelado desde 2003, es un claro mensaje para aquellos que quieran destapar los negocios turbios con las tierras, indicó el senador. Fue una advertencia del gobierno por si quiere boquear y soltar los nombres de los funcionarios que firmaron los cheques de pago y de los integrantes del G-10.
El gobierno está entrampado no sólo porque no puede obtener los títulos, sino porque ya pagó ilegamente $343 millones a los ejidatarios, ha incurrido en delitos de peculado, fraude y desvío de recursos y, seguramente, ahora tiene la presión de los desarrolladores inmobiliarios que entraron al negocio del financiamiento de la campaña y por medio de la Procuraduría de Justicia los quieren tener bien controladitos.
Como publicamos ayer, la asamblea ejidal de Ulilá, en Ucú, aprobó el domingo el cambio de destino de 500 hectáreas de tierras ejidales, al parecer con fines de venta, y parcelarizarán esa superficie a nombre de 10 campesinos.
Otro grupo de ejidatarios, pero del ejido Ucú, vendió 3,012 hectáreas al Ejecutivo y 581 hectáreas a un empresario de Monterrey, a quien el PAN identifica como Felipe Enríquez Hernández, delegado especial del PRI en Yucatán y compadre de la gobernadora.
Sin embargo, los compradores afrontan problemas en la titulación de las tierras, que tienen la categoría de bosques forestales porque fueron abandonados hace casi 30 anos.
Sobre la parcelarización de otras 500 hectáreas de Ucú, Laviada Molina señaló que forman parte del gran filete territorial donde el Ejecutivo desarrollará, si consigue los títulos de propiedad, el Plan Maestro Ucú.
Los ejidos Ucú y Ulilá colindan entre sí y Laviada Molina considera que los empresarios inmobiliarios del “G-10” quieren el segundo con fines especulativos.
Agregó que el trámite de titulación de las 3,593 hectáreas que vendieron los campesinos del ejido de Ucú está congelado por errores en la inscripción en el Registro Agrario Nacional y lo más probable es que el Ejecutivo local quiera chantajear al gobierno federal para negociar los títulos agrarios. “Sin embargo, el PAN de Yucatán está muy pendiente de la actuación de los funcionarios federales, de los secretarios de Estado y del propio presidente Felipe Calderón, y si ven algo turbio o irregular no dudarán en denunciarlo, así sean panistas”.
En Ucú ya se repartió el botín territorial según las generosas aportaciones a la campaña del PRI, dijo. Al no obtener los títulos lo más probable es que integrantes del “G-10” empiecen a soltar información.“Creo que la aprehensión del operador agrario Luis Fernando Pérez Escalante, quien es clave en la compra de tierras en Ucú, por un delito que estaba congelado desde 2003, es un claro mensaje para aquellos que quieran destapar los negocios turbios con las tierras, indicó el senador. Fue una advertencia del gobierno por si quiere boquear y soltar los nombres de los funcionarios que firmaron los cheques de pago y de los integrantes del G-10.
El gobierno está entrampado no sólo porque no puede obtener los títulos, sino porque ya pagó ilegamente $343 millones a los ejidatarios, ha incurrido en delitos de peculado, fraude y desvío de recursos y, seguramente, ahora tiene la presión de los desarrolladores inmobiliarios que entraron al negocio del financiamiento de la campaña y por medio de la Procuraduría de Justicia los quieren tener bien controladitos.
