En momentos en que se agudizan los señalamientos de irregularidades en la compra de tierras en Ucú, el gobierno del Estado respondió a los ejidatarios que no podrá saldarles sus lotes en tanto no tenga los títulos de propiedad.
Este último paso se ha complicado a raíz de una denuncia de peculado que interpuso el PAN estatal, con el argumento de que la compra es inexistente porque se trata de lotes de vocación forestal que no están sujetos a la parcelarización.
El PAN anunció que interpondrá una denuncia en el ámbito federal ante el congelamiento de la querella que presentó sobre el mismo asunto en la Procuraduría yucateca.
Según los ejidatarios afectados, el pago se ha complicado por el pleito político, aunque reconocen que saldrán beneficiados con la categoría de tierras forestales que se les puso a sus lotes.
Una reunión entre el comisario ejidal de Ucú, José Antonio Euán Dzul, y el subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político del gobierno del Estado, Clemente Escalante Alcocer, no rindió los frutos que esperaban los ejidatarios: el Ejecutivo recalcó que sólo pagará el saldo de la compra de tierras cuando tenga los títulos de propiedad.
Euán Dzul informó que el gobierno del Estado ofreció liquidar los $39,000 a cada uno de los 176 ejidatarios con derechos agrarios y los $27,000 a los 180 posesionarios el 25 de mayo pasado, pero venció ese plazo y no se realizó dicho pago.
La directiva ejidal solicitó una audiencia con la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco para pedir que pague la deuda, pero en la reunión de Palacio de Gobierno, según indicó Euán Dzul, platicaron con el licenciado Escalante Alcocer.
—El licenciado nos dijo que apenas salgan los títulos nos pagarán el saldo —subrayó Euán Dzul en una entrevista—. El pueblo nos está “comiendo“, nos dice muchas cosas y cree que nosotros no hacemos nada para que les paguen.
El dirigente admitió que está dando mucho trabajo la titulación de las tierras ejidales, porque el PAN le dio un giro político con sus denuncias y porque es claro que en este caso hay un pleito entre el PRI y el PAN.
—Fuimos a la ciudad de México al RAN y nos dijeron que los títulos lo debe dar el RAN de Yucatán —señaló—. El licenciado Escalante nos informó que está en proceso de titulación aquí en Mérida y apenas salgan los documentos nos pagarán lo último que deben al ejido.
También confirmó que el corredor agrario Luis Fernando Pérez Escalante les informó que apenas les liquide el gobierno del Estado el empresario de Monterrey saldará su deuda con el ejido. Ese empresario, según informaron campesinos de Ucú, adeuda $57,000 a cada ejidatario como saldo de la compra de 581 hectáreas en ese municipio.
—Eso de que los terrenos que vendimos son bosques forestales es pura política del PAN —señaló Euán Dzul—. Pero qué bueno que sea así, porque no perderemos nuestras tierras.
Los dirigentes negaron que sepan o conozcan que el empresario de Monterrey al que le vendieron las 581 hectáreas sea el político neoleonés Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI en Yucatán y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega.
—No lo conozco. No sé quién es ese empresario de Monterrey —reiteró Euán Dzul—. El que trató con él y creo que lo conoce es nuestro asesor (Pérez Escalante) y el anterior comisario ejidal Miguel Pech, porque ellos hicieron todo. Nosotros únicamente estamos gestionando el último pago.
—Nos tocó la parte mala porque no nos pagan, hablan mal de nosotros nuestros compañeros y hay problemas para que titulen las tierras —indicó.
También opinó sobre la detención de Pérez Escalante y dijo que fue por un problema personal y no tuvo nada que ver con su trabajo de asesor del ejido.
Los protagonistas
Hugo Laviada Molina
Senador
Sustituto de Beatriz Zavala Peniche en el Senado de la República, ha llevado la voz cantante en las denuncias sobre presuntas irregularidades en la compraventa de tierras en Ucú. Además de las acusaciones públicas, ha interpuesto una denuncia por la vía penal, que, según sus propias palabras, no “camina” por una serie de intereses.
Patricia Gamboa Wong
Diputada local
Fue prácticamente quien destapó el caso con las primeras diligencias, ante autoridades locales y federales, para tratar de llegar a la verdad sobre la operación con tierras ejidales en Ucú. Incluso, dirigió un oficio a la Presidencia de la República en el que dejó entrever presunta complacencia de la delegación del RAN en el caso.
Luis Fernando Pérez E.
Intermediario y asesor
Fue siempre la persona que dio la cara ante los ejidatarios de Ucú, incluso como su asesor. Fungió como intermediario en la compra de terrenos del ejido y hace unas semanas fue detenido por la Policía Judicial por fraude, pero por un asunto ajeno a Ucú: por la venta de una casa en Mérida. Los ejidatarios de Ucú lo reconocen como el intermediario.
Felipe Enríquez H
Delegado especial del PRI
Compadre de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, el diputado federal Felipe Enríquez Hernández es señalado por el PAN como el verdadero autor de una compra paralela de tierras en el ejido de Ucú, presuntamente con fines de especulación para destinar recursos a campañas del PRI. Tiene experiencia en el ramo inmobiliario, adquirida en Monterrey.
Angélica Araujo Lara
Ex directora del IVEY
Alcaldesa electa de Mérida, Angélica Araujo Lara fue la promotora, como directora de la Cousey —ahora Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY)— del Plan Maestro de Ucú. No tuvo más injerencia en la ejecución del programa de desarrollo urbano, aunque el PAN considera que sí es copartícipe de los delitos que se denuncian.
Un plan que concibió hace dos años el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco para aumentar la reserva territorial de Mérida se ha convertido en un problema político que pone en riesgo $343 millones del erario.
El conflicto de tierras ejidales de Ucú es en la actualidad una de las banderas políticas del Partido Acción Nacional, cuyos principales denunciantes, el senador Hugo Laviada Molina y la diputada local Patricia Gamboa Wong, han señalado un presunto modelo de financiamiento de campañas del PRI por medio de la compra de tierras ejidales, su regularización y la venta, a precios preferentes, a desarrolladores inmobiliarios que aportan dinero a las campañas priistas.
Los legisladores panistas identifican como el principal operador de ese modelo nacional de financiamiento al diputado federal neoleonés Felipe Enríquez Hernández, delegado especial del PRI en Yucatán y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
Enríquez Hernández, según señalamientos del senador Hugo Laviada, compró 581 hectáreas por su cuenta en una zona privilegiada de Ucú. Su terreno, que presuntamente aún no termina de pagar al ejido, queda en medio de los desarrollos inmobiliarios de Ciudad Caucel y Ucú y forzosamente sería beneficiado con la infraestructura urbana, lo que garantiza una mayor plusvalía.
El Plan Maestro de Ucú fue diseñado y presentado por Angélica Araujo Lara, entonces directora de la Cousey, que luego se convirtió en el Instituto de Vivienda de Yucatán.
La ejecución legal de convenios y contratos estuvo a cargo de la Consejería Jurídica.
Aunque la arquitecta Araujo Lara sólo fue la diseñadora del proyecto, el doctor Laviada Molina sostiene que también incurrió en delitos y por eso figura en la denuncia penal que interpuso por este caso.
Para concretar el Plan Maestro Ucú, la gobernadora solicitó y obtuvo del Congreso del Estado un préstamo de $360 millones, dinero que proporcionó Banorte. Con esos recursos se hicieron los primeros pagos a los ejidatarios por la venta de 3,012 hectáreas de tierras ejidales, que son de vocación forestal y por eso las autoridades agrarias se niegan a aprobar la titulación.
—El gobierno y Enríquez Hernández “compran“ las tierras por medio del operador Luis Pérez Escalante —dijo Laviada Molina—. El hace los tratos con los ejidatarios y paga los anticipos, que fueron ilegales porque no había título de propiedad de por medio.
—Desde el momento en que el gobierno dio dinero sin tener la garantía de la propiedad incurrió en peculado y desviación de recursos públicos. Esos delitos ya están consumados porque el propio Ejecutivo admite en su cuenta pública que ya pagó $343 millones. Eso es una confesión clara y por ello hubo una denuncia penal en la Procuraduría de Justicia del Estado.
Pérez Escalante fue detenido hace unos días, por fraude en la venta de una casa en Mérida. Ya obtuvo su libertad bajo fianza.
En un intento de restar fuerza a las acusaciones en el caso Ucú, el consejero jurídico Sergio Cuevas González declaró que las compras fueron legales porque hay contratos de compraventa y se trató de una “compra perfecta”, aunque este término jurídico sólo se aplica en casos civiles, no agrarios.
La gobernadora Ivonne Ortega envió una carta al Senado para acusar a Laviada Molina “por sus denuncias sin sustento”.
El nombre de Felipe Enríquez como comprador de Ucú surgió en un momento de desesperación del operador Pérez Escalante, quien en un intento por obtener los títulos de las tierras reveló en las dependencias agrarias que había gente “muy importante de Monterrey” en las operaciones y mencionó al operador político de Nuevo León y compadre de la gobernadora.
—Sabemos que este político neoleonés se ha especializado en regularizar tierras ejidales —dijo Hugo Laviada—. Se asocia con empresarios inmobiliarios para que aporten dinero a las campañas del PRI y en complicidad con los gobiernos estatales vende las tierras a precios muy bajos a sus socios políticos.
—Hay una clara vinculación entre Enríquez y el gobierno de Yucatán —indicó—, porque el operador Pérez Escalante condicionó que el político pagaría totalmente las tierras cuando salieran los títulos del Ejecutivo.
—Esa perversa sociedad la está usando Enríquez Hernández en casi todo el territorio nacional para financiar al PRI —reiteró el legislador—. Aquí en Yucatán se les está cayendo el negocio porque descuidaron el proceso y se olvidaron de las leyes forestales.
—El estatus de la tierra es ejidal —destacó el senador panista—. Se apercibió a los ejidatarios que debían hacer un dictamen forestal antes de “vender”, pero lo desoyeron y automáticamente alcanzó el rango de bosque forestal.
Para el PAN los responsables de los delitos de peculado, fraude y desvío de recursos públicos en el caso de Ucú son la gobernadora, Angélica Araujo, Sergio Cuevas, Pérez Escalante y varios funcionarios del IVEY.
Ucú
- Bandera política El caso de Ucú se ha convertido en una de las banderas políticas del PAN en el Estado.Vocación forestal Los grupos parlamentarios del PAN ya “cabildearon” en las dependencias agrarias que tienen la responsabilidad de expedir los títulos de propiedad de Ucú y hay la coincidencia de que las tierras son de vocación forestal y no procede la parcelarización, que serviría para transferir las tierras al Ejecutivo.
Auténticos dueños Con este acuerdo interinstitucional extraoficial los ejidatarios de Ucú son y seguirán siendo los auténticos dueños de las 3,012 hectáreas y no tendrán que devolver los $980,000 que recibieron de anticipo del gobierno del Estado, según el senador Hugo Laviada Molina.
Enajenación Si el gobierno del Estado decidiera recuperar el dinero tendría que denunciar a los campesinos e iniciar un juicio civil para enajenar sus propiedades, lo cual originaría un grave conflicto social.
